Cuba y su sistema de exclusión (II)

 

Los cubanos son excluidos en su propia tierra. Tanto los residentes en el territorio nacional, como los que radican el extranjero. Estos últimos son doblemente discriminados. No pueden invertir en la economía por ser aun ciudadanos del Estado y cuando entran al país son tratados extranjeros.

La Ley No 77, “De inversión extranjera”, establece que inversionistas extranjeros es (…)La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional.

En virtud de la normativa de esta disposición jurídica, los cubanos radicados definitivamente en el exterior, no tienen ningún obstáculo para invertir en la economía de su tierra natal. Tienen domicilio y capital extranjero. ¿Qué se lo impide entonces?

El artículo 32 de la constitución cubana establece que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la perdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Las causas de pérdida y recuperación de la ciudadanía antes de la reforma constitucional de 1992 eran específicas y figuraban en el texto de la’ Carta Suprema del Estado’. Ahora perdieron relevancia jurídica y deben ser reguladas por una ley.

Teniendo en cuenta el aumento de la emigración cubana, pudiera pensarse que el objetivo de la reforma, era eliminar ciudadanías. Todo lo contrario, las medidas aplicadas por el gobierno, tienden a retenerlas.

Convenientemente para las autoridades no se ha formulado la ley que regula las particularidades analizadas. La práctica es obligar a todos los cubanos a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacional. No es que admitan la doble ciudadanía, para ellos, con respecto a los nacionales, solo existe la cubana. En virtud de esto, no pueden invertir en la economía nacional.

Sin embargo, ya dentro del territorio pierden sus derechos como nacionales, todos los servicios están obligados a pagarlos en divisas, como si fueran extranjeros. Lejos de ser un privilegio, este particular viola los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales de los cubanos.

Laritza Diversent

La revolución que da y quita

Sandra hace 6 meses que vive en Ciudad de La Habana con su padre. Tiene 24 años y es maestra emergente de primaria. Trabajaba en su ciudad natal, Holguín; pero dejo la educación porque el salario no le alcanzaba. Ahora vende pastelitos en los portales de la Calle Monte.

Sandra estaba ahorrando para comprarse una casita. Pero la policía la atrapo cuando vendía dulces. Le pusieron una multa por especulación. Luego, la montaron en un tren de regreso a su provincia, por residir en la capital sin habérsele reconocido eses derecho. Fue víctima de la aplicación del Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana“.

La disposición restringe la libertada de movimiento de los cubanos; proveniente de otros territorios del país. Impide que residan, domicilien o convivan, con carácter permanente y sin autorización, en la capital. La norma también se la aplica a los ciudadanos, provenientes de otros municipios de la capital, que se domicilien en una vivienda ubicada en los La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de octubre, sin la correspondiente licencia.

Sandra tiene que pedir permiso al Presidente del Consejo de Administración Municipal para vivir en la capital. Antes debe acreditar ante la Dirección Municipal de la Vivienda el consentimiento expreso de su padre, como propietario de la casa. Necesita, además, un documento expedido por la de la Dirección Municipal de Arquitectura y Urbanismo, que certifique que la vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, y que cada conviviente tiene 10 metros cuadrados de superficie techada.

Aun cumpliendo todos los referidos trámites burocráticos, el problema de la joven no está resuelto. La decisión, afirmativa o negativa del Presidente Municipal, depende de la opinión que consta en un expediente que elaboraba al respeto, por la Dirección Municipal de la Vivienda.

Inútil es, que la Constitución de la República en su artículo 43, faculte a Sandra, como ciudadana cubana, a domiciliarse en cualquier zona o sector. Derecho, que según el precepto, fue conquistado por la Revolución, y si ella te lo da, también tiene la facultad de restringirlo.

Los “dirigentes históricos”, concentrados todos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se sintieron con la facultad de promulgar una disposición, que restringe un derecho ciudadanos. La vigencia del decreto 217, prueba que el gobierno cubano y sus líderes, no tiene voluntad de cambios positivos. Mientras tanto casos como el de Sandra, comunes en Cuba, siguen sucediendo y los culpables impunes.

Laritza Diversent

Leyes que violentan derechos

El Decreto 217 regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana y sus contravenciones, vigente desde hace 11 años, violenta un derecho humano reconocido en la Constitución de la República Cuba y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno, sin embargo, alega que en nuestro sistema jurídico las disposiciones normativas vigentes complementan y establecen garantías al ejercicio de todos los derechos humanos.

La referida disposición impide, que las personas provenientes de otros territorios del país, se domicilien, residan o convivan con carácter permanente en ciudad de La Habana, libremente. No obstante la Constitución de la República en su artículo 43 establece que:

El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:… se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;…

El precepto tiene relación con el artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Instrumento jurídico internacional de la que Cuba es parte desde 1948, y que se comprometió a cumplir.

El Decreto 217, fundamento su promulgación y vigencia, en un principio universalmente reconocido. En su segundo ‘Por cuanto’ alega que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto por las libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general.

Aunque no lo reconoce textualmente, dicho principio se corresponde, salvo la omisión de algunas palabras importantes, con el artículo 29.2 de la Declaración Universal que dice que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Bajo tal fundamento, el Comité ejecutivo del Consejo de Ministros, vio la necesidad de que se establecieran normas que regulan y coadyuven a garantizar, no solo el derecho de las personas el propósito de domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente y se trasladen desde otro territorios hacia ciudad de la habana, sino también el de los que ya tengan legalmente establecida su residencia en ella.

Es evidente que este órgano al promulgar el Decreto 217 de 22 de abril de 1997, limita una facultad humana bajo el fundamento que garantiza otra. No obstante que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

En el sistema jurídico cubano hay leyes que violentan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Ninguna de ellas se menciona en los informe, que el gobierno presenta, en el Consejo de Derechos Humanos.

Laritza Diversent