Asociación Jurídica Cubana, Derechos humanos, Ley de Procedimiento Penal, Sobre la ley cubana

Exigir un Estado de Derecho

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Que las leyes cubanas reconozcan los derechos de los ciudadanos, no significa que estén protegidos. La Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba, establece el procedimiento a seguir, por parte de las autoridades, para citar a una persona. Sin embargo, ese no se cumple. Muchos disidentes u opositores políticos son reprimidos por medio de la citación oficial.

Miguel Amado Reyes Fonseca es miembro de la Comisión de Atención a Presos Políticos y sus Familiares. Recibió citaciones oficiales por parte de la Seguridad del Estado, por prestar su casa para que, la Asociación Jurídica Cubana, impartiera seminarios sobre derechos humanos y la legislación cubana.

El no sabían que, el documento que contenía el llamamiento de la autoridad, tenia que estar expedida por el Secretario del Tribunal. Así lo establece la ley. No obstante, la papeleta que recibió, estaban firmada por el “Tte. Abel”. Seudónimo que utilizó el agente de la policía política, para reprimir al disidente.

La autoridad que disponga la citación de una persona, ha de fundamentar su pretensión en una resolución judicial. En este caso, un auto. Documento escrito que ha de constar en libro que lleva el secretario judicial, quien debe ponerlo en conocimiento del tribunal inmediatamente. Es el tribunal competente, quien discute y firma, ratificando o denegando la diligencia. Es él quien requiere al ciudadano para que se presente ante una determinada autoridad.

La ley es bien clara en cuanto a las autoridades que pueden disponer una citación oficial. Según el artículo 86, de la Ley de Procedimiento Penal, tienen esta facultad el instructor, el fiscal o el tribunal. Los policías y miembros de la seguridad del Estado, son agentes de la autoridad. Ellos no tienen la facultad para citar a una persona. Sin embargo, lo hacen.

Miguel, cuando concurrió a la cita ordenada, recibió intimidaciones. Lo amenazaron con desalojarlo de su casa y con ir a la cárcel, si seguía con los cursos, bajo un supuesto delito de asociación ilícita. Sus represores están concientes de que cometen un delito con su actuar. Por eso utilizan un seudónimo.

Un agente de la seguridad del Estado o de la policía que realice por sí, una diligencia de citación, esta ejercitando fraudulentamente una función publica. Por tanto incurre en la comisión de un hecho delictivo.

Pueden recibir sanción de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas, por realizar, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Corporificándose en este caso un delito de Usurpación de Funciones Públicas (Art. 148.1, inciso a) del Código Penal)

El desconocimiento de la ley, pone al pueblo cubano en una situación de vulnerabilidad e indefensión absoluta. Es hora que exijamos a los violadores que respeten los derechos ciudadanos. En nuestras manos está, que en Cuba exista un Estado de Derecho.

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