Abuso de poder, Artimañas comunistas, Confiscación, Crónica social, Derechos humanos, Historias de cubanos, Mi Isla, Sobre la ley cubana

Responsable por actos ajenos (II)


Justicia cansada

La tarea más difícil para una mente racional, es entender el sistema implantado por los comunistas cubanos. Sus términos políticos son difusos, y los jurídicos abstractos y generales. Luego, interpretan las normas jurídicas como les venga en gana. No importa que, en su aplicación, se violen los derechos más elementales de sus gobernados.

Zoraida Magallanes, la anciana de 75 años, fue colocada en un albergue, porque el Ministro de Finanzas y Precios, le aplicó el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de 1994. Su hijo, con quien convive, fue sancionado administrativamente por enriquecimiento indebido.

La norma confisca los bienes de los terceros beneficiados del incremento patrimonial. Ella entra en este último supuesto. Su inmueble, construido en 1926, fue reparado por su descendiente.

Si el hijo de Zoraida hubiese sido procesado penalmente, su progenitora jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad penal es individual. Para desgracia de ambos, el fiscal que atendió el caso, decidió aplicar un procedimiento administrativo antes de ejercer la acción ante un tribunal, por la comisión de delitos.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en un proceso penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

Por otra parte, el Decreto-Ley 149, impide que los ciudadanos acudan a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le sea lesivo. La resolución del Ministro de Finanzas y Precios que disponga la confiscación, no puede ser recurrida en la vía judicial por los afectados, según el artículo 9 del mismo.

En otras palabras el procedimiento administrativo de confiscación de bienes e ingresos constituye un obstáculo para demandar la tutela judicial efectiva, a la que tienen derecho todas las personas. ¿Esta es la forma en que protegen los intereses vitales de la sociedad cubana?

Estas son algunas de las consecuencias de que el fiscal aplique el Decreto-Ley 149, antes que el Código Penal y su Ley de Procedimiento. No obstante, estas últimas disposiciones, tienen jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico cubano. Al ser emitidas por el Asamblea Nacional. Estas deben ser aplicadas preferentemente a las disposiciones de otros órganos estatales.

¿Dónde se quedo la misión de la Fiscalía de controlar y preservar la legalidad socialista? Este órgano estatal tiene la función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales. A su cargo, tiene además, la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado a la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero las instrucciones, de los que dirigen este país, antes de lo que le ordena la ley.

La vigencia de este decreto ley en nuestro ordenamiento jurídico lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola todas las garantías que ofrecen las leyes penales a los encausados.

Laritza Diversent

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El reino de la arbitrariedad

La confusión de expresiones jurídicas, por parte de la dirigencia histórica comunista que gobierna la isla desde hace más de 50 años, va más allá del plano político. Trasciende a la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución de la República, establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”. La interpretación y aplicación del precepto es sumamente amplia. Consecuencia: reina la arbitrariedad.

Explico: la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o derogar las leyes. Sin embargo, el Decreto ley 149 de 1994 dispone la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido. Una disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado.

Por su parte el Código Penal, ley penal de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional, regula la confiscación como una sanción específica y accesoria de un delito. En consecuencia sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones (artículo 2-b de la Ley No. 82/97, Ley de los Tribunales Populares)

El requerimiento es reafirmado por La Ley de Procedimiento Penal. En su artículo 1 establece que no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente.

Estos artículos, supuestamente deben garantizar, que nadie pueda ser sancionado ni tampoco ser objeto de una resolución, si no es por parte de los órganos jurisdiccionales. Garantía reconocida por el artículo 59 de la Constitución de la República.

Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Sin embargo, el Decreto-Ley 149 va contra todo eso. Dispone que se aplique por una autoridad administrativa. Su artículo 2, faculta al Ministro de Finanzas y Precios, para dictar resolución imponiendo la sanción de confiscación.

La norma emitida por el Consejo de Estado se aplica como medida ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, de la especulación el desvió de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Conductas calificadas, en los fundamentos de hecho y de derecho del decreto ley, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. Si la confiscación de bienes es una sanción derivada de la comisión de un delito, entonces ¿Por qué se sustancia por un procedimiento administrativo?

Laritza Diversent

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Retórica mal intencionada

La confusión de expresiones políticas y jurídicas se repite en la historia. Por ejemplo, la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al dictaminar sobre el proyecto de Ley de Reforma Constitucional del 2002, alegó que el pueblo se había dirigido, en indiscutible proceso plebiscitario popular, a la Asamblea Nacional. La utilización del término nada tiene que ver con lo que se entiende por plebiscito, en las ciencias políticas.

En realidad no hubo un proceso electoral, sino una recogida de firmas por los Comités de Defensa de la Revolución. Esas rúbricas, “consciente y voluntaria de 8 198 237 electores”, como afirma el dictamen, no fueron para ratificar la reforma, sino para solicitarla. En realidad, ese proceso de solicitud, fue innecesario desde el punto de vista legal.

La Constitución de la República, antes de reformarse en el 2002, exigía referendo cuando la transformación fuera total o se refiera a la integración y facultades de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado; o a derechos o deberes reconocidos en la constitución.

Los comunistas utilizan sus leyes cuando les da la gana. Por ejemplo, no realizaron consulta popular, cuando por decisión política, se prohibió a los cubanos hospedarse en los hoteles. Derecho consagrado en la Constitución y que la dirigencia histórica decidió restringir, sin ningún respaldo legal.

La reforma del 2002 no trasformo nada. Al contrario intentó perpetuar el sistema, al declarar al socialismo “irrevocable”. Repito: legalmente no hacía falta un ‘proceso plebiscitario’ para solicitar una reformar a la Constitución. Pero de realizarlo, lo lógico era que se hiciera un referendo después de propuesta la reforma, para confirmarla. Mucho más cuando esta impone, un sistema político decrepito e ineficiente, a las nuevas generaciones.

La retórica comunista de los dirigentes cubanos, tiende a confundir a las mentes sanas y racionales. Sus embrollos ideológicos, políticos y jurídicos no son productos del azar, por el contrario, son mal intencionados. Insisto, debemos conocerlos para saber hacia dónde van sus maniobras de perpetuación en el poder.

Laritza Diversent

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Descifrar a los comunistas

El vocabulario de los comunistas cubanos es difuso. El actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, en el mismos discurso dijo: “en 50 años de Revolución, en materia de consulta con el pueblo, tenemos suficiente experiencia”. Quien lo escuche entendería que la dirigencia histórica tiene el hábito de preguntar al pueblo, sobre las decisiones que toman.

En términos políticos, las consultas populares se desarrollan por medio de referendos. Un proceso electoral, en el que el pueblo decide con su voto acerca de una ley, una acción del gobierno u otro asunto de interés común. En Cuba es diferente. Para los dirigentes cubanos, orientar el estudio de un discurso, como el Raúl castro el 26 de julio del 2007 en Camagüey, es sinónimo de consulta popular.

Por tanto cuando los escuchen decir, que consultaron al pueblo, entienda que 5 100 000 personas, menos de la mitad de los habitantes del país, asistieron a reuniones en sus centros de trabajo y Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Que solo 3 255 000 pidieron la palabra para opinar, y que de estos 1 301 203 hicieron planteamientos concretos, y críticos solo fue el 48 % de los mismos.

Las cifras las dio el mismo Raúl Castro, como para demostrar, que a la hora decidir las políticas tenía en cuenta la opinión de la población. En aquel entonces los datos que dio, según él, fueron la más reciente consulta que se realizo a nivel nacional.

Se le olvido mencionar la que realizaron a finales del 2008 con motivo de la adopción de la nueva ley de seguridad social. La ANPP encargo a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) someter a consulta popular el aumento en 5 años de los requisitos de edad y tiempo de servicios, para obtener el derecho a la pensión por vejez para ambos sexos de los trabajadores cubanos.

En este caso, sucedió lo mismo, 3 085 798 trabajadores, un 93, 8 % del total, en representación de más de 11 millones de habitantes, participaron de la consulta. Se produjeron más de 900 000 intervenciones, en las 85 301 asambleas que se celebraron al efecto.

Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, alegó ante el parlamento que se puso de manifiesto, la falta de conocimientos y dominio sobre las regulaciones de la seguridad social y los principios que la sustentan. En esas condiciones, no es de extrañar, que sólo un 0,9% de los trabajadores “consultados”, no aprobaran la propuesta.

Por eso enfatizo en la necesidad de aprender a interpretar la retórica de la dirigencia comunista. Conocer el significado y extensión de los términos que utilizan para justificar, o aparentar una cierta legalidad, en sus maniobras. Estos es lo que nos ayudaría a predecir y prevenir, con argumentos sólidos, las reales intenciones de sus políticas.

Laritza Diversent

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Fórmula de confirmación

Entender el socialismo cubano es como resolver un problema aritmético sin utilizar la lógica. Principalmente porque sus conceptos y definiciones, no coinciden con los que tradicionalmente se emplean en las ciencias políticas. La dirigencia histórica tiene su propio diccionario.

Por ejemplo, en agosto de 2009, Raúl Castro, en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), dijo: “A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”.

En cualquier parte del mundo que se escuche la frase, de boca de un jefe de Estado y de Gobierno, entenderían que fue elegido por su pueblo, en elecciones populares. En Cuba esto no es así. Nos distinguimos por ser la excepción en la regla.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros es elegido por la ANPP. Por tanto, cuando el menor de los Castro, se refiera a los que eligieron, piensen solo en 609 personas. Número de diputados que ejercieron el derecho al voto, en representación de más de 11 millones de cubanos.

¿El General de Ejército tuvo oposición en las elecciones, había varios candidatos propuestos para la jefatura del estado y del gobierno? No, el único postulado fue él. En Cuba hay un solo partido político y aunque ‘el PCC no participa en el proceso electoral’, su líder, es quien por lógica se propone para el cargo. Raúl Castro es el Segundo Secretario del Comité Central del Partido. El primero es su convaleciente hermano, casi desaparecido de la escena política.

La candidatura a Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, así como todos los demás cargos y puestos del Consejo de Estado, son de lista cerrada y bloqueada. Se proponen y nominan tantos candidatos como puestos a ocupar tenga el órgano.

Sumémosle además que también se emplea la formulita del voto unido para garantizar el 50% más uno, de los votos necesarios para ocupar el puesto. Este tipo de boleta electoral, impide al elector, el voto selectivo y preferencial. Por tanto cuando Raúl Castro hable de elección, entiendan confirmación.

Laritza Diversent

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Fórmula de la perpetuidad

Los hermanos Fidel y Raúl Castro

Uno de los elementos comunes que participan del contenido de la definición tradicional del concepto “República” es la periodicidad en los cargos. En Cuba hay elecciones para renovar todos los cargos en los órganos estatales. Sin embargo, los máximos líderes de la dirigencia histórica, comunista y revolucionarias, han permanecido en la cima del poder por más de 51 años.

El Jefe de Estado es llamado el Presidente de la República, que no hay que confundir con el cargo Primer Ministro o Presidente del Gobierno. No obstante, el Jefe del Estado puede ser al mismo tiempo el Jefe del Gobierno. A este tipo de República se dice que tiene un Sistema de gobierno presidencial. Este es el caso de Estados Unidos y Chile.

En el modelo de organización del poder constitucional del gobierno cubano no existe el cargo de Presidente de la República. Sin embargo existe, como en los Sistemas de gobiernos presidencialistas, un jefe de Estado, que es al mismo tiempo, es Jefe de gobierno. Atribuciones que asume el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Su elección está a cargo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y son de tipo indirectas. El Parlamento al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a los miembros del Consejo de Estado y su cabeza.

El término del mandato del Jefe de Estado y Gobierno cubano, es el mismo que el confiado al Consejo de Estado por el parlamento. Expira cada cinco años al tomar posesión el nuevo órgano elegido en virtud de las renovaciones periódicas de La Asamblea Nacional del Poder Popular.

La Constitución cubana de 1976, prevé que haya periodicidad en el cargo de Jefe de Estado y de Gobierno. Sin embargo en sus 34 años de vigencia y 6 renovaciones del órgano legislativo, el cargo ha sido ocupado, solo por dos personas. Los hermanos Fidel y Raúl castro.

Fidel castro estuvo a cargo de la dirección del país desde su llegada al poder en 1959 con el triunfo de la revolución socialista hasta el el 31 de julio de 2006, que a causa de critica hemorragia intestinal y delegó provisionalmente el poder en su hermano Raúl, quien lo ocupa hasta la actualidad.

Esto se debe a que, la constitución cubana, no limita el número de reelecciones a las que puede presentarse el Jefe de Estado y Gobierno cubano, después de concluido su primer mandato. Omisión muy conveniente para perpetuarse en el poder.

Laritza Diversent

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