Tribunal de la Habana emplaza a firma panameña, socia en la Empresa Mixta Río Zaza

 

Laritza Diversent

La Sala de lo Económico del Tribunal de La Habana emplazó a la sociedad mercantil de nacionalidad panameña, Ingelco S.A., para que se persone y conteste la demanda en el término de sesenta días hábiles, contados a partir del 28 de marzo de 2012.

En el aviso, dictado el pasado 23 de marzo de 2012 por el Tribunal Supremo y publicado extraordinariamente el día 27 del propio mes, en la Gaceta Oficial de la República, órgano de publicación de las leyes nacionales, la antigua Audiencia de la Habana ignora el domicilio legal de la firma.

Según la Secretaria de la sala judicial, Mara Piedras Velarde, el órgano de justicia de la capital, tramita, desde el 2010, la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A., a solicitud de la Corporación Alimentaria S.A.

Ingelco S.A. tuvo contrato de asociación económica internacional con la Empresa Combinado de Cítricos Héroes de Girón, vigente hasta 31 de diciembre de 2005, y el Combinado Lácteo Río Zaza, por 13 años desde el 10 de agosto de 1998, según Resolución del entonces Ministro de Comercio Exterior, Raúl de la Nuñez Ramírez.

El aviso del tribunal también advierte que de no contestar “se le tendrá por conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas”. Además le notifica una resolución judicial que dispone la modificación de las medidas cautelares, sin especificar cuáles, y la cita para que asista a la vista convocada para el próximo 30 de julio de 2012 a las diez de la mañana.

Alimentos Río Zaza S.A, industria envasadora de productos lácteos, jugos, alimentos y bebidas alcohólicas, esta aprobada por 15 años, contados a partir del 26 de enero de 2001 y autorizada a ejecutar directa y permanentemente operaciones de comercio en el mercado interno cubano.

Max Marambio, empresario chileno de 63 años, es copropietario en sociedad con el gobierno cubano, de la firma Río Zaza a través de su empresa Internacional Network Group (ING), también una firma panameña.

El conglomerado empresarial, que llegó a facturar decenas de millones de dólares anuales en negocios relacionados con Cuba, recibió renovación de su licencia comercial en 2005 y 2008. En el 2010 se le suspendió de forma temporal la autorización para operar y en el 2011 se le canceló definitivamente.

Alimentos Río Zaza S.A fue sometida a una auditoría por irregularidades en su manejo y vinculada a un escándalo de corrupción, que involucró Ofelia Liptak, su directora comercial, y a su esposo, Rogelio Acevedo González, general de la Revolución y ex presidente del Instituto de Aeronáutica Civil. El 13 de abril del 2011, su Gerente General, el chileno Roberto Baudrand, murió en La Habana, después que Las autoridades cubanas le impidieran salir del país.

Marambio, con residencia en Chile, fue procesado en ausencia en marzo de 2011 y sentenciado a 20 años de prisión, en mayo de ese mismo año, por “cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios o de comercio, todos de carácter continuado”, según nota oficial del periódico oficial Granma.

En el proceso resultó también sentenciado a 15 años de prisión, el ex ministro de Industria Alimentaria, Alejandro Francisco Roca Iglesias, por dejarse corromper, favorecer al empresario y de comprar a su consorcio productos sobrevalorados, causando un grave perjuicio a la economía cubana.

Actualmente, los precios de los productos comercializados por Río Zaza en las estatales tiendas de recaudación de divisas, subieron entre 5 y 15 centavos moneda libremente convertible, en el mercado interno cubano.

Reajuste económico en detrimento de los derechos

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent

Lineamientos económicos ignoran políticas de segregación en la isla

En el proyecto de lineamientos de la política económica y social propuesto por los comunistas cubanos, aseguran que está presente la Igualdad de derecho y de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo. Sin embargo, ningún punto toca el respeto a los derechos de los cubanos

Al contrario continúan latente en la “actualización del modelo económico socialista”, la de discriminación de los cubanos, respecto a los extranjeros. Principalmente a la hora de participar en la economía nacional.

Los comunistas de la isla continuaran propiciando la participación de capital extranjero, mientras que evita la formación de los nacionales, con excesivas regulaciones y control estatal. No obstante, la Constitución cubana equipara a los extranjeros con sus nacionales, en el disfrute de los derechos.

Mientras los extranjeros son los únicos reconocidos para intervenir conjuntamente con el estado engrandes empresas, los nacionales deben conformarse con ejercer las actividades, que impide el progreso individual y familiar ¿A eso llaman igualdad de derecho y oportunidades?

Para nadie es un secreto los privilegios que goza un extranjero dentro de Cuba, desde el punto de vista económico y social. Por supuesto, esas libertades no son exigencias externas, sino pura política gubernamental.

Mientras un cuentapropista debe pagar impuesto por los ingresos que percibe, gravados hasta un 50 % si supera los 50 mil pesos, los foráneos lo hacen solo por las utilidades en un 30%. La política es aplicar mayores gravámenes a los ingresos más altos, obstaculizando la actividad de los cubanos en su propia economía

Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia son pura formalidades. Aun no se puede decir que favorece a nuevos actores, que tiene la responsabilidad de contribuir con las cargas del estado, generar empleos y aumentar la productividad del país. Tampoco tiene en cuenta que muchas familias dependerán del progreso de la actividad de los cuentapropistas

Es justo reconocer que la inversión extranjera en cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian, ni tampoco justifica políticas de diferenciación.

En la Constitución estatal de la isla, la discriminación por origen nacional está proscrita y es sancionada por la ley. Sin embargo aun no se legislado ninguna norma que haga efectivo este principio. Más cuando es el propio gobierno quien instrumenta políticas de segregación, que priva a sus nacionales de invertir en su economía convirtiéndolos en irresponsable ante su destino.

Laritza Diversent