Derechos humanos, Ley Mordaza, Libre Expresión, Mi Isla, Sistema de Justicia, Sobre la ley cubana

Ley mordaza

El Código Penal (CP) caracteriza y sanciona conductas que van contra la Seguridad del Estado, la economía y el orden público, etc. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico está vigente otra disposición de carácter penal, con la misma jerarquía y que protege los mismos objetivos: La ley No 88, “De protección de la Independencia y la Economía Nacional”, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

No obstante, existen diferencias entre ellas en cuanto a la redacción de sus normas. La Ley 88 es más confusa e imprecisa, lo que dificulta su interpretación. Por ejemplo, en el Código Penal prohíbe conductas que van contra el orden legal: desórdenes público, instigación a delinquir, etc. En cada uno de ellos el legislador deja claro, los supuestos hipotéticos en los que se corporifica el delito.

…”El que…, de gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP)…”El que provoque riñas y altercados…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP)…”El que…, incite públicamente a cometer delito determinado…” (Instigación a delinquir, art 202.1 CP).

Explicito queda también el carácter de los lugares donde ha de desarrollarse la acción delictiva… “en lugares públicos, espectáculos, o reuniones numerosas…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP),… “en establecimientos abiertos al público, vehículos de transporte público, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas, u otros actos o lugares al que concurran numerosas personas…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP).

En el artículo 8 de la ley No 88 (Apartado 1), sanciona a todo… “El que perturbe el orden público con el propósito…” y al… “El que promueva, organice o incite a realizar las perturbaciones del orden público a que se refiere el apartado anterior” (Apartado 2).

En este artículo nada se dice acerca del carácter de los lugares donde debe manifestarse supuestamente la conducta socialmente peligrosa. Tampoco se describen las posibles acciones a realizar, para que se considere alterada la tranquilidad ciudadana. No se tipifica el delito.

Cualquier acción puede ser considerada por las autoridades, como una perturbación del orden público. De esta forma crea un clima de inseguridad para la ciudadanía destinataria de la norma.

De este análisis sacamos una lección y descubrimos una de las estrategias de la clase política cubana: la redacción de normas con supuestos de hechos hipotéticos, indefinidos y con un alto grado de abstracción, que hace de la interpretación y aplicación de la Ley Mordaza, sea escabrosa y de lugar a arbitrariedades, bajo un supuesto interés social.

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Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos humanos, Libre Expresión, Mi Isla

Libertad de expresión en la legislación cubana

La libertad de expresión es reconocida internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Estas prerrogativa incluye la de no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.

El artículo 53 de la Constitución Cubana reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Según el precepto, las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. Por último, aclara que la ley regula el ejercicio de estas libertades.

No obstante, la tutela constitucional de la libertad de expresión, a pesar de ser una garantía jurídica, no es suficiente para afirmar que en Cuba se ejercita y disfruta.

Primero: el artículo analizado es deficiente técnica y jurídicamente. El legislador confundió el derecho, con la garantía material necesaria para su ejercicio. Condición inútil, dada la naturaleza y característica de este tipo de libertad. La misma consagra espacios que el estado no tiene que crear; porque son connaturales al ser humano, en virtud de lo cual sólo tiene que respetarlos y protegerlos.

Segundo: El hecho de que los medios de comunicación social estén en poder del Estado no constituye una garantía de ejercicio de este derecho. En Cuba las prerrogativas humanas, reconocidas en las Constitución de la República, no se pueden ejercitar contra la existencia y fines del “Estado Socialista. Significa que su ejercicio legal es severamente limitado, cuando los derechos son irrestringibles. Admiten solamente limitaciones mínimas, sólo en función del orden público.

Tercero: según la Constitución de la República, la libertad de palabra y prensa debe ser desarrollada en una ley, única forma de ejercitar y defender este derecho. La Asamblea Nacional, órgano supremo del Estado con potestad legislativa, conscientemente, ignora los mandatos expresos de la Carta Magna. Aun no adopta una Ley que regular este importantísimo derecho en la legislación ordinaria.

Cuarto: la Asamblea Nacional, puso en vigor la Ley 88, “De Protección de la Independencia Nacional y la Economía”, disposición normativa de carácter penal, que impide a los ciudadanos expresarse y difundir sus opiniones acerca de la gestión política, económica y social, del actual gobierno.

Esta ley, también conocida como “ley mordaza”, sanciona a todo aquel que busque y suministre información, acumule, reproduzca y difunda materiales que critiquen el sistema político, colabore con sus opiniones, por cualquier vía, con emisoras de radio y televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros.

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Derechos humanos, Libre Expresión, Mi Isla, Violación

La crítica puede ser un delito (II)

Juan, un comentarista, me hizo saber que había enviado un “abajo Fidel al Granma” por correo electrónico, sabiendo que es un delito en Cuba. Me pregunta, qué sanción podrían aplicarle si supieran quien es.

Primero, no creo que las autoridades cubanas vayan a perseguirlo por enviar un mensaje. Si lograran identificarlo (individualizarlo como persona con todas sus generales) cuanto más, no lo dejarían entrar al país. Me alegra muchísimo, que esta persona conozca la ley penal cubana.

La legislación penal vigente protege a los dirigentes, funcionarios y las instituciones del Estado contra las expresiones y opiniones negativas de la ciudadanía. En otras palabras, la crítica en Cuba puede ser un delito.

El Código Penal regula varias figuras delictivas que protegen el honor de las personas de una forma general: la difamación, la calumnia y la injuria. Sin embargo, el desacato da protección exclusiva a las autoridades, además de la que brinda los antes mencionados delitos.

Se pena con multa o privación de libertad de tres meses a un año al que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

La sanción inicial de Orlando Zapata Tamayo fue por la comisión de este delito. Un prisionero de conciencia, muerto en prisión tras 86 días de huelga de hambre. Le tocaron tres años de cárcel, porque la figura delictiva se agrava cuando se comete, respecto al Presidente o los miembros del Consejo de Estado, de Ministros y de la Asamblea Nacional. Así es, un delito común, fuertemente vinculado a la política.

Quiere decir, que mofarse del compañero que reflexiona, llamarle estúpido por sus incoherentes políticas, o catalogar al presidente del parlamento de cínico puede ser interpretado por las autoridades policiales, como un delito de desacato.

Juan me pregunta además cómo pudieran las autoridades cubanas identificarlo. No lo sé. Sólo intento prevenirle de los riesgos.

El comentarista, lleva razón cuando dices que, “La ley penal cubana es aplicable a todos los delitos cometidos en el territorio nacional o a bordo de naves o aeronaves cubanas, en cualquier lugar en que se encuentren, salvo las excepciones establecidas por los tratados suscritos por la República” (artículo 4.1 Código Penal).

Sin embargo, debe leer con cuidado el artículo 15.1 del mismo cuerpo legal. La norma especifica que “El lugar de la comisión de un delito es aquel en el cual el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, o en el que se produzcan sus efectos“.

Juan debe recordar que, vive en España, pero cuando entra a la Isla lo haces como ciudadano cubano, y el artículo 5.1 del Código Penal establece que “La ley penal cubana es aplicable a los cubanos y personas sin ciudadanía residentes en Cuba que cometan un delito en el extranjero, si se encuentran en Cuba o son extraditados”.

Las Leyes penales, para nuestro pesar, son muy generales y abstractas. Explico: tiene supuestos de hechos (parte de la norma que describe las conductas prohibidas) muy amplios. Esto da la posibilidad al régimen de interpretarlas y aplicarlas sin mucho rigor y a voluntad. En Cuba, el poder judicial depende de las instrucciones del Consejo de Estado. Así lo ordena la Constitución de la República.

Si Juan quisiera tener la certeza, de que no será perseguido si entra en Cuba, le recomiendo a que espera a que la acción penal prescriba. Es decir, que deje correr el tiempo, contado a partir del día en que envió el mensaje. Según la sanción que señala el delito de desacato, son tres años (artículo 64.1, inciso d, Código Penal).

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CDR, Derecho de Asociación, Derechos humanos, Mi Isla

Costumbre enraizada

¿Exactamente como se produce la afiliación de los menores a los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)?

Cuando cumples los 14 años comienzan a citarte y exigen tu presencia, en las reuniones de la organización y los trabajos voluntarios. Los padres (tutores legales) ni lo consienten ni lo rechazan. El consentimiento es tácito, no hay ninguna formalidad legal.

No hace falta autorización escrita de los padres. Ellos saben (los progenitores), que sus hijos para sobrevivir y ‘ser alguien en la vida’ necesitan los avales de cada una de las organizaciones. Ellos también la necesitaron. La experiencia se trasmite de generación en generación.

No protestan cuando les piden la cotización de su hijo menor de edad. Incluso, a menudo, se da el caso de que, papá o mamá, sea quien te exija estar presente en la reunión. Mantener las apariencias es cuestión de necesidad.

Saben que el CDR no puede resolver el problema del alumbrado público, el abasto de agua, la situación del transporte. Sin embargo, están conscientes, de cuánto daño hace, una opinión negativa del presidente del comité o el de vigilancia.

La casa de estos ‘dirigentes’ es referencia obligada de los órganos represivos del gobierno: Policía nacional revolucionaria (PNR), seguridad del estado (DSE), departamento de trabajo investigativo (DTI). Son ellos los que le confirman al Estado, si usted es propietario de un inmueble o auto y pretende abandonar el país. Sus valoraciones inciden en la determinación de una sentencia.

Los tutores legales conocen las consecuencias de negarse a cotizar por el hijo o declarar públicamente que no está de acuerdo con que integre las filas de la organización, porque es menor de edad, y como tal, no tiene capacidad de obrar ni independencia económica.

Es como una costumbre enraizada. La organización agrupa toda la ‘masa’. A medida que la masa crece y se renueva, debe incorporarse al proceso. Es una de las herramientas utilizadas en la construcción del hombre nuevo.

Comienza desde pre-escolar con la guardia Pioneril, sigue con la incorporación a cuantas organizaciones sociales y estudiantiles tiene el sistema. En todas te piden lealtad a la ‘Revolución’ y sacrificios por ella.

No obstante, puedo asegurar que menos del 1% de los miembros del CDR, conocen los estatutos de la organización. Lo importante es el compromiso, no a lo que te comprometes. Si estas consiente o no, no interesa. Tampoco si cumplirás con las obligaciones asumidas.

He visto como una hija vota por su madre que cumple misión en Venezuela, a petición de uno de los dirigentes del comité, que quiere que su colegio electoral tenga el 100% de asistencia en las urnas. También, como la madre de una incapacitada declarada judicialmente, paga la cotización de su hija en el CDR y como esta (la hija) ejerce su derecho al voto.

Lo más triste de todo, es que la mayoría de los ciudadanos no tiene conocimiento de esa situación. Para ellos es algo normal. Somos un pueblo con instrucción generalizada, pero analfabeto jurídicamente.

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Restricción y violación al derecho de asociación en Cuba

En Cuba para constituir una asociación se requiere la autorización del Ministerio de Justicia. Este, mediante un juicio discrecional, decide si un grupo de ciudadanos pueden ejercer el derecho reconocido constitucionalmente. Fallo que depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

El derecho a la libertad de asociación es ampliamente reconocido como un derecho civil individual, de carácter sustancial. Principalmente, porque brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado, cuando las personas deciden asociarse con otras. Además de ser imprescindible para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática.

La protección de este derechos comportar, no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino propiciar en ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurar el ejercicio efectivo de la libertad. Estos derechos pueden ser restringidos, pero sólo de acuerdo con ciertas condiciones estrictas, no por discreción de las autoridades gubernamentales.

El estado cubano no solo otorga potestad discrecional al Ministerio de Justicia para autorizar la constitución de una asociación conforme a la ley. También impone relaciones de subordinación y dependencia funcional a las agrupaciones que autoriza. Restringiendo innecesariamente la libertad de acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dentro de la Isla.

Exige como requisito sine qua non para la constitución de la asociación, normas de relación y dependencia funcional con una organización estatal. Igualmente las somete a una doble fiscalización. El Ministerio de Justicia también inspecciona las actividades de la misma e impone sanciones administrativas.

Sin embargo, la violación más grave de este derecho la comete, cuando da la callada por respuesta a los disidentes que le solicitan reconocimiento legal para funcionar como ONG. A esto se suma que la amenaza, comúnmente empleada por los órganos de la Seguridad del Estado contra la oposición, es acusarlos de un delito de asociación ilícita.

La legislación penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 meses a la persona que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscripta en el registro correspondiente. La sanción se triplica para los promotores o directores de la misma.

Frente a estas violaciones poco o nada se ha podido hacerse. Sin embargo, un acontecimiento reciente, calificado de excepcional y sin precedentes en los 51 años de ‘Revolución’, demostró, que puede emprenderse acciones legales, contra el silencio de la administración socialista.

Una organización de abogados independientes, denominada Asociación Jurídica Cubana (AJC) demandó ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, a la Ministra de Justicia María Esther Reus, por impedirles ejercer el derecho de asociarse legalmente, el pasado 24 de junio.

Esta es la primera vez, que una organización discrepante interpone una acción legal, ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

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Procedimiento para legalizar una asociación en Cuba

Después de formada la agrupación se presenta una solicitud al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, para que éste, expida una certificación que acredite que no existe en el país ninguna organización no gubernamental (ONG) u oficial con el nombre y los mismos propósitos de la referida asociación. Certificación que acompaña al resto de los documentos de solicitud de constitución.

Así la norma establece que cuando la asociación sea de carácter nacional es necesario canalizar la solicitud a través del órgano o dependencia estatal que tenga relación con los objetivos de la asociación que se pretenda crear.

Si los fines son de carácter provincial o municipal, estará encargada de recibirla el comité ejecutivo, actual Consejo de la Administración de la Asamblea del Poder Popular, según se corresponda (provincial o municipal)

Dichas entidades valorarán y remitirán informes al MINJUS, exponiendo sus consideraciones, en relación con el hecho de si procede o no la autorización. Es el MINJUS el que mediante resolución autorizará o denegará la constitución de la asociación en conformidad con lo establecido en la ley y en el reglamento (art. 7 Ley de Asociaciones).

Dicha resolución puede ser impugnada, interponiéndose recurso de alzada ante el Ministro de Justicia y la Resolución que resuelva el recurso podrá ser impugnada en la vía judicial. (Art. 20 de la mencionada ley)

Los órganos mantendrán una estrecha vinculación con las asociaciones ya constituidas y velarán por su actividad coordinando y colaborando con el desarrollo y funcionamiento de la entidad en la consecución del fin propuesto en su actuar. El Ministerio de Justicia también velará por el funcionamiento de la asociación y podrá imponer sanciones administrativas recurribles. Estas normas de relación y doble fiscalización en su actuar, constituyen relaciones de dependencia y subordinación de la organización a los intereses estatales.

Conclusión: las asociaciones en Cuba se constituyen por un acto de autonomía privada seguido de un control administrativo de tal iniciativa, procedimiento que concluye con la inscripción en el Registro correspondiente, que determina su personalidad jurídica.

Existen en Cuba asociaciones de que tiene una forma especial de constitución, por ejemplo, las cooperativas de de créditos y servicios (CCS), y de producción agropecuaria (CPA). En estos casos los interesados requieren que el Estado declare, que reconoce como persona jurídica a la agrupación, siempre que se constituyan conforme al contenido indicado, y a las condiciones impuestas, por la Ley 36 de 22 de julio de 1982.

El Estado comprueba si dichas condiciones han sido cumplidas por el ente que se le presenta, y en caso afirmativo, la constatación oficial de las observancias prescritas y el consiguiente orden de registración y publicidad, son los que le confieren personalidad jurídica al ente. La ley no es la fuente de dicha constitución.

Las organizaciones políticas, sociales y de masas reconocidas como personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico, también tiene una sui generis de su formación. Esta, son consideradas en el sistema legal como organizaciones de personas con independencia jurídica, a cuyas decisiones y acuerdos se concede el valor de actos de voluntad, con poder de disponer y obligar a su patrimonio, por cuestiones histórico-políticas.

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Requisitos legales para asociarse en Cuba

Los cubanos tienen reconocido constitucionalmente, el derecho de asociación. Sin embargo, hay que distinguir entre derechos refrendados constitucionalmente y el reconocimiento estatal, de la personalidad jurídica de la asociación, como sujeto capaz de asumir derechos y también obligaciones. Ese reconocimiento es el que permitirá el ejercicio de la capacidad jurídica de la organización.

En Cuba las asociaciones se constituyen conforme a los requisitos establecidos en las leyes. La Ley de Asociaciones (Ley 54 de 27 de diciembre de 1985) y su reglamento, determinan dichos particulares y una vez que se cumplan los mismos, se les reconoce como persona jurídica.

No obstante, para considerar que ha nacido una asociación, es necesario primero, la formación del ente, segundo, el reconocimiento estatal o legal del mismo. El primer momento está vinculado a la voluntad de los interesados, al hecho de la agrupación de personas para la consecución de un fin, o la adscripción de un patrimonio a la realización de determinado fin.

La legislación no impone formalidad alguna para que los futuros miembros de la asociación muestren su intención de crear la misma, no siendo necesario que exterioricen su voluntad en escritura pública, según la norma.

El segundo momento, se refiere al hecho legal de reconocimiento, que tiene como última fase, la inscripción registral de la persona jurídica. Su existencia legal se acredita con la certificación expedida por el Registro donde esté inscripto (artículo 18 de la Ley de Asociaciones) lo que indica el carácter constitutivo de su inscripción. El sistema legal no considerará asociación, a la agrupación que no aparezca inscrita en el Registro de Asociaciones.

La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización de un órgano estatal, que depende de una investigación de legalidad y conveniencia. La autorización es un acto administrativo discrecional otorgado por la administración (Ministerio de Justicia) a solicitud de parte, en este caso, de los fundadores o grupo de personas interesadas en cumplimentar un fin social.

La ley permite exclusivamente las asociaciones con fines científico, cultural, artístico, deportivo, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que se propongan fines de interés social. La constitución de agrupaciones políticas está prohibida implícitamente dentro del sistema por la vigencia constitucional de monopartidismo.

Se excluye a las organizaciones de masas y sociales, a las asociaciones eclesiásticas o religiosas, las cooperativas de producción agropecuaria, de créditos y servicios y otros (art. 2).

El Estado aprecia la licitud del fin y la oportunidad de que surja y funcione de forma autónoma en la vida social. Evalúa el fin social, sin ánimo de lucro en su actividad. Dentro de los elementos necesarios a tener en cuenta, aparece el patrimonio social, que se convierte en un elemento sine qua non para su constitución.

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