Cuba también tiene leyes antiinmigrantes

No pocas veces el estado cubano se ha pronunciado contra las leyes antiinmigrante de los países desarrollados. Sin embargo, nadie podría imaginarse que en la isla existan normas legales al estilo de la SB 1070, que aprobó el estado norteamericano de Arizona, el pasado 23 de abril y que autoriza a la policía estatal, para arrestar a las personas sospechosas de ser inmigrante ilegal.

En el 2008 la Asamblea Nacional expresó su rechazo a la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, calificándola de flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales. Sin embargo, permite al gobierno castigar al nacional que permanezca en la capital de la nación, sin permiso.

La única diferencia entre el estado norteamericano y Cuba está en que, el primero aprobó una sola norma legal, y en la isla son varias: el Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana” de 1997, el Decreto-Ley No. 248, “Del Sistema de Identificación y del Registro de Electores” y su reglamento, la Resolución No. 6/07 del Ministerio del Interior, ambas del 2007.

Las dos últimas consideran ilegal al ciudadano que traslade su domicilio por más de 30 días, sin efectuar el cambio de dirección y su inscripción en el Registro de Direcciones. Además exigen a los cubanos mayores de 16 años, portar y mostrar su identificación a las autoridades y sus agentes, cada vez que estos se los soliciten.

Desde 1971, el gobierno cubano controla la circulación de sus ciudadanos dentro del territorio nacional, a través de los Registro de Población y de Direcciones. Estas instituciones son dirigidas por el Ministerio del Interior, órgano estatal, encargado de controlar la migración interna y externa del país y son complementados por libro que al efecto llevan, los Comités de Defensa de la Revolución.

Por su parte el Decreto 217, impide a las personas provenientes de otras provincias, residir en ciudad de la habana, la capital del país, sin previa autorización gubernamental.

La norma emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, instituye un sistema de contravenciones personales que castiga con multas que van desde los 200 pesos hasta 1000 pesos moneda nacional, para los que incumplan sus disposiciones. En todo caso exige a los infractores, la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

La aplicación de esta disposición también violenta la libertad personal, pues los órganos policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas sospechosa de ser un ilegal en la capital. Sin embargo, ninguna norma penal criminaliza la estancia en la capital como un delito.

No cabe duda de la actitud hipócrita de un gobierno que se auto cataloga defensor de los derechos humanos y critica a la Unión Europea y a Estados Unidos, por sus políticas antiinmigrantes, cuando restringe severamente a sus nacionales la libertad de circulación dentro de la isla.

Sueños que cuestan

José a sus 35 años sueña con manejar un Audi descapotable color plateado. Tiene los ojos abiertos, no le fue difícil regresar cuando su ventilador se detuvo por el apagón. El calor de la noche puso en actividad su cerebro. Pensaba en una solución para sus problemas existenciales.

Quería prosperar económicamente, pero convencido de que, cualquier cosa que inventara, lo llevaría la ilegalidad, y con ella, la posibilidad de ir a prisión. “Si fuera mexicano, arriesgaría mi vida cruzando la frontera”, dijo para sí mismo. Pero estaba en Cuba, un país que regula con rigor, la salida del país.

Ideo un plan atravesar el mar de 90 millas que lo separaba del sueño americano. Construir una embarcación rustica a la que el gentilmente llamó bote. Invitó a sus dos mejores amigo a participar de su empresa. Cada uno buscó dos tanques de hierro (55 galones), de los que comúnmente la población almacena sus reservas de agua.

Comenzaron su trabajo dentro de la sala de su casa. Primero Sellaron los recipientes con no más de 20 litros de agua dentro. Luego, los unieron entre sí con angulares, dejando entre ellos espacio para colocar neumáticos inflables de camión. Solo faltaba instalar la quilla rompe olas, cuando tocaron a la puerta.

Los nervios afloraron a la piel cuando vieron al jefe de sector, acompañado de con dos policías en un auto patrullero. Primero dijeron que los vecinos se quejaron por la bulla de martillos y motores, luego, que tenían información de que estaban construyendo una embarcación para salir del país.

Venían con una orden de registro, que ejecutaron al momento. Decomisaron aquello que poco se parecía a una barca y los condujeron detenidos hasta la estación policía. Para su sorpresa los soltaron a les cinco horas, sin ningún tipo de sanción.

Ingenuos, a los 15 días recibieron una resolución de la Capitanía de Puerto en la que le imponían una multa de 3 000 pesos moneda nacional, por construir una embarcación sin autorización.

La infracción, calificada de muy grave, está tipificada en el Decreto ley 194 de 19 de junio de 1999 “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional”, complementado por la Resolución No 2 de 7 de diciembre de 1999 del Ministerio del Interior que establece procedimiento para su aplicación.

La norma emitida por el Consejo de Estado, tipifica 14 infracciones calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 000 pesos, incluyendo la posibilidad de aplicar subsidiariamente la sanción de decomiso. La Capitanía de Puerto es la autoridad facultada para aplicar las medidas sancionadoras.

José adicionó a sus ya agobiantes problemas económicos, una multa que supera lo que podría ganarse legalmente, en un año. Dicen que soñar no cuesta nada, pero intentar hacer realidad un sueño, puede salir muy caro.

Leyes cubanas destruyen principio de inocencia

“Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”. El principio es regulado internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para el Estado cubano es intrascendente, a pesar de haberse comprometido en 1948 a respetar los derechos en ella contenida.

A la hora de legislar, no tiene en cuenta el respeto de los más elementales derecho, lo importantes es aplicar ‘medidas drásticas y ejemplarizantes’, contra aquellos que osen aprovecharse de las conquistas de la “Revolución socialista”. Mucho menos se detiene a reflexionar en las garantías que en la constitución estatal se obligo ofrecer.

En el 2003 el Consejo de Estado, presidido por el convaleciente Fidel castro, puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho, por vía administrativa, sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a los propietarios que arriende su inmueble sin autorización legal.

La aplicación de esta disposición parte de que “la propiedad de los ciudadanos sobre la vivienda y las tierras, constituye el resultado de la obra revolucionaria en beneficio del pueblo trabajador”. Declarando inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de los botines socialistas para lucrar y enriquecerse personalmente.

Visto así el consejo de estado facultó a la Dirección Provincial de la Vivienda a disponer la confiscación de los inmuebles propiedad personal, en estos casos. El procedimiento es sencillo. La Fiscalía o el Ministerio del Interior tienen la obligación de enviar las investigaciones penales al órgano administrativo, y este, luego de 7 días, dicta la resolución confiscatoria.

No pongo en duda la necesidad de “combatir con mayor rigor y energía” estos males. No obstante, es inaceptable que en la represión de estas conductas se violen garantías humanas, como lo es el principio de presunción de inocencia. El decreto Ley 233 se aplica independientemente de lo que al respecto determine un tribunal en un proceso penal.

Si los procesados en virtud de esta disposición, son declarados culpables en la vía judicial, resultan doblemente sancionados. Pierden su libertad y también sus bienes. Si son declarados inocentes, son castigados sin motivo alguno.

En todo caso hay una violación de los derechos fundamentales. Las víctimas de esta disposición no cuentan con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos de la administración, que violen su derecho reconocidos por la Constitución Estatal de la isla, que “garantiza la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio”.

Los afectados por el Decreto Ley 232, cuentan con tan solo 3 días, después de la notificada la resolución confiscatoria, para impugnar, por medio de la revisión, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, hecho que no interrumpe la ejecución de la confiscación.

La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral prevé un proceso contencioso administrativo contra actos y decisiones de los Organismos de la Administración Central del Estado que violenten derechos ciudadanos. Sin embargo, la disposición emitida por el Consejo de estado, no permite recurrir la decisión del máximo dirigente del Instituto Nacional de la Vivienda, ni en la vía administrativa ni en la judicial.

El ejercicio de derechos humanos en Cuba, son restringidos y violados por las leyes. El decreto ley 232 es un ejemplo de ello. En su aplicación destruyen el principio de inocencia y también coloca al ciudadano en estado de indefensión.