Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.

 

Rigurosa y severa justicia revolucionaria

Los cienfuegueros Bárbaro López Villavicencio de 44 años de edad, y Rafael Felipe Martínez Irizar de 41, ambos de la raza negra y adictos al alcohol, a mediados del 2009, acordaron llevarse una embarcación para salir del país destino México, y de allí, a los Estados Unidos.

En la configuración del plan distribuyeron las tareas. Martínez Irizar sería el encargado de localizar personas solventes, interesadas en abandonar el país, como una forma de obtener ayuda para sufragar los gastos de la operación. López Villavicencio buscaría el combustible y al patrón de la embarcación, a quien le pagarían por fingir un secuestro.

Pablo Gómez Castillo, un oficial de la contrainteligencia, denunció los hechos. Aun no tenían en su poder ni un litro de petróleo, cuando ambos fueron detenidos. El tribunal de Cienfuegos los declaró responsables, en concepto de autores, de un delito de salida ilegal.

Ninguna de las evidencias apreciadas por el tribunal pudo arrojar las fechas exactas de la comisión de la acción delictiva imputada a los acusados. El órgano de justicia estimó pruebas documentales sobre el lugar de la ideación del plan, de las averiguaciones e intentos por comprar petróleo, entre los días finales de mayo y principio de junio del 2009.

El hecho delictivo fue probado exclusivamente por declaraciones de los testigos y los inculpados, quienes en el acto de juicio oral confesaron haber ideado un plan que nunca llevaron a la práctica. En vano trataron de argumentar un desistimiento. El tribunal no lo valoró porque “ante las detenciones estuvieron haciendo gestiones y averiguaciones en torno al logro de los objetivos propuestos”.

El ‘peligroso plan’ “felizmente no aconteció gracias a la actuación oportuna de las autoridades”, que ante la detención de los enjuiciados impidieron el desarrollando de la ilegal actividad. Un reconocimiento por parte del tribunal en su fallo, a la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado en Cienfuegos, órgano encargado de la ‘investigación criminal’.

De nada valió que el fiscal reconociera, en sus conclusiones provisionales, que López Villavicencio “pensó hablarle para la misión” al testigo Rafael Jiménez Solís, capitán del ferro y de la patana que los acusados idearon secuestrar, sin embargo, “no lo llegó a concretar”.

Tampoco sirvió que “En el sumario fueron explicitas y detalladas sus confesiones, al punto de ayudar al esclarecimiento del supuesto hecho delictivo”, según argumentó el tribunal en la sentencia. Ingenuamente creyeron en la ley. El Código Penal exime de responsabilidad a la persona que desista voluntariamente de cometer un acto delictivo, cuando lo pone en conocimiento de las autoridades.

En su afán de enfrentar el delito y las injusticias, el tribunal provincial de Cienfuegos, pasó por alto, que todos los intentos de los acusados fueran infructuosos. Incluso reconoció en la sentencia que Martínez Irizar no pudo “materializar las gestiones realizadas en aras de localizar el combustible”.

Una muestra de “la eficiencia, trato racional y diferenciado, la adecuada comunicación con las personas, la profesionalidad y rapidez en el esclarecimiento de los hechos delictivo y demás servicios que brindan al pueblo”, los órganos de justicia y represión del gobierno revolucionario, según afirmó el diario Granma recientemente.

El tribunal apreció las declaraciones de 5 personas contactadas por Martínez Irizar, en su labor de promoción de la salida ilegal. Sin embargo, la sentencia omitió detallar, si estas tenían recursos para financiar la operación, requerimiento del plan ideado por los acusados. Por el contrario dejo por sentado que ninguna aceptó la propuesta, cosa rara en estos días.

Las pruebas para incriminarlos fueron valoradas “de conformidad de con los principios de la ciencia y la razón”. Bárbaro fue sancionado a 4 y Rafael a 5 años de privación de libertad, máxima pena que prevé el delito de promover y organizar la salida ilegal de personas de territorio nacional.

Si todos los cubanos que fraguan planes para abandonar el país, se sancionaran, la población penal de la isla alcanzaría los 11 millones de recluso. Esa realidad no importa, como tampoco interesó, en la determinación de la sentencia, la prevención y el arrepentimiento. Mejor es castigar ejemplarmente. Lo fundamental para la justicia revolucionaria, es aplicar la ley “con el máximo de rigor y severidad necesaria”.

 

Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent