¿Nuevas reformas en la política migratoria?

 

Las nuevas modificaciones legislativas a la  normativa migratoria en Cuba, aunque representan un paso de avance, aún mantienen un carácter político, restrictivo y violatorio del derecho de circulación.

Las modificaciones a las regulaciones migratorias, mejoraron la redacción semántica de las disposiciones legales, eliminaron la referencia al permiso al permiso de entrada y/o salida y la carta de invitación, que tácitamente declaraba a los cubanos incapaces desde el punto de vista económico.

Esta presunción se mantiene en la práctica. Los requisitos exigidos por la mayoría de las embajadas radicadas en la isla y el valor de los impuestos por trámites migratorios, que se pagan en moneda libremente convertible, hacen que la posibilidad de viajar fuera de la isla sea un sueño inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

No obstante, puso en vigor algunas políticas nuevas y creó nuevas categorías migratorias. Por ejemplo, los residentes de inmobiliarias, que ofrece garantías a extranjeros y sus familiares,  propietarios o arrendatarios de viviendas en complejos inmobiliarios dentro de la Isla.

Sin duda el Estado se enfoca en sectores con potencialidad económica: extranjeros y emigrados. A estos últimos les da la oportunidad de recuperar la residencia en la isla, y con ella el derecho a participar en las elecciones, ejercer el trabajo por cuenta propia, a comprar autos y una vivienda, etc.

Sin embargo, la posibilidad de que el Ministerio del Interior reconozca este derecho a cubanos residentes en el exterior, sin estar viviendo físicamente en el país, deja bien claro que seleccionará que emigrados pueden o no recuperar sus derechos.

Conozca más detalles en: Cambios en la política migratoria del gobierno cubano, ¿Nuevas reformas?

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¿Será la queja suficiente para defender nuestros derechos?

Según instrumentos jurídicos internacionales , “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”

En la Constitución de la República de Cuba no se reconoce a ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos[1].  El gobierno cubano considera, que una institución de esa naturaleza, no constituye una necesidad identificada por el pueblo cubano, en función de su voluntad de continuar construyendo una sociedad que garantice toda la justicia[2].

Según el gobierno cubano, el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas, relativas al disfrute de cualquier derecho humano.

El sistema prevé la recepción de quejas, la obligatoriedad de respuestas pero no la restitución en caso de comprobarse, y su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para caso urgentes o de daños irreparables.

En la práctica ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Sin embargo, para el Gobierno cubano “este sistema ha demostrado en la práctica efectividad y capacidad de respuesta a los intereses, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos”.

Conozca que órganos del estado intervienen es este sistema y las obligaciones que tienen en: ¿“Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”, en el sistema legal cubano?

[1] Folleto Informativo No. 19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”

[2] Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal- Cuba, Consejo de Derechos Humanos, 2009

¿Qué puede hacer un abogado independiente en Cuba?

En Cuba, los profesionales no pueden ejercer el trabajo por cuenta propia en la especialidad que se graduaron. Tampoco está reconocida como una actividad cuentapropista, el asesoramiento y consulta legal, únicas acciones que puede realizar un letrado de forma independiente. Los pocos que toman esa decisión, tienen que hacerlo de forma gratuita.

También es difícil que se asocien de forma autónoma. Los trámites exigidos para legalizar una ONG, aseguran al Estado un control absoluto sobre esta.

A estas limitaciones también se suma la dependencia económica. El abogado que no trabaje con el estado tampoco gana. Para sobrevivir, en un sistema donde la crisis económica es permanente, cobran honorarios extra, aun cuando el reglamento del ejercicio de la abogacía, entre otras causales, considera falta grave cobrar honorarios no establecidos o superiores a los aprobados oficialmente, sean en efectivo o en especie[i]. En esas condiciones se impone, en el ejercicio de la abogacía en Cuba, la doble moral y con ella la sumisión total al sistema.

Conozca más sobre el ejercicio de la abogacía en Cuba

[i]Artículo 59.3 inciso c, Resolución No. 142/84 “Reglamento sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional De Bufetes Colectivos”