Inmunidad política


La justicia revolucionaria es extremadamente rigurosa: sanciona como salida ilegal, los planes para secuestrar una embarcación. La ley también lo es: el castigo es más severo para quien mata una vaca, que para quien comete un homicidio. Sin embargo, la intransigencia se deja a un lado cuando se trata de faltas cometidas por cuadro del gobierno.

Raúl Castro, en su última intervención ante la Asamblea Nacional reconoció que “algunos compañeros sin un propósito fraudulento aportan informaciones inexactas de sus subordinados, sin haberlas comprobado y caen en la mentira inconscientemente”. “Esos datos falsos nos pueden conducir a decisiones erradas con mayor o menor repercusión en la nación”, argumentó.

El máximo Jefe del Estado y Gobierno cubano, prefiere la renuncia de los cuadros a cualquier nivel, cuando se sienta incapaz de ejercer su cargo a cabalidad, antes que destituirlos por no cumplir sus orientaciones. Precisamente una nota característica de su gestión gubernamental, una de la más inestable de los últimos tiempos, es la destitución de ministros, casi todos por incompetencias.

Más de 20 ‘cuadros’ fueron removidos de sus puestos en el gobierno, entre los que se puede mencionar Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, Rogelio Acevedo, Juan escalona, Carlos Valenciaga, Marta Lomas Morales, José Ramón Balaguer, Otto Rivero, Ulises Rosales del Toro, Pedro Sáez Montejo, Yadira García Vera, José Luis Sierra Cruz, etc.

Todos fueron sometidos a juicios ante el Buro político del Partido Comunista de Cuba (PCC), pero ninguno puesto a disposición de los tribunales. El Código Penal sanciona, al que por razón del cargo, este obligado a dar información, oculte u omita datos o no los compruebe. La sanción se agrava si se ocasiona perjuicios a la economía nacional. No importa, si hubo o no propósito fraudulento o impericia. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

Incluso la generación histórica, la dirigente, esta fuera del alcance de la ley. Ningún órgano de justicia tiene potestad para cuestionar los innumerables y reconocidos errores en la dirección del país, a pesar de los resultados. Hoy la economía cubana está al borde de un colapso.

Es la propia ley la que los pone fuera de su alcance de la justicia, lógico la crearon ellos. Los tribunales necesitan autorización para investigar y proceder contra los miembros del Buro Político PCC, el presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional, miembros del Consejos de Estado y de Ministro. Así lo dispone la Ley de Procedimiento Penal.

Por el contrario la dirigencia histórica, se sienten con el derecho que les da su “autoridad moral” para corregir los errores cometidos en “estas cinco décadas de construcción de socialismo en Cuba”. Gozan de ese privilegio gracias a que los tribunales en la isla están subordinados constitucionalmente a un órgano político, el consejo de estado.

La dependencia de la justicia a la política, permite a los dirigentes históricos convertir sus criterios personales en ley, imponer absurdas normas de comportamiento a la ciudadanía y castigar severamente a quien oses desafiarlos. Sobre todo les asegura, la inmunidad política, no solo a ellos también a toda su camarilla.

Laritza Diversent

El Silencio administrativo en la vía judicial

 

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, en su artículo 63 establece que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.

¿Qué pasa si la autoridad guarda silencio ante una solicitud ciudadana amparada en el ejercicio del derecho de petición?
El interesado puede entender desestimadas su solicitud, por silencio administrativo (silencio negativo).

Los actos administrativos producidos por silencio se pueden hacer valer tanto ante la administración pública como ante los tribunales. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa (o intentarse en forma su notificación), sin que la misma se haya producido.

Los plazos para interponer los recursos se han de computar desde el vencimiento de plazo máximo para resolver y notificar.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, vigente en Cuba desde 1977, reconoce el derecho de los ciudadanos, que no reciban respuesta a interponer demanda contra la autoridad administrativa que no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal. El interesado podrá considerar desestimada su solicitud y al efecto de establecer frente a esta denegación, el correspondiente recurso.

Sin embargo, el procedimiento está prácticamente en desuso en la isla, provocado, de una parte por el desconocimiento legal que padecen los cubanos, de otra, pocos abogados se atreven a llevar adelante una demanda contra un representante gubernamental.

Nota: para proceder en la vía judicial es necesario agotar la administrativa (recurrir a todas las instancias a todos los niveles posibles)

Responsable por actos ajenos (I)


Foto: Orlando Luis Pardo

Zoraida es una anciana retirada de 75 años. Le confiscaron su casa porque al menor de sus tres hijos, que convivía con ella, el Ministro de Finanzas y Precios le aplicó, por medio de un procedimiento administrativo, la sanción de confiscación de bienes.    

Eric, el hijo de Zoraida, tiene 35 años y trabajaba como nevero en el frigorífico ubicado en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo. Su creciente nivel de vida llamó la atención de los dirigentes de los Comité de Defensa de la Revolución comprometidos en la lucha contra las ilegalidades.

Las sospechas de los mencionados personajes, fueron comunicadas a uno de los fiscales que atiende los casos de enriquecimiento indebido por mandato gubernamental. Al momento, se inició una pesquisa que terminó con la formación de un expediente de confiscación y la correspondiente resolución ministerial imponiendo sanción.

El poder adquisitivo de Eric permitió que la casa de su madre, construida en 1926, fuera reparada y remodelada. Hecho que incluía a Zoraida en el supuesto de los terceros beneficiados con el enriquecimiento indebido, que dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de mayo de 1994. Motivo por el cual le fue confiscada su casa y puesta a vivir en un albergue.

El primer Por Cuanto del Decreto-Ley 149, presupone que el aumento patrimonial sin causa legítima es…resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal…, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento que lesionan los intereses más vitales de nuestra sociedad.

Si el incremento de bienes e ingresos es fruto de la comisión de delitos, entonces ¿Por qué el fiscal no ejercito la acción penal ante un tribunal? En un proceso penal la responsabilidad es individual. Una persona jamás responde por delitos que cometa otra. Si el fiscal hubiese iniciado un procedimiento ante un tribunal, Zoraida jamás hubiese sufrido las consecuencias de los actos de su hijo.

 

Laritza Diversent