Abuso de poder, Confiscación, Crónica social, Derecho de propiedad, Derechos humanos, Historias de cubanos, Justicia, Ley de Procedimiento Penal, Leyes en cuba, Mi Isla, Sobre la ley cubana, Violación

Responsable por actos ajenos (I)


Foto: Orlando Luis Pardo

Zoraida es una anciana retirada de 75 años. Le confiscaron su casa porque al menor de sus tres hijos, que convivía con ella, el Ministro de Finanzas y Precios le aplicó, por medio de un procedimiento administrativo, la sanción de confiscación de bienes.    

Eric, el hijo de Zoraida, tiene 35 años y trabajaba como nevero en el frigorífico ubicado en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo. Su creciente nivel de vida llamó la atención de los dirigentes de los Comité de Defensa de la Revolución comprometidos en la lucha contra las ilegalidades.

Las sospechas de los mencionados personajes, fueron comunicadas a uno de los fiscales que atiende los casos de enriquecimiento indebido por mandato gubernamental. Al momento, se inició una pesquisa que terminó con la formación de un expediente de confiscación y la correspondiente resolución ministerial imponiendo sanción.

El poder adquisitivo de Eric permitió que la casa de su madre, construida en 1926, fuera reparada y remodelada. Hecho que incluía a Zoraida en el supuesto de los terceros beneficiados con el enriquecimiento indebido, que dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de mayo de 1994. Motivo por el cual le fue confiscada su casa y puesta a vivir en un albergue.

El primer Por Cuanto del Decreto-Ley 149, presupone que el aumento patrimonial sin causa legítima es…resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal…, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento que lesionan los intereses más vitales de nuestra sociedad.

Si el incremento de bienes e ingresos es fruto de la comisión de delitos, entonces ¿Por qué el fiscal no ejercito la acción penal ante un tribunal? En un proceso penal la responsabilidad es individual. Una persona jamás responde por delitos que cometa otra. Si el fiscal hubiese iniciado un procedimiento ante un tribunal, Zoraida jamás hubiese sufrido las consecuencias de los actos de su hijo.

 

Laritza Diversent

Estándar
Confiscación, Constitución cubana, Crónica social, Derecho de propiedad, Historias de cubanos, Permiso de entrada y salida, Sobre la ley cubana

Las heridas aun no sanan

 Ernesto Ramírez salió de Cuba hace treinta años. Desde entonces no ha regresado. Sus amigos le cuentan que la situación es diferente. No obstante, por su mente, no pasa la idea de planificar una visita a su patria. Las heridas para él, aún no sanan.

El transcurso del tiempo no ha logrado borrar sus últimos días en la Isla: los trámites ante las autoridades para obtener el permiso de salida, el pago de sus deudas, la pérdida de todos sus bienes. Así lo decretan las leyes del gobierno revolucionario.

“Medidas a tomar con los bienes muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional”. Primer párrafo de la Ley Núm. 989 de 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización, mediante confiscación, de los bienes de los emigrantes.

Decretos, instrucciones, acuerdos de los órganos gubernamentales hacen efectivo, el estricto cumplimiento de la referida ley. Ramírez no podía vender o donar sus bienes. Tenía que entregarlo todo al Estado, a cambio de nada.

Para que se hiciera efectiva la salida del país tuvo antes que pagar el automóvil que el Estado le confiscaría. El Comité de Defensa de la Revolución (CDR) enumeró todo lo que tenía en casa: platos, tazas, cuchillos, sabanas, muebles, etc.

Días antes de la fecha de vuelo, el CDR le puso un sello a la vivienda, después de revisar que todo lo inventariado estuviese completo. Tuvo que pasar por la policía y entregar la propiedad de la casa y las llaves del auto. Hasta su salida, pasó las restantes noches en casa de amigos.

El día del viaje, en la entrada del aeropuerto, el aparato de detención de metales puso sobre aviso a las autoridades aduaneras. Notaron que Ernesto aun conservaba su cadena de la Virgen de la Caridad del Cobre, el reloj y el anillo de casado. En una oficina discreta, tuvo que quitarse todo. Tenía que escoger entre perder su vuelo o firmar un papel en el que constaba que cedía esos artículos voluntariamente.

Con sólo dos camisas, un pantalón y dos calzoncillos, Ernesto Ramírez reinició su vida. No solo partió de cero, volvió a nacer. No ha olvidado los juegos con sus amigos de infancia y el beso de su primer amor de adolescente. Sin embargo, esos recuerdos se minimizan ante el dolor de revivir sus últimos días en Cuba. Hoy, siente que nada le pertenece en su tierra natal.

Para el gobierno fue un simple acto de inventariar y confiscar. Para él, fue perder todo lo que hasta entonces había ganado con su trabajo y sudor. Era el castigo que merecía por querer buscar oportunidades en el extranjero. Pagó caro por algo que no tiene precio: la libertad.

Laritza Diversent

Estándar
Abuso de poder, Confiscación, Constitución cubana, Derecho de propiedad, Leyes en cuba, Politicas, Sobre la ley cubana

Constitucionalismo Revolucionario

El gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro como Primer Ministro, dicta la Ley Fundamental de la República que restableció la Constitución de 1940. Después de su restablecimiento se dictaron otras leyes de rango constitucional: ley de Reforma Agraria, Reforma Urbana y Nacionalización de la enseñanza, entre otras, que modificaron extensamente sus preceptos.

Reprodujeron el esquema básico y el articulado de la Súper Ley de 1940, con importantes omisiones. El número de artículos se redujo de 286 que tenía, a 233 que tuvo la Ley Fundamental. En relación a los derechos fundamentales, se reproducen casi literalmente, aunque se le agrega numerosas excepciones.

Según Leonel Antonio de la Cuesta, en su libro Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, a esa tendencia revolucionaria se le llamó la legislación del no obstante. En el lenguaje jurídico significa que, el gobierno, en su actividad frente al individuo, no quedaba limitado debido a la declaración restrictiva inicial.

En fin, la Ley Fundamental de 1959 fue extensamente modificada. Se podía reformar por acuerdos del Consejo de Ministro, presidido en aquel entonces por el convaleciente Fidel Castro, mediante el voto conforme de sus dos terceras partes y previa ratificación de esta medida, en tres sesiones consecutivas del propio cuerpo, por el mismo número o proporción de votos. No hay constancia en la Gaceta Oficial de la República que se hubiese dado cumplimiento a este requisito formal.

Las reformas acordadas comenzaron a regir mediante su simple aparición en la Gaceta Oficial, órgano de publicación legislativa. Desde su promulgación hasta diciembre de 1962, fue modificada 19 veces. La Gaceta Oficial dejo de publicarse por un buen tiempo, no se sabe a ciencia cierta qué cantidades de modificaciones se le realizó.

Se eliminó el principio de la seguridad jurídica, que se define en el sentido de que el ciudadano debe saber a qué atenerse legalmente. Se implantó el principio de que la norma es la norma, propio de los sistemas totalitarios. Desde entonces comenzó a regir en nuestro sistema un doble orden jurídico.

Una disposición de rango administrativo, dictada por un funcionario estatal, modifica la constitución, práctica consecuente con la justicia socialista. Para el exterior lo único que consta es el texto legal escrito. Las quejas en el ámbito internacional por quebrantamiento del derecho positivo, se le atribuyen al exceso de celo, de un funcionario aislado, no al gobierno socialista.

La Ley Fundamental de 1959, se convirtió en una versión súper diluida de la Constitución de 1940 y en la de más larga vigencia desde la independencia nacional en 1901: 17 años.

Fuente consultada: Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, autor Leonel Antonio de la Cuesta, segunda edición 2006, editorial hispano-cubana.

Estándar
Confiscación, Permiso de entrada y salida

La historia del permiso de entrada y salida (II)

La Resolución No 454 de 29 de septiembre de 1961 del Ministerio del Interior (MININT), provocó la reacción de los sectores más progresistas de la época. Principalmente porque, el Ministerio del Interior, no era una autoridad competente para disponer la privación, a una persona, de su propiedad. La disposición, tampoco regulaba bajo que fundamento el Estado se adjudicaba, las propiedades de las personas que decidieran residir permanentemente en el extranjero.

No obstante, las críticas no detuvieron al recién instaurado Gobierno revolucionario. El 5 diciembre de 1961, el Consejo de Ministro, presidido en aquel entonces por el convaleciente Comandante Fidel Castro, promulgó la Ley Núm. 989, que disponía las “Medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional”.

La Ley faculta al Ministerio del Interior a otorgar los permisos de salida a las personas que decidieran viajar al extranjero. Ratifica la imposición del abandono definitivo, que regulo la Resolución No 454. Faculta además a este órgano estatal, para dictar las disposiciones pertinentes en cuanto a los permisos de salida y regreso al país. Es a partir de esta ley, que se ordena regular, el permiso de entrada al territorio nacional.

Según la redacción semántica del artículo 1, el abandono se asimila desde la salida y se concreta con el no regreso. Es decir, el abandono del país se consideraba definitivo, si el regreso no se producía, dentro del término por el cual había sido autorizada la salida.

La ley igualmente dispone, que a las personas, que según sus preceptos, abandonaban el país definitivamente, se les nacionalizara, por medio de la confiscación a favor del Estado Cubano, todos sus bienes muebles, inmuebles o de cualquier otra clase, derechos, acciones y valores de cualquier tipo.

Igualmente daba facultad, al extinguido Consejo Superior de la Reforma Urbana, hoy Instituto Nacional de la Vivienda, para adoptar los acuerdos necesarios para la aplicación de la Ley respecto a los bienes confiscados.

Supuestamente los bienes serian confiscados para ser puestos a disposición del pueblo, lo que justificaba la regulación de la salida y regreso al territorio nacional. Sin embargo, la vigencia de esta ley, ha favorecido el engrosamiento del patrimonio estatal.

Al igual que sucedió con la resolución 454 del MININT, la Ley núm. 989, no especifica qué funcionario del gobierno revolucionario la dictó y tampoco hace alusión a la norma que otorga tales atribuciones.

Según los fundamentos de hechos de la referida ley núm. 989, su adopción se justificaba principalmente por cuestiones políticas, aunque hay un triste intento de mostrarlo como interés social. En esa época hubo un cambio en el poder político, y los que no estaban de acuerdo emigraron. El hecho, a pesar de ser una decisión personal e individual, se consideró como una afrenta a la patria y para la dirigencia histórica en ese momento, la patria era y aun sigue siendo, la Revolución.

La ley fue una respuesta a todas esas personas opinaban y bajo ningún concepto aceptaban, las imposiciones revolucionarias. Se mantiene vigente en la actualidad, aunque el carácter de la emigración varió. No obstante, el fundamento jurídico, continúa siendo el mismo: la nacionalización, por medio de la confiscación, de los bienes de las personas que deciden emigrar definitivamente de Cuba.

Estándar