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Libertad de expresión en la legislación cubana

La libertad de expresión es reconocida internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Estas prerrogativa incluye la de no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.

El artículo 53 de la Constitución Cubana reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Según el precepto, las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. Por último, aclara que la ley regula el ejercicio de estas libertades.

No obstante, la tutela constitucional de la libertad de expresión, a pesar de ser una garantía jurídica, no es suficiente para afirmar que en Cuba se ejercita y disfruta.

Primero: el artículo analizado es deficiente técnica y jurídicamente. El legislador confundió el derecho, con la garantía material necesaria para su ejercicio. Condición inútil, dada la naturaleza y característica de este tipo de libertad. La misma consagra espacios que el estado no tiene que crear; porque son connaturales al ser humano, en virtud de lo cual sólo tiene que respetarlos y protegerlos.

Segundo: El hecho de que los medios de comunicación social estén en poder del Estado no constituye una garantía de ejercicio de este derecho. En Cuba las prerrogativas humanas, reconocidas en las Constitución de la República, no se pueden ejercitar contra la existencia y fines del “Estado Socialista. Significa que su ejercicio legal es severamente limitado, cuando los derechos son irrestringibles. Admiten solamente limitaciones mínimas, sólo en función del orden público.

Tercero: según la Constitución de la República, la libertad de palabra y prensa debe ser desarrollada en una ley, única forma de ejercitar y defender este derecho. La Asamblea Nacional, órgano supremo del Estado con potestad legislativa, conscientemente, ignora los mandatos expresos de la Carta Magna. Aun no adopta una Ley que regular este importantísimo derecho en la legislación ordinaria.

Cuarto: la Asamblea Nacional, puso en vigor la Ley 88, “De Protección de la Independencia Nacional y la Economía”, disposición normativa de carácter penal, que impide a los ciudadanos expresarse y difundir sus opiniones acerca de la gestión política, económica y social, del actual gobierno.

Esta ley, también conocida como “ley mordaza”, sanciona a todo aquel que busque y suministre información, acumule, reproduzca y difunda materiales que critiquen el sistema político, colabore con sus opiniones, por cualquier vía, con emisoras de radio y televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros.

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Actividades de Reducida significación

Laritza Diversent

El código penal, no considera delito,  la realización de actividades de reducida significación económica, excepto en los casos, cuando en su realización, se utilicen medios o materiales de procedencia ilícita.

Sin embargo, el Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sobre Contravenciones del Orden Interior, considera,  como contravención de la Economía Nacional, las actividades económicas ilícitamente realizadas, cuando tienen reducida significación.  

La legislación penal además, prohíbe el préstamo con interés. La adquisición de mercancías con el propósito de revenderlos para obtener ganancia; poseer o transpórtelas en cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales, es considerado como un delito de especulación y acaparamiento.

Igualmente las adquisición, posesión o trasportación de mercancías en pequeñas cantidades, aunque el beneficio económico que el sujeto supuestamente adquiera con ellas, sea de reducida significación, son sancionadas administrativamente.

 En ese sentido el antes mencionado Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sanciona con multa, la adquisición de mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener ganancia, cuando es de reducida significación económica.

Por otra parte el Dictamen No. 105/80 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), considera que la transportación de tabaco y café en cualquier cantidad puede constituir, el delito de especulación y acaparamiento.

Con Dictamen No. 214/85 del Consejo de Gobierno del TSP establece que el particular que adquiera cualquier clase de productos o mercancías con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, comete el delito de especulación.

Por su parte, el Dictamen  Nro. 63 de 1993 de la Fiscalía General de la República, analiza las diversas situaciones que pueden darse en cuanto a la tenencia o transportación de mercancías o productos en la situación del país y aclara que para proceder por la vía judicial o contravencional administrativa se requiere una valoración individual de cada caso, tomando en cuenta la cuantía de lo ocupado, el tipo de producto, la situación que presenta su abastecimiento por  vías normales, la justificación suficiente o no de su tenencia, el destino asignado y  las condiciones personales del infractor.

En cuba la propiedad no está concebida como un derecho  fundamental para la realización de fines económicos que satisfacen intereses humanos. El sistema socialista y su constitución estatal, parte de la base que, el Estado, es el único capaz de satisfacer esos intereses, tanto en el plano individual como en el colectivo. Motivo por el cual, asume el control absoluto del quehacer económico nacional, a la par que excluye, a sus ciudadanos, de intervenir en el mismo, prohibiéndoles la iniciativa económica privada, sea esta de mucha o poca significación.

Sin embargo, 50 años de vigencia del socialismo, en Cuba, han demostrado la incapacidad del Estado para solventar las necesidades particulares de sus gobernados y de la sociedad en general. La mayor prueba de ello es que la ciudadanía tenga que recurrir,  para subsistir, a la ilegalidad.

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Prohibida la iniciativa económicast

Laritza Diversent

vendedores

Para garantizar el desarrollo programado del país; fortalecer el sistema socialista; satisfacer las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos; el Estado cubano limitó las facultades de disposición de sus gobernados sobre los bienes comunes y les prohibió ejercer la iniciativa económica privada.

Les prohibió vender y gravar ciertos bienes que conforman su patrimonio individual (fundamentalmente los inmuebles). Otros actos jurídicos que impliquen la trasmisión de dominio, le fueron seriamente limitados. Por ejemplo, para permutar, donar, ampliar, etc.; una vivienda se necesita la autorización estatal. Obtener esta última, significa, cumplir con una interminable lista de requisitos legales, condiciones y trámites burocráticos.

Unido esta prohibición de carácter administrativo, se unen otras de carácter penal relacionado con la iniciativa económica privada. El artículo 228 del vigente Código Penal prohíbe, a los ciudadanos, realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios de las autorizadas legal o reglamentariamente, sin poseer la licencia correspondiente.

También sanciona al que realice alguna actividad económica, no autorizada en forma expresa por disposición legal o reglamentaria. En todo caso se prohíbe expresamente la contratación de mano de obra, aun teniendo licencia, para ejecutarlas las actividades reglamentadas. A estas sanciones se les une, la accesoria de confiscación de bienes.

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