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Autoridades aduaneras contra la disidencia

La Aduana General de la República (AGR) amparada en la Resolución No. 5, vigente desde de 1996 y dictada por el General de Brigada, Pedro Ramón Pupo Pérez, decomisó envíos procedentes desde el extranjero a varios disidentes.

La disposición gubernamental prohíbe la importación mediante envíos, de “cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres o que vayan contra los
intereses generales de la Nación”.

La norma fue aplicada recientemente a la corresponsal Aini Martin Valero. Le decomisaron bolígrafos y lápices, globos, pasta de diente, curitas, almohadillas sanitarias y otros artículos útiles, según reportó Cubanet, sitio de la prensa independiente cubana.

Yusnaimy Jorge Soca, esposa del prisionero de conciencia, doctor Darcy Ferrer Domínguez, también fue afectada por la Resolución 5/96. Le incautaron una cámara digital, un MP3 – 4, vendajes, gasa, tabletas para purificar agua, efectos de escritorio – para su niño una caja de crayolas y 5 globos – y otros objetos de utilidad, según reportó la prensa independiente.

A la autora del blog “generación Y”, Yoanis Sánchez, también le fueron decomisados dos paquetes postales, enviados desde el exterior. El primero contenía la versión en español de su libro “Cuba libre”, el segundo, el catálogo de una exposición organizada por la artista Tania Bruguera.

La AGR en su sitio web , publica el listado de productos cuya importación sin carácter comercial se prohíbe. Entre otros, menciona como artículos prohibidos, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o alucinógenas, explosivos, hemoderivados, literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos
o que atenten contra los intereses generales de la nación.

La resolución 5/96 dispone que los productos de esa naturaleza que se intenten importar o exportar, serán decomisados por la autoridad aduanera y entregados a al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

El la incautación de productos importados se impone por resolución, que puede ser recurrida por el afectado, dentro de los 30 días siguientes, de comunicada la medida. El escrito de apelación se presenta ante la autoridad que dispuso el decomiso, quien lo eleva a su superior. La decisión de este último, no puede ser nuevamente recurrida en la vía administrativa; pero si en la judicial.

Según sus fundamentos de hecho y de derecho, la resolución 5/96 permite la aplicación, dentro del territorio nacional, del Convenio internacional y el Acuerdo para la Represión de la Circulación y del Tráfico de Publicaciones Obscenas de 1923 y de 1910 respectivamente. Ambos instrumentos enmendado por los protocolo de 1947 y de 1949, vigentes para Cuba desde 1983.

La Resolución 5/96 incluye los intereses generales de la nación; pero no específica cuáles protege. La generalidad en este caso, permite a las autoridades gubernamentales, interpretar y aplicar las disposiciones legales arbitrariamente de acurdo a sus intereses políticos. Un ejemplo de cómo se utilizan las normas jurídicas del sistema, como un medio para reprimir y asfixiar a los disidentes.

Lic. Laritza Diversent

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Responsable por actos ajenos (II)


Justicia cansada

La tarea más difícil para una mente racional, es entender el sistema implantado por los comunistas cubanos. Sus términos políticos son difusos, y los jurídicos abstractos y generales. Luego, interpretan las normas jurídicas como les venga en gana. No importa que, en su aplicación, se violen los derechos más elementales de sus gobernados.

Zoraida Magallanes, la anciana de 75 años, fue colocada en un albergue, porque el Ministro de Finanzas y Precios, le aplicó el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de 1994. Su hijo, con quien convive, fue sancionado administrativamente por enriquecimiento indebido.

La norma confisca los bienes de los terceros beneficiados del incremento patrimonial. Ella entra en este último supuesto. Su inmueble, construido en 1926, fue reparado por su descendiente.

Si el hijo de Zoraida hubiese sido procesado penalmente, su progenitora jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad penal es individual. Para desgracia de ambos, el fiscal que atendió el caso, decidió aplicar un procedimiento administrativo antes de ejercer la acción ante un tribunal, por la comisión de delitos.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en un proceso penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

Por otra parte, el Decreto-Ley 149, impide que los ciudadanos acudan a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le sea lesivo. La resolución del Ministro de Finanzas y Precios que disponga la confiscación, no puede ser recurrida en la vía judicial por los afectados, según el artículo 9 del mismo.

En otras palabras el procedimiento administrativo de confiscación de bienes e ingresos constituye un obstáculo para demandar la tutela judicial efectiva, a la que tienen derecho todas las personas. ¿Esta es la forma en que protegen los intereses vitales de la sociedad cubana?

Estas son algunas de las consecuencias de que el fiscal aplique el Decreto-Ley 149, antes que el Código Penal y su Ley de Procedimiento. No obstante, estas últimas disposiciones, tienen jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico cubano. Al ser emitidas por el Asamblea Nacional. Estas deben ser aplicadas preferentemente a las disposiciones de otros órganos estatales.

¿Dónde se quedo la misión de la Fiscalía de controlar y preservar la legalidad socialista? Este órgano estatal tiene la función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales. A su cargo, tiene además, la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado a la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero las instrucciones, de los que dirigen este país, antes de lo que le ordena la ley.

La vigencia de este decreto ley en nuestro ordenamiento jurídico lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola todas las garantías que ofrecen las leyes penales a los encausados.

Laritza Diversent

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Responsable por actos ajenos (I)


Foto: Orlando Luis Pardo

Zoraida es una anciana retirada de 75 años. Le confiscaron su casa porque al menor de sus tres hijos, que convivía con ella, el Ministro de Finanzas y Precios le aplicó, por medio de un procedimiento administrativo, la sanción de confiscación de bienes.    

Eric, el hijo de Zoraida, tiene 35 años y trabajaba como nevero en el frigorífico ubicado en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo. Su creciente nivel de vida llamó la atención de los dirigentes de los Comité de Defensa de la Revolución comprometidos en la lucha contra las ilegalidades.

Las sospechas de los mencionados personajes, fueron comunicadas a uno de los fiscales que atiende los casos de enriquecimiento indebido por mandato gubernamental. Al momento, se inició una pesquisa que terminó con la formación de un expediente de confiscación y la correspondiente resolución ministerial imponiendo sanción.

El poder adquisitivo de Eric permitió que la casa de su madre, construida en 1926, fuera reparada y remodelada. Hecho que incluía a Zoraida en el supuesto de los terceros beneficiados con el enriquecimiento indebido, que dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de mayo de 1994. Motivo por el cual le fue confiscada su casa y puesta a vivir en un albergue.

El primer Por Cuanto del Decreto-Ley 149, presupone que el aumento patrimonial sin causa legítima es…resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal…, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento que lesionan los intereses más vitales de nuestra sociedad.

Si el incremento de bienes e ingresos es fruto de la comisión de delitos, entonces ¿Por qué el fiscal no ejercito la acción penal ante un tribunal? En un proceso penal la responsabilidad es individual. Una persona jamás responde por delitos que cometa otra. Si el fiscal hubiese iniciado un procedimiento ante un tribunal, Zoraida jamás hubiese sufrido las consecuencias de los actos de su hijo.

 

Laritza Diversent

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El reino de la arbitrariedad

La confusión de expresiones jurídicas, por parte de la dirigencia histórica comunista que gobierna la isla desde hace más de 50 años, va más allá del plano político. Trasciende a la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución de la República, establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”. La interpretación y aplicación del precepto es sumamente amplia. Consecuencia: reina la arbitrariedad.

Explico: la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o derogar las leyes. Sin embargo, el Decreto ley 149 de 1994 dispone la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido. Una disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado.

Por su parte el Código Penal, ley penal de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional, regula la confiscación como una sanción específica y accesoria de un delito. En consecuencia sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones (artículo 2-b de la Ley No. 82/97, Ley de los Tribunales Populares)

El requerimiento es reafirmado por La Ley de Procedimiento Penal. En su artículo 1 establece que no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente.

Estos artículos, supuestamente deben garantizar, que nadie pueda ser sancionado ni tampoco ser objeto de una resolución, si no es por parte de los órganos jurisdiccionales. Garantía reconocida por el artículo 59 de la Constitución de la República.

Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Sin embargo, el Decreto-Ley 149 va contra todo eso. Dispone que se aplique por una autoridad administrativa. Su artículo 2, faculta al Ministro de Finanzas y Precios, para dictar resolución imponiendo la sanción de confiscación.

La norma emitida por el Consejo de Estado se aplica como medida ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, de la especulación el desvió de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Conductas calificadas, en los fundamentos de hecho y de derecho del decreto ley, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. Si la confiscación de bienes es una sanción derivada de la comisión de un delito, entonces ¿Por qué se sustancia por un procedimiento administrativo?

Laritza Diversent

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Retórica mal intencionada

La confusión de expresiones políticas y jurídicas se repite en la historia. Por ejemplo, la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al dictaminar sobre el proyecto de Ley de Reforma Constitucional del 2002, alegó que el pueblo se había dirigido, en indiscutible proceso plebiscitario popular, a la Asamblea Nacional. La utilización del término nada tiene que ver con lo que se entiende por plebiscito, en las ciencias políticas.

En realidad no hubo un proceso electoral, sino una recogida de firmas por los Comités de Defensa de la Revolución. Esas rúbricas, “consciente y voluntaria de 8 198 237 electores”, como afirma el dictamen, no fueron para ratificar la reforma, sino para solicitarla. En realidad, ese proceso de solicitud, fue innecesario desde el punto de vista legal.

La Constitución de la República, antes de reformarse en el 2002, exigía referendo cuando la transformación fuera total o se refiera a la integración y facultades de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado; o a derechos o deberes reconocidos en la constitución.

Los comunistas utilizan sus leyes cuando les da la gana. Por ejemplo, no realizaron consulta popular, cuando por decisión política, se prohibió a los cubanos hospedarse en los hoteles. Derecho consagrado en la Constitución y que la dirigencia histórica decidió restringir, sin ningún respaldo legal.

La reforma del 2002 no trasformo nada. Al contrario intentó perpetuar el sistema, al declarar al socialismo “irrevocable”. Repito: legalmente no hacía falta un ‘proceso plebiscitario’ para solicitar una reformar a la Constitución. Pero de realizarlo, lo lógico era que se hiciera un referendo después de propuesta la reforma, para confirmarla. Mucho más cuando esta impone, un sistema político decrepito e ineficiente, a las nuevas generaciones.

La retórica comunista de los dirigentes cubanos, tiende a confundir a las mentes sanas y racionales. Sus embrollos ideológicos, políticos y jurídicos no son productos del azar, por el contrario, son mal intencionados. Insisto, debemos conocerlos para saber hacia dónde van sus maniobras de perpetuación en el poder.

Laritza Diversent

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Descifrar a los comunistas

El vocabulario de los comunistas cubanos es difuso. El actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, en el mismos discurso dijo: “en 50 años de Revolución, en materia de consulta con el pueblo, tenemos suficiente experiencia”. Quien lo escuche entendería que la dirigencia histórica tiene el hábito de preguntar al pueblo, sobre las decisiones que toman.

En términos políticos, las consultas populares se desarrollan por medio de referendos. Un proceso electoral, en el que el pueblo decide con su voto acerca de una ley, una acción del gobierno u otro asunto de interés común. En Cuba es diferente. Para los dirigentes cubanos, orientar el estudio de un discurso, como el Raúl castro el 26 de julio del 2007 en Camagüey, es sinónimo de consulta popular.

Por tanto cuando los escuchen decir, que consultaron al pueblo, entienda que 5 100 000 personas, menos de la mitad de los habitantes del país, asistieron a reuniones en sus centros de trabajo y Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Que solo 3 255 000 pidieron la palabra para opinar, y que de estos 1 301 203 hicieron planteamientos concretos, y críticos solo fue el 48 % de los mismos.

Las cifras las dio el mismo Raúl Castro, como para demostrar, que a la hora decidir las políticas tenía en cuenta la opinión de la población. En aquel entonces los datos que dio, según él, fueron la más reciente consulta que se realizo a nivel nacional.

Se le olvido mencionar la que realizaron a finales del 2008 con motivo de la adopción de la nueva ley de seguridad social. La ANPP encargo a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) someter a consulta popular el aumento en 5 años de los requisitos de edad y tiempo de servicios, para obtener el derecho a la pensión por vejez para ambos sexos de los trabajadores cubanos.

En este caso, sucedió lo mismo, 3 085 798 trabajadores, un 93, 8 % del total, en representación de más de 11 millones de habitantes, participaron de la consulta. Se produjeron más de 900 000 intervenciones, en las 85 301 asambleas que se celebraron al efecto.

Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, alegó ante el parlamento que se puso de manifiesto, la falta de conocimientos y dominio sobre las regulaciones de la seguridad social y los principios que la sustentan. En esas condiciones, no es de extrañar, que sólo un 0,9% de los trabajadores “consultados”, no aprobaran la propuesta.

Por eso enfatizo en la necesidad de aprender a interpretar la retórica de la dirigencia comunista. Conocer el significado y extensión de los términos que utilizan para justificar, o aparentar una cierta legalidad, en sus maniobras. Estos es lo que nos ayudaría a predecir y prevenir, con argumentos sólidos, las reales intenciones de sus políticas.

Laritza Diversent

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Fórmula de confirmación

Entender el socialismo cubano es como resolver un problema aritmético sin utilizar la lógica. Principalmente porque sus conceptos y definiciones, no coinciden con los que tradicionalmente se emplean en las ciencias políticas. La dirigencia histórica tiene su propio diccionario.

Por ejemplo, en agosto de 2009, Raúl Castro, en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), dijo: “A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”.

En cualquier parte del mundo que se escuche la frase, de boca de un jefe de Estado y de Gobierno, entenderían que fue elegido por su pueblo, en elecciones populares. En Cuba esto no es así. Nos distinguimos por ser la excepción en la regla.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros es elegido por la ANPP. Por tanto, cuando el menor de los Castro, se refiera a los que eligieron, piensen solo en 609 personas. Número de diputados que ejercieron el derecho al voto, en representación de más de 11 millones de cubanos.

¿El General de Ejército tuvo oposición en las elecciones, había varios candidatos propuestos para la jefatura del estado y del gobierno? No, el único postulado fue él. En Cuba hay un solo partido político y aunque ‘el PCC no participa en el proceso electoral’, su líder, es quien por lógica se propone para el cargo. Raúl Castro es el Segundo Secretario del Comité Central del Partido. El primero es su convaleciente hermano, casi desaparecido de la escena política.

La candidatura a Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, así como todos los demás cargos y puestos del Consejo de Estado, son de lista cerrada y bloqueada. Se proponen y nominan tantos candidatos como puestos a ocupar tenga el órgano.

Sumémosle además que también se emplea la formulita del voto unido para garantizar el 50% más uno, de los votos necesarios para ocupar el puesto. Este tipo de boleta electoral, impide al elector, el voto selectivo y preferencial. Por tanto cuando Raúl Castro hable de elección, entiendan confirmación.

Laritza Diversent

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