Abuso policial, Mi Isla

Impunidad ante brutalidad policial contra joven holguinero

Yaremis Flores

El destino de Alberto Lairot Castro cambió el 28 de agosto de 2007, con apenas 28 años. Dos uniformados, Héctor Luis Pérez Osorio y Frank Ochoa Angulo, le aplicaron una técnica no permitida en los programas de defensa personal, del Ministerio del Interior. Le provocaron secuelas irreversibles.

El joven holguinero festejaba ese día en el Estadio de Béisbol “Calixto García”, en Holguín. Había ingerido algunas bebidas alcohólicas, pero no llevaba armas blancas ni atentó contra nadie. Tuvo un incidente con unos policías y fue conducido a la Unidad del municipio por un presunto delito de Resistencia.

En la estación, los policías llevaron a Lairot Castro al área de los calabozos. Alberto se negó a entrar en la celda. Su corpulencia obligó la acción de varios guardias. El subteniente Frank lo agarró por detrás y lo inmovilizó con la llave conocida por ‘Doble Nelson’. Héctor, el capitán, lo tomó por los pies. Ambos depositaron al detenido en el calabozo.

Llave Doble Nelson aplicada a Alberto
“Sentí que me traqueó el cuello. Al pasar unos minutos comencé a gritar porque no me sentía las piernas” confesó Alberto, quien fue sometido a cirugía de inmediato.
Los términos médicos, no ayudan a comprender la gravedad del asunto. Quizá fuera más compresible si dijera que Alberto tiene una lesión en la médula espinal y no puede mover sus piernas. Tiene músculos atrofiados. El reposo diagnosticado propició la aparición de escaras.

La Fiscalía Militar consideró suficiente la sanción de 2 años de prisión-remitidos de forma condicional- como castigo a los policías, por el delito de Lesiones Graves. En la audiencia, los doctores Jaime Oliveros y Frank Fernández concluyeron que la lesión fue provocada por la ‘Doble Nelson’ aplicada y el posterior traslado al calabozo.

No obstante, esas declaraciones fueron desestimadas. Los jueces del Tribunal Militar de Holguín señalaron en su sentencia “los policías aplicaron la técnica de manera oportuna y profesional”. Agregaron que Lairot Castro se autolesionó al forcejear y evitar entrar a la celda.

Los abogados defensores invocaron la inocencia de los oficiales. Ampararon su alegato en que “el causante de un daño en cumplimiento de su deber no es responsable penalmente”. Ese es el momento en el que cualquier jurista puede avergonzarse de su profesión.

No faltaron los halagos a los acusados. Refiriéndose a Pérez Osorio los magistrados consignaron “cumplió con sus funciones de 2do jefe de la Policía de Holguín, ha sido un militar disciplinado y no es violento” Respecto a Ochoa Angulo, “goza de prestigio y autoridad, destacado en el enfrentamiento al delito”. La opinión de los juzgadores sobre Lairot Castro fue diferente. “Estaba agresivo, presumía en el barrio de su fortaleza física y vestía ropas ceñidas para exhibir su musculatura”.

El tribunal absolvió a los uniformados. Casi cinco años después, Alberto Lairot aún no está curado. Sus facultades se deterioran día a día, ante la mirada dolorosa de su madre, quien lo acompaña en el hospital. Ya quedó atrás su época de joven atlético. Sin embargo, el hecho quedó impune.

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Abuso de poder, Abuso policial, Disidencia

Seguridad del el Estado inicia proceso penal contra Sonia Garro

Laritza Diversent

Sonia Garro Alfonso miembro de las damas de blanco y de la Fundación afrocubana independiente, fue trasladada hacia la prisión de mujeres de la Habana y será procesada por el órgano de instrucción de la seguridad del el estado, informó este martes a esta reportera su hermana, Yamilé Garro.

Sonia, en una nota, logro enviar los datos del expediente de fase preparatoria, radicado bajo el número 9 del 2012 cuando aun se encontraba detenida en la unidad policial de de séptima y 64 en playa. Sin embargo, tanto ella como la familia desconocen el delito que le imputan.

Sonia resultó detenida el pasado 18 de marzo en medio de un operativo realizado por fuerzas antimotines, en su domicilio ubicado en la Avenida 47 en Marianao, en el que resultó también apresado su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, que fue trasladado para centro penitenciario Combinado del Este, en la capital.

Según informaron vecinos a Yamilé Garro, agentes de la policía política la bajaron de ómnibus del transporte público, obligándola a regresar a su casa. Un acto de provocación que alteró a su esposo Muñoz González. Los militares, con casco y escudo, rompieron la reja e irrumpieron en la vivienda, disparando balas de goma.

Según informa Yamilé, en la redada también detuvieron tres personas más, de los que se desconoce su nombre. Uno se encuentra en prisión junto a Sonia y su esposo. El resto fue liberado.

Garro Alfonso pertenece a organizaciones independientes de la sociedad civil, como Fundación Afrocubana Independiente, a las Damas de Blanco y dirige un Centro Cultural Independiente. La Seguridad del Estado a menudo la amenaza, con iniciar un proceso penal en su contra. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, fue objetos de más de 17 actas de advertencia por alteración del orden público.

Las actas de advertencia pueden motivar la imposición de medidas de seguridad predelictiva y entre 1 y 4 años de privación de libertad, por conducta antisocial, que según el Código Penal, se aprecia en las personas que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, provocadores o perturba el orden de la comunidad.

 

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Abuso policial, Ciudadanía

Gobierno exige más severidad a las fuerzas policiales

 

Según la publicación de Granma este 6 de enero, “La actualización del modelo económico cubano demanda de la policía acciones concretas, que garanticen las seguridad de las familias y el orden de la sociedad”. Así lo hizo saber el Ministerio del Interior en la celebración del 52 aniversario de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Al parecer las autoridades cubanas están plenamente conscientes de los peligros que encierran la aplicación de sus nuevas políticas. Principalmente la que planea dejar desempleados a 500 mil trabajadores, este trimestre. Hecho sin precedente en la historia de la Revolución socialista, que prometió, en su constitución estatal, pleno empleo para todos sus ciudadanos.

La situación en las calles se siente. “Se agrava el transporte, la comida escasea, los precios se disparan y no hay dinero, no queda más opción que robar”, afirma Pedro, un joven de 38 años, cuentapropista que rellena fosforeras. “Escogí esta actividad porque puedo estar en la esquina esperando que caiga algún negocio, por lo menos la licencia me sirve para tapar la letra”, comenta.

Esa es otra realidad que conoce bien el gobierno. Sabe que los nuevos trabajadores por cuenta propia necesitan del mercado negro y el tráfico ilegal de mercancía, para financiar sus actividades económicas. Única forma de garantizar recursos para mantenerse y pagar los impuestos estatales. Calificados por la propia población de abusivos, teniendo en cuenta el estado de precariedad de la economía de la isla.

Cuba tiene una población de 11.2 millones de persona, y el Estado, principal empleador, tiene la capacidad contratar meno de 3.9 millones. Demasiadas personas inventando y todos sabemos que la ilegalidad, es la fuente principal de supervivencia. Frente a este fenómeno el gobierno aumenta su fuerza represiva, principalmente en la capital. En julio el Ministerio del Interior graduó casi 600 oficiales y en septiembre 500 se incorporaron a nuevos cursos.

Los policías cubana, para reprimir las actividades de mercado negro, controla las carreteras interprovinciales y despliega operativos en los barrios a la caza de revendedores ambulantes. Pueden detener a una persona y hacer registro de sus pertenencias en plena vía pública, a pesar de que esta potestad no es derivada de la ley, sino del excesivo poder que deposita el gobierno en este órgano y del que sus miembros no escatiman en abusar.

De hecho, deciden que ciudadano será juzgado o no por los órganos justicia. El código penal les da la facultad para en lugar de remitir el conocimiento de un hecho (delictivo) al tribunal, imponer una multa administrativa. No son poco los agentes de la policía que aceptan sobornos por aplicar la ley a su conveniencia.

Esa verdad, es bien silenciada por el gobierno. Advierten: “La ley se aplicara con el máximo de rigor y la severidad”. Sin embargo toleran la corrupción y los abusos, a cambio de la impunidad de los miembros de los órganos policiales. Ellos son su principal fuerza de represión y la única que les garantiza el mantenimiento de un sistema insostenible.

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