Citación Oficial, Garantías judiciales

Proceso legal para citar oficialmente a un ciudadano

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación. El proceso debe garantizar, que los ciudadanos, no sean molestados innecesariamente.

Según el artículo 91 de Ley de Procedimiento Penal (LPP) la citación oficial se practica, “a mas tardar, al siguiente día de dictada la resolución…en virtud de la cual se haya de hacer la citación…” Significa que el primer paso de una autoridad que pretenda citar a un ciudadano será dictar una resolución judicial.

De lo expuesto en el artículo 177 de la LPP se desprende que esa resolución judicial ha de adoptar la forma de auto: “cuando sea urgente el examen de un testigo podrá citársele verbalmente, para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula a que se refiere el artículo 86, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia“.

El artículo 43 de este cuerpo legal aclara que los autos se redactan y se firman por el instructor, el fiscal o todos los jueces del tribunal, según el caso, y el secretario actuante. De ahí que el primer requisito que ha de cumplir la citación oficial es la expresión de la autoridad que la dispuso y la firma del secretario.

El cumplimiento de este requisito legal es de fácil comprobación. La Ley procesal en su artículo 35 establece que “Todo escrito que se presente o se reciba (en el tribunal) se anotará en el libro que a dicho efecto se llevara”. Por otra parte, la propia ley exige que “Las actuaciones y diligencias de la fase preparatoria se hace constar por escrito, las que integraran el expediente…” (Art. 108 Ley de Procedimiento Penal).

Conclusión: la resolución que solicita la citación a un ciudadano ha de constar por escrito en el expediente investigativo y en libro que lleva el secretario judicial, a tal efecto.

Laritza Diversent

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Citación Oficial, Garantías judiciales

Leyes cubanas favorecen la arbitrariedad estatal

Son muchos los que afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cedula expedida por el secretario”, un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho delictivo en investigación. Sin embargo, agentes de la Seguridad del Estado, la utilizan para “entrevistarse” o “definir la situación” de periodistas independientes, activistas de derechos humanos, bloggeros y opositores políticos. En la generalidad de los casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Laritza Diversent

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