Mi Isla

‘Ocupas’ en la Habana.

Yaremis Flores.

En el capitalino reparto de Alamar, proliferan los casos de ocupantes ilegales de inmuebles deshabitados. El Gobierno y la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), entidades encargadas de solucionar el problema, son meramente blanco del sinnúmero de quejas y peticiones de la población.

No estás en la lista de casos priorizados, hay gente en peor situación, y no han cometido una infracción como tú” dijo Rita, presidenta del Gobierno de Alamar, a Iris, el pasado jueves 9 de febrero, en entrevista, junto a Subdirector Jurídico de la DMV.

Iris Ruíz, esposa del coordinador de OMNI-ZONAFRANCA y sus 6 hijos menores, ocuparon hace 4 meses el apartamento 1 del Edificio E-83, zona 9 Alamar, donde residen actualmente sin agua ni electricidad. Su familia fue declarada ocupante ilegal mediante Resolución 1608/2011, en la cual consta que “en el 2004 la vivienda fue confiscada, luego de la salir definitivamente su propietaria, destino Estados Unidos”.

Es incierto que la casa fuera confiscada-afirmó Iris- el Director de la DMV me dijo que el apartamento no consta en el fondo habitacional. Luego del 2004 disfrutaron la vivienda dos personas. Una de ellas, aún consta en los registros de Betty, presidenta del CDR, aunque hace más de 5 años abandonaron el país”.

Este apartamento lo dejaron destruir, mientras otras personas lo necesitaban” agregó Iris. Vecinos aseguran que una inspectora de la DMV, visitó el lugar en varias ocasiones, junto a presuntos compradores ilegales del inmueble.

Rosaura, vecina de este edificio, tiene un hijo operado del corazón y vive junto a 10 personas; Estela, vecina del edificio E-79, tiene una hija parapléjica y necesita vivir en planta baja; son dos de los casos que solicitaron el apartamento desocupado. La respuesta del Gobierno fue negativa, porque “el apartamento ya tiene dueño”.

¿Quiénes son los priorizados?- se pregunta Iris.

Según la presidenta del Gobierno de Alamar, a nivel municipal ninguna institución tiene potestad para asignar viviendas, función atribuida desde el 2006 al Gobierno Provincial. “En mis manos sólo está sacarte del apartamento, pues nuestra misión es combatir las ilegalidades” advirtió Rita a Iris, luego de mostrarle la extensa lista de ocupantes ilegales, en espera de la extracción del inmueble, por parte de las autoridades.

Yaneisy, conocida por ‘la Jimagua’, ya vivió la experiencia de la extracción. Ella tiene un expediente de caso social en la DMV de Alamar desde hace 16 años. Hace un tiempo, ocupó ilegalmente un apartamento. “Me sacaron junto a mis 2 hijos menores y pusieron todas mis pertenencias en la calle. Me indicaron que debía regresar a mi lugar de origen: un apartamento de 2 cuartos, donde convivía junto a 12 personas”, afirmó.

El déficit habitacional es una triste realidad que afecta cada vez un número mayor de cubanos; quienes salpicados por la escasez habitual, no pueden hacer frente al pago mensual de un alquiler, y mucho menos, la compra de una casa, cuyos precios no invitan al optimismo.

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Reglamento de Prisiones: letra muerta

Yaremis Flores.

Raúl Rodríguez Soto extingue sanción en la Prisión de Guanajay. Aunque, según familiares, las pruebas fueron insuficientes para confirmar su culpabilidad, Raúl ya cumplió siete, de la sanción de treinta años, que le fuera impuesta por el delito de Tráfico ilegal de personas.

El jefe de la Prisión, nombrado Joaquín Darias, obliga al interno a usar el uniforme. Aún y cuando el recluso padece de dermatitis por contacto, a causa del tinte en la ropa. Producto de esta arbitrariedad presenta llagas infectadas, situación agudizada por su condición de insulino-dependiente sin tratamiento.

La doctora de la prisión indicó que el interno solo puede usar ropa blanca de algodón. Pero, “El jefe es quien manda” afirmó. Cuando el interno se niega a llevar el uniforme lo privan de disfrutar de la visita, su único aliciente en cautiverio.

Rodríguez Soto, 44 años, quien solía residir en Estados Unidos, tiene dos hernias discales con afección a la micción urinaria. Debido a la diabetes se le están cayendo los dientes y el glaucoma avanza de manera fulminante. Sus enfermedades, avaladas por los propios médicos del establecimiento penitenciario, no reciben el tratamiento médico apropiado. Además es esquizofrénico paranoide con trastornos bipolares desde la infancia, sin atención psiquiátrica.

Ya en cumplimiento de su condena, en una ocasión intentó ahorcarse y en otra se envolvió en una colchoneta incendiada” comentó su esposa.

Raúl Rodríguez Soto no clasificó en los parámetros de Castro para ser indultado. Mientras, tiene que soportar los desmanes comandados por el jefe de la prisión. La Fiscalía Militar está al tanto de lo sucedido, pero aún no se pronuncia.

Según el Reglamento de Prisiones el recluso tiene derecho a recibir una adecuada atención médica; y el deber de llevar el uniforme reglamentario siempre que no afecte su salud y dignidad. Sin embargo, pareciera letra muerta este reglamento casi de carácter secreto. Incluso para los propios oficiales que lo incumplen.

 

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