Abuso policial, Ciudadanía

Gobierno exige más severidad a las fuerzas policiales

 

Según la publicación de Granma este 6 de enero, “La actualización del modelo económico cubano demanda de la policía acciones concretas, que garanticen las seguridad de las familias y el orden de la sociedad”. Así lo hizo saber el Ministerio del Interior en la celebración del 52 aniversario de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Al parecer las autoridades cubanas están plenamente conscientes de los peligros que encierran la aplicación de sus nuevas políticas. Principalmente la que planea dejar desempleados a 500 mil trabajadores, este trimestre. Hecho sin precedente en la historia de la Revolución socialista, que prometió, en su constitución estatal, pleno empleo para todos sus ciudadanos.

La situación en las calles se siente. “Se agrava el transporte, la comida escasea, los precios se disparan y no hay dinero, no queda más opción que robar”, afirma Pedro, un joven de 38 años, cuentapropista que rellena fosforeras. “Escogí esta actividad porque puedo estar en la esquina esperando que caiga algún negocio, por lo menos la licencia me sirve para tapar la letra”, comenta.

Esa es otra realidad que conoce bien el gobierno. Sabe que los nuevos trabajadores por cuenta propia necesitan del mercado negro y el tráfico ilegal de mercancía, para financiar sus actividades económicas. Única forma de garantizar recursos para mantenerse y pagar los impuestos estatales. Calificados por la propia población de abusivos, teniendo en cuenta el estado de precariedad de la economía de la isla.

Cuba tiene una población de 11.2 millones de persona, y el Estado, principal empleador, tiene la capacidad contratar meno de 3.9 millones. Demasiadas personas inventando y todos sabemos que la ilegalidad, es la fuente principal de supervivencia. Frente a este fenómeno el gobierno aumenta su fuerza represiva, principalmente en la capital. En julio el Ministerio del Interior graduó casi 600 oficiales y en septiembre 500 se incorporaron a nuevos cursos.

Los policías cubana, para reprimir las actividades de mercado negro, controla las carreteras interprovinciales y despliega operativos en los barrios a la caza de revendedores ambulantes. Pueden detener a una persona y hacer registro de sus pertenencias en plena vía pública, a pesar de que esta potestad no es derivada de la ley, sino del excesivo poder que deposita el gobierno en este órgano y del que sus miembros no escatiman en abusar.

De hecho, deciden que ciudadano será juzgado o no por los órganos justicia. El código penal les da la facultad para en lugar de remitir el conocimiento de un hecho (delictivo) al tribunal, imponer una multa administrativa. No son poco los agentes de la policía que aceptan sobornos por aplicar la ley a su conveniencia.

Esa verdad, es bien silenciada por el gobierno. Advierten: “La ley se aplicara con el máximo de rigor y la severidad”. Sin embargo toleran la corrupción y los abusos, a cambio de la impunidad de los miembros de los órganos policiales. Ellos son su principal fuerza de represión y la única que les garantiza el mantenimiento de un sistema insostenible.

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Cuba y su sistema de exclusión (II)

 

Los cubanos son excluidos en su propia tierra. Tanto los residentes en el territorio nacional, como los que radican el extranjero. Estos últimos son doblemente discriminados. No pueden invertir en la economía por ser aun ciudadanos del Estado y cuando entran al país son tratados extranjeros.

La Ley No 77, “De inversión extranjera”, establece que inversionistas extranjeros es (…)La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional.

En virtud de la normativa de esta disposición jurídica, los cubanos radicados definitivamente en el exterior, no tienen ningún obstáculo para invertir en la economía de su tierra natal. Tienen domicilio y capital extranjero. ¿Qué se lo impide entonces?

El artículo 32 de la constitución cubana establece que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la perdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Las causas de pérdida y recuperación de la ciudadanía antes de la reforma constitucional de 1992 eran específicas y figuraban en el texto de la’ Carta Suprema del Estado’. Ahora perdieron relevancia jurídica y deben ser reguladas por una ley.

Teniendo en cuenta el aumento de la emigración cubana, pudiera pensarse que el objetivo de la reforma, era eliminar ciudadanías. Todo lo contrario, las medidas aplicadas por el gobierno, tienden a retenerlas.

Convenientemente para las autoridades no se ha formulado la ley que regula las particularidades analizadas. La práctica es obligar a todos los cubanos a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacional. No es que admitan la doble ciudadanía, para ellos, con respecto a los nacionales, solo existe la cubana. En virtud de esto, no pueden invertir en la economía nacional.

Sin embargo, ya dentro del territorio pierden sus derechos como nacionales, todos los servicios están obligados a pagarlos en divisas, como si fueran extranjeros. Lejos de ser un privilegio, este particular viola los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales de los cubanos.

Laritza Diversent

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