Los mil y un intento

Los que conocen en el barrio a Pedro Luis García, lo llaman “el balserito”, por la cantidad de intentos de fuga del país, por vía marítima. Hasta hoy no ha logrado llegar a su meta, pero afirma no cesara en su empeño y que la única manera de detenerlo es meterlo preso.

Incluso recita de memoria el artículo 13 de la declaración Universal de los Derechos humanos, al ritmo del rap: “toda persona el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a salir de cualquier Estado, incluso del propio, y a regresar a su país”. Algunos lo tildan de loco.

En Cuba, la salida o entrada al país, está sometida a requisitos legales, que de ser incumplidos, constituyen un delito castigado con multas de 300 a 500 mil pesos, o penas de hasta 3 años de privación de libertad, pudiendo llegar hasta 8 años, si se emplea violencia o intimidación en las personas, o fuerza en las cosas.

Nadie creería que “el balserito”, con un poco más de un metro y medio de estatura y menos de 100 libras de peso corporal, haya resistido 14 intentos de salida ilegal del país. Nueve de sus intentos, ocurridos entre 1998-2004, fueron frustrado por las autoridades norteamericanas.

Fue devuelto en cumplimiento de los acuerdos migratorios existente entre ambas naciones en 1994, después del segundo éxodo del Mariel. En aquel entonces, el joven de 28 años, era apenas un adolecentes de 12.

A pesar de ser un delito, Pedro Luis nunca, fue sancionado por ese motivo. El estado cubano, en cumplimiento del tratado bilateral, se comprometió a suspender la aplicación de sanciones judiciales contra los balseros que fueran repatriados a la isla.

En 4 de sus últimos intentos, tuvo que voluntariamente regresar, por mal estado técnico de la embarcación rustica, mal llamada “balsa”. En el más reciente, hace menos de 8 meses, fue atrapado infraganti por las Tropas Guardafronteras cubanas, a nueve millas de de las costas de la isla.

Aunque, sucedió lo mismo que veces anteriores, cuando lo regresaban a su casa, esta vez fue diferente. Justo un mes después le notificaron una resolución de la Capitanía del Puerto de la Habana en la que le imponían, a él y a cada uno de sus compañeros de viajes, una multa de 8 mil pesos por incumplir las regulaciones sobre posesión y manipulación de embarcaciones.

Habían incurrido en 4 infracciones de las 14 que tipifica Decreto ley 194 “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional”, calificadas por la propia disposición, como muy graves.

Los multaron por construir embarcaciones sin autorización, utilizar en ello medios de procedencia ilícita, operarla sin estar inscrito en la Capitanía de Puerto y navegar por las aguas territoriales sin permiso.

La disposición emitida por el Consejo de Estado, faculta a la Capitanía de Puerto a aplicar el decomiso y multas administrativas, cuya cuantía van desde 500 pesos hasta 10 000, y dependen de la calificación que reciba las infracciones: leves, graves y muy graves. También se castiga la reincidencia o la comisión de varias contravenciones.

Pedro no lo esperaba, de hecho, ni siquiera sabía que existía tal norma. Tampoco entiende por qué la resolución del Capitán de Puerto no hizo referencia a la salida ilegal del país. “Bueno, si no es por una, es por otra, ellos siempre guardan un as bajo la manga”, comenta.

De todas forma no tiene ingresos ni bienes, con que enfrentar el pago de la contravencion. El balserito está convencido que debe seguir intentando huir del país. “Es mejor morir en el intento que deseando haberlo hecho, incluso es mucho mejor que terminar en prisión por no haber pagado una multa. Hasta los mil y un intento”, concluye.

 

 

Gobierno fomenta en la capital la migración y la xenofobia

Ana Luisa Millares, una holguinera de 43 años lleva menos de 8 viviendo en un barrio de la capital. Nadie se explica cómo, en tampoco tiempo, logró una línea de teléfono y una misión en Venezuela. Regreso con todo tipo de equipos electrodomésticos y dinero suficiente para en menos de 12 meses construir su casa.

No pocos vecinos están molestos con el aumento del nivel de vida de la señora Millares. Muchos no han logrado en su vida, la mitad de lo que esta mujer consiguió. En tono de desprecio y a sus espalda, la llaman la palestina. Apodo con el que los nacidos en la capital llaman a las personas provenientes del oriente del país.

La migración, principalmente del campo hacia la capital está determinada, en primer lugar, por la diferencia en el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país. Por otra parte el gobierno suple con los orientales, la fuerza de trabajo en los oficios que los capitalinos rechazan.

Del tema se habla poco o nada. Hasta hoy ningún análisis sociológico explica el porqué del recelo de los habaneros respecto a los orientales. Incluso normas legales impuestas por el gobierno para frenar la migración hacia la capital, como lo es el caso del Decreto 217 del comité ejecutivo del consejo de ministros, refuerzan ese sentimiento de apatía.

Algunos explican el asunto con hechos históricos. Según dicen, cuando los guerrilleros, en su mayoría orientales, llegaron a la habana en enero de 1959, destruyeron la capital. Convertidos en grupo dominantes tomaron los mejores inmuebles de la ciudad para sí y para cada uno de los miembros de su familia. Desde entonces, como dicen la agrupación de música bailable Los Van Van, “la Habana no aguanta más”

Entre los habaneros existen otras hipótesis para explicar esta situación. Algunos opinan que es un problema de idiosincrasia. Asegura que los orientales por lo general son incondicionales al gobierno; pero a la vez lo más hipócritas. Ana luisa para evitar la furia de los inspectores del departamento de enfrentamiento a las ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda, asumió la presidencia del Comité de Defensa de la Revolución.

Para respaldar la tesis mencionan el hecho de que los principales dirigentes del gobierno de la isla se nominan y eligen por los territorios del Oriente. También es una realidad que los orientales integran la principal fuerza de represión de la ciudadanía en la capital, la policía. Oficio rechazado por los capitalinos, incluso desde antes de que triunfara la revolución.

El hecho es reconocido por el Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro en su discurso pronunciado en la clausura de la primera sesión parlamentaria del año 2008, cuando afirmó que “si no vienen los orientales a cuidar los habaneros, empiezan a incrementarse los robos…”. Una frase que tiene más de una interpretación.

En realidad es el propio gobierno quien fomenta la migración desde otras regiones del país hacia la capital. El también General de Ejército en su discurso preguntó: “¿Quién va a construir en la Habana si no viene de casi todo el país y muy especialmente de Oriente constructores?…Hasta maestros hay que traer de las provincias del interior y sobre todo de oriente, para la capital. Y la capital creo que es la que mas habitante tiene”.

Esta situación ha determinado que en la Habana, capital de todos los cubanos, los ciudadanos oriundos del oriente del país sean más vulnerables desde el punto de vista social. Incluso algunas actitudes pueden calificarse de xenófobas. En el asunto el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Por una parte frena la migración vulnerando los derechos fundamentales de estas personas, y por otra las estimula, según su conveniencia.

Laritza Diversent

Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent