Trato cruel, inhumano y degradante

Laritza Diversent

Laura Álvarez Rojas, una cubana residente en Sudáfrica, en menos de 9 meses perdió dos de sus seres queridos. Su hermano, Alberto Álvarez Rojas, residente en la isla, falleció el pasado día 13 de marzo, en un accidente automovilístico en ese país.

“Aun sin reponerme del dolor de perder a mi madre, me vi ante la muerte de mi hermano desarmada y terriblemente deprimida”, escribió Álvarez Rojas en una carta para algunos amigos. Decidió llevar sus restos a la tierra natal y compartir tan dolorosa pérdida con sus familiares en Cuba.

Realizó todos los trámites burocráticos que exigen Inmigración y Extranjería para entrar en la isla. Prorrogó su pasaporte, legalizó el certificado de defunción de su hermano y pagó todo los aranceles consulares. El pasado 23 de marzo, salió del continente africano en vuelo KL 0592 y aterrizó en Cuba a las 6 de la tarde del siguiente día.

Se sorprendió cuando una funcionaria de inmigración le dijo en la taquilla, que no estaba permitida su entrada al país y no sabía los motivos.  En una oficina aparte pidió revisaran su nombre. En el 20011 entró 2 veces a Cuba sin problema. No vino a vacacionar. Su madre tenía cáncer terminal de hígado.  “No puedes entrar y punto, tu embajada en Sudáfrica es la responsable de explicarte los motivos”, contestó la funcionaria.

La oficial intentó descubrir porque le negaron la entrada “¿Pagaste tus importes en emigración en Cuba?”, preguntó.  “Si”, contestó Laura. “¿Te fajaste con alguna persona?”, volvió a preguntar.  “Nunca, ni antes ni después”, rebatió. “¿Saliste a pasear por algunos lugares?”, continúo interrogándola.  “Mis paseos fueron al hospital a transfundir a mi madre, a emigración y el aeropuerto”, refutó.

En un bolso estaban los restos de Alberto.  “A las personas que se le niegan la entrada a Cuba, no se les permite pasar equipaje”, agregó la funcionaria de inmigración.  “Pídele a la embajada que mande los restos de tu hermano por valija diplomática”, le aconsejó la mujer.

Desesperada llamó a su esposo, un médico desertor que lleva aproximadamente 10 años trabajando en Sudáfrica, a su hermana que la esperaba afuera y al cónsul de su embajada. “Apaga el teléfono no te puedes comunicar con más nadie”, le advirtió la oficial. La mujer “Entró en rabia y me arrebató el teléfono”, agregó Álvarez Rojas.

Laura no dejó de insistir en pasar los restos del hermano. “me vieron como loca hablando con todos los funcionarios, me encerraron en una oficina y fue cuando alguien me cogió por el cuello, rompiéndome mi rosario”, argumentó.

A pesar del maltrato y las agresiones físicas, continuó en su empeño. “Me arrodillé y le imploré que le dieran los restos de mi hermano a mi hermana que estaba afuera, a mí que me viraran, no me importaba”, insistió a otra oficial que la custodiaba en la oficina.

Laura no lo consiguió. La montaron en el vuelo KL 02724 el mismo día, en el avión que había llegado. Al piloto le informaron que era una ilegal por delincuente en Cuba. El hombre se enfureció cuando la joven le mostró sus papeles en orden, las cenizas de su hermano y el certificado de defunción de la embajada.

El aeronauta se quejo. No era la primera vez que pasaba. “Me mandaban para atrás sin pre-ticket para que en Holanda tuviera que pagar mi ticket hacia Suda África de nuevo”, argumentó Álvarez Rojas. Se negó a montarla en el avión sin el tique y advirtió que reportaría a Cuba con su línea aérea, por abusos frecuentes a sus ciudadanos.

La tripulación se esmeró en atenderla. “Me hicieron sentirme como persona ya que el tratamiento que recibí en mi país fue el de un animal”, continua. “Yo no llevaba un perro muerto, yo llevaba a una parte de mi Corazón”, afirmó Laura en un intento de desesperado de buscar comprensión y solidaridad por lo sucedido.

“No me dejaron llorar mi dolor con mis seres queridos , no dieron el derecho de abrazar a mi hermana que lloraba desesperada del otro lado y fui obligada a volver aquí con los restos de mi hermano, el corazón desarmado, la esperanza rota y la decepción más grande de mi vida”, concluyó. 

Laura insiste en buscar una explicación en la embajada de Cuba en Sudáfrica, aunque sabe que no existe razón para lo inexplicable.  Sin embargo, se equivoca cuando afirma que nadie puede entender lo que siente. Las autoridades cubanas tratan así a muchos de sus nacionales. Sin dudas un trato cruel, inhumano y degradante.

Balseros indefensos ante arbitrariedad de la Capitanía de Puerto

Laritza Diversent

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas están totalmente indefensos y no tienen forma de cambiar esa situación. No encuentran un abogado que quiera demandar a la Capitanía del puerto de la Habana por vulnerarle sus legítimos derechos.

El 17 de diciembre del año pasado, las autoridades los sorprendieron, junto a 4 personas más, en aguas cercanas a la costa en una balsa construida por ellos mismos, después de un intento fallido de salida del país. “Había mal tiempo y decidimos recalar”, afirma Pupo Fariñas.

El 3 de marzo del presente año, 2 meses y medio después, el Teniente coronel Jorge Luis Aluija Urgell, dictó resolución en la que afirma que los 6 balseros incurrieron en una infracción muy grave”. “Construyeron una embarcación rustica en la cual más tarde navegaron sin la autorización de la Capitanía de Puerto”, argumenta.

En 1994 por política penal, amparada en la vigencia de tratados internacionales (Acuerdos Migratorios), el Estado cubanos decidió no sancionar penalmente a los emigrantes cubanos que salen ilegalmente del país por vía marítima, en embarcaciones precarias y con riesgos para la vida.

Sin embargo, el gobierno, a través de la Capitanía del Puerto, los sanciona administrativamente cuando los detectas en la costa o en el mar, por infringir las normas sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional.

En Cuba está vigente un sistema para reprimir con multas y otras medidas, como el decomiso, violaciones de las disposiciones administrativas que no constituyeran delito, llamadas infracciones o contravenciones personales. Hasta la fecha, el gobierno ha puesto en vigor más de 90 disposiciones legales en materia contravencional.

Existen 14 infracciones sobre tenencia y operación de embarcaciones, calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 mil pesos, incluyendo el decomiso.

Yandi Vidal Cruz Alfonso de 22 años, Renny Leyva Risco de 26, Alexander Lara Céspedes de 36, Ricardo Mera Brides de 36 y Julio Cesar Rifa Rivero 33 años fueron multados con 3 mil pesos moneda nacional y a Roger Pupo Fariñas 31, le impuso el pago de 4 mil.

La reincidencia en la comisión de infracciones graves o incurrir a la vez en infracciones leves y graves, se sanciona con multa de 3 mil a 10 mil pesos.

Roger tiene además 12 intentos de salida del país. En diciembre de 2006 fue detenido regresando a la costa e interrogados por oficiales de Seguridad del Estado, pero no fue multado. Julio tiene otras 5 salidas. en 4 de ellas no fueron detectadas por las autoridades.

El capitán de puerto en su resolución indicó a los balseros, el derecho a recurrir su decisión. Los jóvenes buscaron asistencia legal en la sede de la Asociación Jurídica Cubana, dirigida por el Lic. Wilfredo Vallín. Los letrados de esta organización independiente le redactaron el escrito de reclamación.

“La resolución 16/12 de la capitanía del puerto de la Habana se notifico extemporáneamente”, consignaron en su alegato. “Se convierte en un acto jurídico ineficaz por no cumplir las formalidades establecidas en este caso su término para su aplicación”, argumentaron.

La capitanía del puerto les denegó la interposición del recurso. Los abogados de la AJC les recomendaron no pagar la multa. Sin embargo, las normas que rigen el sistema contravencional advierten que, para apelar una contravención, se debe satisfacer primero la penalidad.

Las multas se duplican de no pagarse dentro de los 30 días siguientes a su imposición. A los 2 meses de impago, se tramita, para su cobro, la vía de apremio mediante el embargo del sueldo, salario, pensión o cualquier otro ingreso que perciba el infractor.

Los balseros no se quedaron conformes. Su último intento, solicitar los servicios de un abogados de Bufetes Colectivos, que los representara en una demanda legal contra la Capitanía de Puerto. La Ley de Procedimiento Civil vigente regula un procedimiento para reclamar, en la vía judicial, las decisiones administrativas de los órganos estatales que vulneren derechos legalmente establecidos.

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas se personaron en la sede de 2 bufetes colectivos ubicados en el Vedado y Arroyo Naranjo, en la capital. Intentaron contratar 4 abogados. Todos se negaron. Los balseros asumen que, tal vez, solo tal vez, los letrados temen llevar una demanda contra una dependencia del Ministerio del Interior.

 

Rigurosa y severa justicia revolucionaria

Los cienfuegueros Bárbaro López Villavicencio de 44 años de edad, y Rafael Felipe Martínez Irizar de 41, ambos de la raza negra y adictos al alcohol, a mediados del 2009, acordaron llevarse una embarcación para salir del país destino México, y de allí, a los Estados Unidos.

En la configuración del plan distribuyeron las tareas. Martínez Irizar sería el encargado de localizar personas solventes, interesadas en abandonar el país, como una forma de obtener ayuda para sufragar los gastos de la operación. López Villavicencio buscaría el combustible y al patrón de la embarcación, a quien le pagarían por fingir un secuestro.

Pablo Gómez Castillo, un oficial de la contrainteligencia, denunció los hechos. Aun no tenían en su poder ni un litro de petróleo, cuando ambos fueron detenidos. El tribunal de Cienfuegos los declaró responsables, en concepto de autores, de un delito de salida ilegal.

Ninguna de las evidencias apreciadas por el tribunal pudo arrojar las fechas exactas de la comisión de la acción delictiva imputada a los acusados. El órgano de justicia estimó pruebas documentales sobre el lugar de la ideación del plan, de las averiguaciones e intentos por comprar petróleo, entre los días finales de mayo y principio de junio del 2009.

El hecho delictivo fue probado exclusivamente por declaraciones de los testigos y los inculpados, quienes en el acto de juicio oral confesaron haber ideado un plan que nunca llevaron a la práctica. En vano trataron de argumentar un desistimiento. El tribunal no lo valoró porque “ante las detenciones estuvieron haciendo gestiones y averiguaciones en torno al logro de los objetivos propuestos”.

El ‘peligroso plan’ “felizmente no aconteció gracias a la actuación oportuna de las autoridades”, que ante la detención de los enjuiciados impidieron el desarrollando de la ilegal actividad. Un reconocimiento por parte del tribunal en su fallo, a la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado en Cienfuegos, órgano encargado de la ‘investigación criminal’.

De nada valió que el fiscal reconociera, en sus conclusiones provisionales, que López Villavicencio “pensó hablarle para la misión” al testigo Rafael Jiménez Solís, capitán del ferro y de la patana que los acusados idearon secuestrar, sin embargo, “no lo llegó a concretar”.

Tampoco sirvió que “En el sumario fueron explicitas y detalladas sus confesiones, al punto de ayudar al esclarecimiento del supuesto hecho delictivo”, según argumentó el tribunal en la sentencia. Ingenuamente creyeron en la ley. El Código Penal exime de responsabilidad a la persona que desista voluntariamente de cometer un acto delictivo, cuando lo pone en conocimiento de las autoridades.

En su afán de enfrentar el delito y las injusticias, el tribunal provincial de Cienfuegos, pasó por alto, que todos los intentos de los acusados fueran infructuosos. Incluso reconoció en la sentencia que Martínez Irizar no pudo “materializar las gestiones realizadas en aras de localizar el combustible”.

Una muestra de “la eficiencia, trato racional y diferenciado, la adecuada comunicación con las personas, la profesionalidad y rapidez en el esclarecimiento de los hechos delictivo y demás servicios que brindan al pueblo”, los órganos de justicia y represión del gobierno revolucionario, según afirmó el diario Granma recientemente.

El tribunal apreció las declaraciones de 5 personas contactadas por Martínez Irizar, en su labor de promoción de la salida ilegal. Sin embargo, la sentencia omitió detallar, si estas tenían recursos para financiar la operación, requerimiento del plan ideado por los acusados. Por el contrario dejo por sentado que ninguna aceptó la propuesta, cosa rara en estos días.

Las pruebas para incriminarlos fueron valoradas “de conformidad de con los principios de la ciencia y la razón”. Bárbaro fue sancionado a 4 y Rafael a 5 años de privación de libertad, máxima pena que prevé el delito de promover y organizar la salida ilegal de personas de territorio nacional.

Si todos los cubanos que fraguan planes para abandonar el país, se sancionaran, la población penal de la isla alcanzaría los 11 millones de recluso. Esa realidad no importa, como tampoco interesó, en la determinación de la sentencia, la prevención y el arrepentimiento. Mejor es castigar ejemplarmente. Lo fundamental para la justicia revolucionaria, es aplicar la ley “con el máximo de rigor y severidad necesaria”.