¿Manipulación anticubana?


Guillermo no puede vivir en la casa de su madre, porque no tiene la dirección de la misma. La Oficina del Registro de Direcciones de su municipio, no le da autorización para domiciliarse en el lugar. El inmueble no tiene el espacio, que por ley, se exige por conviviente.

El Decreto-Ley 217 de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”, le impide moverse por Ciudad Habana con libertad. En tres ocasiones, en contra de su voluntad y bajo la amenaza de una multa e incluso de prisión, las autoridades policiales de la capital, lo montaron en un tren con destino hacia Santiago de Cuba, su provincia natal.

Por su parte, las autoridades de inmigración, a Paulo, le negaron el permiso de salida del país. A José, un cubano residente en Estados Unidos, que hace cinco años salió ilegal del país, le negaron el permiso de entrada. A Manuel, otro cubano que reside en España de vista en la isla, lo deportaron por querer regresar y recobrar su residencia.

La Ley Núm. 989 de 5 de diciembre de 1961 y la ley 171 de 1976, de Migración y Extranjería, autorizan al Ministerio del Interior a regular los permisos de entrada y salida de los ciudadanos al país. Las autoridades de inmigración y extranjería están subordinadas a este ministerio.

Periódicamente Cuba informa al Consejo de Derechos Humanos, la situación de los mismos dentro de la isla. Alega que su sistema jurídico los garantiza y mencionan las normas que desarrollan y complementas la formulación constitucional de los mismos. Sin embargo, omite las disposiciones, emanadas por los órganos estatales, que se contraponen a los dictados de la Constitución de la República y violan los derechos en ella reconocida.

No importa que Cuba, legalmente violente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

El Consejo de Derechos Humanos alaba “los significativos resultados alcanzados por el pueblo y el gobierno cubanos en la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”. Un órgano, que según Cuba, debe sustentarse en los principios de universalidad, objetividad, imparcialidad y no selectividad.

Si a este órgano de las Naciones Unidas, le es intrascendente la situación de los derechos humanos en Cuba ¿A quién le interesa entonces, lo que sufra Guillermo, Paulo, José, Juan y los millones de cubanos, que se les restringe sus libertades? ¿De qué hablamos, del derecho de un grupo de dirigentes que para mantenerse en el poder, restringen y violentan las libertades de sus gobernados, o del derechos de millones de persona, que anualmente huyen del sistema por cualquier medio? Incluso, arriesgan y pierden su vida en altamar.

Es una vergüenza, una total hipocresía y doble moral, que la mayoría de los Estados y Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en el Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, reconozcan al gobierno de Cuba como defensor de las libertades de los hombres.

Vuelvo a preguntar: ¿A quién le importa que una ley 88 legalice la represión y prohíba la libertad de prensa? ¿Ignorar estos hechos, es respetar la dignidad humana? ¿Esa es “La verdad no…silenciada”, de la que se vanagloria el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba? Al contrario, eso sí es “manipulación anticubana del tema de los derechos humanos en Ginebra”.

Laritza Diversent

Autoridades aduaneras contra la disidencia

La Aduana General de la República (AGR) amparada en la Resolución No. 5, vigente desde de 1996 y dictada por el General de Brigada, Pedro Ramón Pupo Pérez, decomisó envíos procedentes desde el extranjero a varios disidentes.

La disposición gubernamental prohíbe la importación mediante envíos, de “cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres o que vayan contra los
intereses generales de la Nación”.

La norma fue aplicada recientemente a la corresponsal Aini Martin Valero. Le decomisaron bolígrafos y lápices, globos, pasta de diente, curitas, almohadillas sanitarias y otros artículos útiles, según reportó Cubanet, sitio de la prensa independiente cubana.

Yusnaimy Jorge Soca, esposa del prisionero de conciencia, doctor Darcy Ferrer Domínguez, también fue afectada por la Resolución 5/96. Le incautaron una cámara digital, un MP3 – 4, vendajes, gasa, tabletas para purificar agua, efectos de escritorio – para su niño una caja de crayolas y 5 globos – y otros objetos de utilidad, según reportó la prensa independiente.

A la autora del blog “generación Y”, Yoanis Sánchez, también le fueron decomisados dos paquetes postales, enviados desde el exterior. El primero contenía la versión en español de su libro “Cuba libre”, el segundo, el catálogo de una exposición organizada por la artista Tania Bruguera.

La AGR en su sitio web , publica el listado de productos cuya importación sin carácter comercial se prohíbe. Entre otros, menciona como artículos prohibidos, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o alucinógenas, explosivos, hemoderivados, literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos
o que atenten contra los intereses generales de la nación.

La resolución 5/96 dispone que los productos de esa naturaleza que se intenten importar o exportar, serán decomisados por la autoridad aduanera y entregados a al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

El la incautación de productos importados se impone por resolución, que puede ser recurrida por el afectado, dentro de los 30 días siguientes, de comunicada la medida. El escrito de apelación se presenta ante la autoridad que dispuso el decomiso, quien lo eleva a su superior. La decisión de este último, no puede ser nuevamente recurrida en la vía administrativa; pero si en la judicial.

Según sus fundamentos de hecho y de derecho, la resolución 5/96 permite la aplicación, dentro del territorio nacional, del Convenio internacional y el Acuerdo para la Represión de la Circulación y del Tráfico de Publicaciones Obscenas de 1923 y de 1910 respectivamente. Ambos instrumentos enmendado por los protocolo de 1947 y de 1949, vigentes para Cuba desde 1983.

La Resolución 5/96 incluye los intereses generales de la nación; pero no específica cuáles protege. La generalidad en este caso, permite a las autoridades gubernamentales, interpretar y aplicar las disposiciones legales arbitrariamente de acurdo a sus intereses políticos. Un ejemplo de cómo se utilizan las normas jurídicas del sistema, como un medio para reprimir y asfixiar a los disidentes.

Lic. Laritza Diversent

Responsable por actos ajenos (II)


Justicia cansada

La tarea más difícil para una mente racional, es entender el sistema implantado por los comunistas cubanos. Sus términos políticos son difusos, y los jurídicos abstractos y generales. Luego, interpretan las normas jurídicas como les venga en gana. No importa que, en su aplicación, se violen los derechos más elementales de sus gobernados.

Zoraida Magallanes, la anciana de 75 años, fue colocada en un albergue, porque el Ministro de Finanzas y Precios, le aplicó el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de 1994. Su hijo, con quien convive, fue sancionado administrativamente por enriquecimiento indebido.

La norma confisca los bienes de los terceros beneficiados del incremento patrimonial. Ella entra en este último supuesto. Su inmueble, construido en 1926, fue reparado por su descendiente.

Si el hijo de Zoraida hubiese sido procesado penalmente, su progenitora jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad penal es individual. Para desgracia de ambos, el fiscal que atendió el caso, decidió aplicar un procedimiento administrativo antes de ejercer la acción ante un tribunal, por la comisión de delitos.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en un proceso penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

Por otra parte, el Decreto-Ley 149, impide que los ciudadanos acudan a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le sea lesivo. La resolución del Ministro de Finanzas y Precios que disponga la confiscación, no puede ser recurrida en la vía judicial por los afectados, según el artículo 9 del mismo.

En otras palabras el procedimiento administrativo de confiscación de bienes e ingresos constituye un obstáculo para demandar la tutela judicial efectiva, a la que tienen derecho todas las personas. ¿Esta es la forma en que protegen los intereses vitales de la sociedad cubana?

Estas son algunas de las consecuencias de que el fiscal aplique el Decreto-Ley 149, antes que el Código Penal y su Ley de Procedimiento. No obstante, estas últimas disposiciones, tienen jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico cubano. Al ser emitidas por el Asamblea Nacional. Estas deben ser aplicadas preferentemente a las disposiciones de otros órganos estatales.

¿Dónde se quedo la misión de la Fiscalía de controlar y preservar la legalidad socialista? Este órgano estatal tiene la función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales. A su cargo, tiene además, la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado a la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero las instrucciones, de los que dirigen este país, antes de lo que le ordena la ley.

La vigencia de este decreto ley en nuestro ordenamiento jurídico lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola todas las garantías que ofrecen las leyes penales a los encausados.

Laritza Diversent