Constitución cubana, Derecho de reunión y manifestación, Derechos humanos

¿Práctica internacional, de qué hablan? (II)

A nivel mundial, el derecho de reunión y manifestación se regula de forma general en instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas. Estos establecen los principios generales que permiten el ejercicio del derecho. Los detalles específicos son responsabilidad de cada estado.

Desde ese punto de vista, no puede hablarse de una práctica internacional uniforme, respecto a la regulación legal de esta prerrogativa. Lo más acertado sería referirse a los elementos comunes utilizados por los diferentes gobiernos, para regular jurídicamente el derecho de reunión y manifestación, dentro de sus territorios.

Por ejemplo, la legislación de España y Venezuela, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas, siempre que no alteren el orden público ni representen un peligro para personas y bienes. Exigen la obligación de notificar a la autoridad días antes de su celebración, indicando el itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.

Regulan los supuestos en que las autoridades pueden disponer impedir una manifestación o disolverlas. En la mayoría de los casos se procede a esa decisión, cuando sean ilícitas (sus organizadores no cumplen los requisitos legales exigidos), alteren el orden público o busquen obstaculizar el libre tránsito. Incluso, la española prohíbe a los manifestantes usar uniformes paramilitares. También reconocen el derecho ciudadano a recurrir la decisión de la autoridad ante un Tribunal.

¿Si el gobierno apela a la “práctica internacional”, para restringir los derechos de las Damas de Blanco, entonces porqué permite los mítines de repudio de las “masas enardecidas” contra lo que el mismo califica, como manifestaciones contrarrevolucionarias (disidentes)?

En estos casos no importan las interrupciones del tránsito, ni los posibles enfrentamientos violentos, que pudieran ocurrir entre los manifestantes. Sin contar que los miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil y uniformados, del Ministerio del Interior y de la policía, participan en las mismas.

No las disuelven porque es el propio gobierno, el que convoca, organiza y dirige estas reacciones violentas, avaladas por sus medios de comunicación oficial, como legítimas. No obstante, la legislación penal sanciona al que provoque riñas o altercados en lugares al que concurren numerosas personas. La sanción se triplica si los hechos se realizan con el propósito de alterar de cualquier forma el orden público.

No es un secreto para nadie en centros laborales, estudio y barrio, a través de sus organizaciones sociales y de masa, están constituyendo Destacamentos de Respuesta Rápida (BRR), con la misión de enfrentarse a las protestas disidentes con armamento rústico: palos, cabillas y cables.

Los miembros de las BRR, actúan con total impunidad, porque los encargados de velar por la tranquilidad y seguridad ciudadana, los agentes policiales, no hacen absolutamente nada. ¿A eso llaman igualdad ante la ley?

Las restricciones al derecho de reunión y manifestación, que pretende imponer el gobierno cubano a las Damas de Blanco, son estrictamente de carácter político. Es una hipocresía, intentar acogerse a principios internacionales sobre derechos humanos, para justificar la discriminación.

Laritza Diversent

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Constitución cubana, Derecho de reunión y manifestación, Derechos humanos

¿Práctica internacional, de qué hablan? (I)

Foto: Orlando Luis Pardo

En Cuba, el derecho de reunión y manifestación está reconocido en la Constitución, aunque no está definido. La legislación penal lo protege mediante la tipificación de conductas que atenta contra su legítima ejecución. Sin embargo, remite a disposiciones jurídicas sobre la materia, para sancionar a los que impidan el ejercicio de esta facultad y a los que la ejerzan de forma ilícita.

Sin embargo, en nuestra legislación no existe ninguna disposición jurídica que regule el contenido y alcance del derecho de reunión y manifestación, no obstante, ser frecuentes los desfiles por céntricas avenidas, todos convocados y organizados, por el propio gobierno y con un marcado carácter político-ideológico.

La ausencia de legislación al respecto, fue lo que obligó al gobierno cubano, representado por miembros del Ministerio del Interior, a hacer referencia, en un comunicado verbal a las Damas de Blanco, a la práctica internacional y no a una disposición jurídica de su sistema legal, para justificar su decisión de restringir en grado sumo, el ejercicio del derecho de manifestación a estas mujeres.

“De acuerdo a la práctica internacional, solo se practicará un recorrido en el área de la Iglesia de Santa Rita de Casia, desde la calle 30 hasta 22, por el Paseo Central sin afectar el tránsito, con la participación de las Damas de Blanco y diez de apoyo. En cada ocasión que se vaya a utilizar ese escenario, la responsable o asignada, lo informará a la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de la calle Zanja, 72 horas antes…” (El Oficial de alto rango de la Seguridad del Estado, nombrado “Samper”, permitió a Laura Pollán, copiar un fragmento)

Las Damas de blanco están constituidas por un grupo de mujeres que asisten a misas, en diferentes Iglesias católicas de la capital, para orar en favor de sus familiares, en su mayoría presos políticos encarcelados en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003.

Caminan el trayecto de ida y regreso hacia los templos, en silencio, vestidas de blanco y con gladiolos en las manos. Junto a ellas transitan otras féminas, que en solidaridad exigen igualmente la liberación de los presos de conciencia, catalogadas como Damas de Blanco de apoyo.

Sin embargo, a nivel mundial, el derecho de reunión y manifestación se regula de forma general en instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas. Es decir, se establecen los principios o requisitos esenciales que permiten realizar el derecho. Le corresponde a cada estado reglamentar en su legislación, los requisitos necesarios para ejercer los mismos.

En ese sentido no puede hablarse de una práctica internacional uniforme, respecto a la regulación legal de esta prerrogativa humana. Lo que más pudiera apreciarse, son los elementos comunes utilizados por los diferentes gobiernos, para regular jurídicamente el derecho de reunión y manifestación, dentro de sus territorios.

No obstante, es una desvergüenza hacer referencia a una práctica internacional, si de derechos humanos se trata, cuando los máximos representantes del gobierno cubano, no se han decidido a ratificar los tratados internacionales en la materia. Mucho más aun, cuando considera que las exigencias de respeto a los mismos dentro de la Isla, por parte de los diferentes gobiernos democráticos del mundo, constituyen condicionamientos e imposiciones inaceptables.

Laritza Diversent

 

 

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