Gobierno fomenta en la capital la migración y la xenofobia

Ana Luisa Millares, una holguinera de 43 años lleva menos de 8 viviendo en un barrio de la capital. Nadie se explica cómo, en tampoco tiempo, logró una línea de teléfono y una misión en Venezuela. Regreso con todo tipo de equipos electrodomésticos y dinero suficiente para en menos de 12 meses construir su casa.

No pocos vecinos están molestos con el aumento del nivel de vida de la señora Millares. Muchos no han logrado en su vida, la mitad de lo que esta mujer consiguió. En tono de desprecio y a sus espalda, la llaman la palestina. Apodo con el que los nacidos en la capital llaman a las personas provenientes del oriente del país.

La migración, principalmente del campo hacia la capital está determinada, en primer lugar, por la diferencia en el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país. Por otra parte el gobierno suple con los orientales, la fuerza de trabajo en los oficios que los capitalinos rechazan.

Del tema se habla poco o nada. Hasta hoy ningún análisis sociológico explica el porqué del recelo de los habaneros respecto a los orientales. Incluso normas legales impuestas por el gobierno para frenar la migración hacia la capital, como lo es el caso del Decreto 217 del comité ejecutivo del consejo de ministros, refuerzan ese sentimiento de apatía.

Algunos explican el asunto con hechos históricos. Según dicen, cuando los guerrilleros, en su mayoría orientales, llegaron a la habana en enero de 1959, destruyeron la capital. Convertidos en grupo dominantes tomaron los mejores inmuebles de la ciudad para sí y para cada uno de los miembros de su familia. Desde entonces, como dicen la agrupación de música bailable Los Van Van, “la Habana no aguanta más”

Entre los habaneros existen otras hipótesis para explicar esta situación. Algunos opinan que es un problema de idiosincrasia. Asegura que los orientales por lo general son incondicionales al gobierno; pero a la vez lo más hipócritas. Ana luisa para evitar la furia de los inspectores del departamento de enfrentamiento a las ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda, asumió la presidencia del Comité de Defensa de la Revolución.

Para respaldar la tesis mencionan el hecho de que los principales dirigentes del gobierno de la isla se nominan y eligen por los territorios del Oriente. También es una realidad que los orientales integran la principal fuerza de represión de la ciudadanía en la capital, la policía. Oficio rechazado por los capitalinos, incluso desde antes de que triunfara la revolución.

El hecho es reconocido por el Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro en su discurso pronunciado en la clausura de la primera sesión parlamentaria del año 2008, cuando afirmó que “si no vienen los orientales a cuidar los habaneros, empiezan a incrementarse los robos…”. Una frase que tiene más de una interpretación.

En realidad es el propio gobierno quien fomenta la migración desde otras regiones del país hacia la capital. El también General de Ejército en su discurso preguntó: “¿Quién va a construir en la Habana si no viene de casi todo el país y muy especialmente de Oriente constructores?…Hasta maestros hay que traer de las provincias del interior y sobre todo de oriente, para la capital. Y la capital creo que es la que mas habitante tiene”.

Esta situación ha determinado que en la Habana, capital de todos los cubanos, los ciudadanos oriundos del oriente del país sean más vulnerables desde el punto de vista social. Incluso algunas actitudes pueden calificarse de xenófobas. En el asunto el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Por una parte frena la migración vulnerando los derechos fundamentales de estas personas, y por otra las estimula, según su conveniencia.

Laritza Diversent

Cuba también tiene leyes antiinmigrantes

No pocas veces el estado cubano se ha pronunciado contra las leyes antiinmigrante de los países desarrollados. Sin embargo, nadie podría imaginarse que en la isla existan normas legales al estilo de la SB 1070, que aprobó el estado norteamericano de Arizona, el pasado 23 de abril y que autoriza a la policía estatal, para arrestar a las personas sospechosas de ser inmigrante ilegal.

En el 2008 la Asamblea Nacional expresó su rechazo a la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, calificándola de flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales. Sin embargo, permite al gobierno castigar al nacional que permanezca en la capital de la nación, sin permiso.

La única diferencia entre el estado norteamericano y Cuba está en que, el primero aprobó una sola norma legal, y en la isla son varias: el Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana” de 1997, el Decreto-Ley No. 248, “Del Sistema de Identificación y del Registro de Electores” y su reglamento, la Resolución No. 6/07 del Ministerio del Interior, ambas del 2007.

Las dos últimas consideran ilegal al ciudadano que traslade su domicilio por más de 30 días, sin efectuar el cambio de dirección y su inscripción en el Registro de Direcciones. Además exigen a los cubanos mayores de 16 años, portar y mostrar su identificación a las autoridades y sus agentes, cada vez que estos se los soliciten.

Desde 1971, el gobierno cubano controla la circulación de sus ciudadanos dentro del territorio nacional, a través de los Registro de Población y de Direcciones. Estas instituciones son dirigidas por el Ministerio del Interior, órgano estatal, encargado de controlar la migración interna y externa del país y son complementados por libro que al efecto llevan, los Comités de Defensa de la Revolución.

Por su parte el Decreto 217, impide a las personas provenientes de otras provincias, residir en ciudad de la habana, la capital del país, sin previa autorización gubernamental.

La norma emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, instituye un sistema de contravenciones personales que castiga con multas que van desde los 200 pesos hasta 1000 pesos moneda nacional, para los que incumplan sus disposiciones. En todo caso exige a los infractores, la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

La aplicación de esta disposición también violenta la libertad personal, pues los órganos policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas sospechosa de ser un ilegal en la capital. Sin embargo, ninguna norma penal criminaliza la estancia en la capital como un delito.

No cabe duda de la actitud hipócrita de un gobierno que se auto cataloga defensor de los derechos humanos y critica a la Unión Europea y a Estados Unidos, por sus políticas antiinmigrantes, cuando restringe severamente a sus nacionales la libertad de circulación dentro de la isla.

La revolución que da y quita

Sandra hace 6 meses que vive en Ciudad de La Habana con su padre. Tiene 24 años y es maestra emergente de primaria. Trabajaba en su ciudad natal, Holguín; pero dejo la educación porque el salario no le alcanzaba. Ahora vende pastelitos en los portales de la Calle Monte.

Sandra estaba ahorrando para comprarse una casita. Pero la policía la atrapo cuando vendía dulces. Le pusieron una multa por especulación. Luego, la montaron en un tren de regreso a su provincia, por residir en la capital sin habérsele reconocido eses derecho. Fue víctima de la aplicación del Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana“.

La disposición restringe la libertada de movimiento de los cubanos; proveniente de otros territorios del país. Impide que residan, domicilien o convivan, con carácter permanente y sin autorización, en la capital. La norma también se la aplica a los ciudadanos, provenientes de otros municipios de la capital, que se domicilien en una vivienda ubicada en los La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de octubre, sin la correspondiente licencia.

Sandra tiene que pedir permiso al Presidente del Consejo de Administración Municipal para vivir en la capital. Antes debe acreditar ante la Dirección Municipal de la Vivienda el consentimiento expreso de su padre, como propietario de la casa. Necesita, además, un documento expedido por la de la Dirección Municipal de Arquitectura y Urbanismo, que certifique que la vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, y que cada conviviente tiene 10 metros cuadrados de superficie techada.

Aun cumpliendo todos los referidos trámites burocráticos, el problema de la joven no está resuelto. La decisión, afirmativa o negativa del Presidente Municipal, depende de la opinión que consta en un expediente que elaboraba al respeto, por la Dirección Municipal de la Vivienda.

Inútil es, que la Constitución de la República en su artículo 43, faculte a Sandra, como ciudadana cubana, a domiciliarse en cualquier zona o sector. Derecho, que según el precepto, fue conquistado por la Revolución, y si ella te lo da, también tiene la facultad de restringirlo.

Los “dirigentes históricos”, concentrados todos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se sintieron con la facultad de promulgar una disposición, que restringe un derecho ciudadanos. La vigencia del decreto 217, prueba que el gobierno cubano y sus líderes, no tiene voluntad de cambios positivos. Mientras tanto casos como el de Sandra, comunes en Cuba, siguen sucediendo y los culpables impunes.

Laritza Diversent