Decreto-217/97, Emigración, Leyes en cuba, Mi Isla, Violación

Leyes que violentan derechos

El Decreto 217 regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana y sus contravenciones, vigente desde hace 11 años, violenta un derecho humano reconocido en la Constitución de la República Cuba y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno, sin embargo, alega que en nuestro sistema jurídico las disposiciones normativas vigentes complementan y establecen garantías al ejercicio de todos los derechos humanos.

La referida disposición impide, que las personas provenientes de otros territorios del país, se domicilien, residan o convivan con carácter permanente en ciudad de La Habana, libremente. No obstante la Constitución de la República en su artículo 43 establece que:

El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:… se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;…

El precepto tiene relación con el artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Instrumento jurídico internacional de la que Cuba es parte desde 1948, y que se comprometió a cumplir.

El Decreto 217, fundamento su promulgación y vigencia, en un principio universalmente reconocido. En su segundo ‘Por cuanto’ alega que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto por las libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general.

Aunque no lo reconoce textualmente, dicho principio se corresponde, salvo la omisión de algunas palabras importantes, con el artículo 29.2 de la Declaración Universal que dice que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Bajo tal fundamento, el Comité ejecutivo del Consejo de Ministros, vio la necesidad de que se establecieran normas que regulan y coadyuven a garantizar, no solo el derecho de las personas el propósito de domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente y se trasladen desde otro territorios hacia ciudad de la habana, sino también el de los que ya tengan legalmente establecida su residencia en ella.

Es evidente que este órgano al promulgar el Decreto 217 de 22 de abril de 1997, limita una facultad humana bajo el fundamento que garantiza otra. No obstante que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

En el sistema jurídico cubano hay leyes que violentan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Ninguna de ellas se menciona en los informe, que el gobierno presenta, en el Consejo de Derechos Humanos.

Laritza Diversent

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¿Manipulación anticubana?


Guillermo no puede vivir en la casa de su madre, porque no tiene la dirección de la misma. La Oficina del Registro de Direcciones de su municipio, no le da autorización para domiciliarse en el lugar. El inmueble no tiene el espacio, que por ley, se exige por conviviente.

El Decreto-Ley 217 de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”, le impide moverse por Ciudad Habana con libertad. En tres ocasiones, en contra de su voluntad y bajo la amenaza de una multa e incluso de prisión, las autoridades policiales de la capital, lo montaron en un tren con destino hacia Santiago de Cuba, su provincia natal.

Por su parte, las autoridades de inmigración, a Paulo, le negaron el permiso de salida del país. A José, un cubano residente en Estados Unidos, que hace cinco años salió ilegal del país, le negaron el permiso de entrada. A Manuel, otro cubano que reside en España de vista en la isla, lo deportaron por querer regresar y recobrar su residencia.

La Ley Núm. 989 de 5 de diciembre de 1961 y la ley 171 de 1976, de Migración y Extranjería, autorizan al Ministerio del Interior a regular los permisos de entrada y salida de los ciudadanos al país. Las autoridades de inmigración y extranjería están subordinadas a este ministerio.

Periódicamente Cuba informa al Consejo de Derechos Humanos, la situación de los mismos dentro de la isla. Alega que su sistema jurídico los garantiza y mencionan las normas que desarrollan y complementas la formulación constitucional de los mismos. Sin embargo, omite las disposiciones, emanadas por los órganos estatales, que se contraponen a los dictados de la Constitución de la República y violan los derechos en ella reconocida.

No importa que Cuba, legalmente violente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

El Consejo de Derechos Humanos alaba “los significativos resultados alcanzados por el pueblo y el gobierno cubanos en la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”. Un órgano, que según Cuba, debe sustentarse en los principios de universalidad, objetividad, imparcialidad y no selectividad.

Si a este órgano de las Naciones Unidas, le es intrascendente la situación de los derechos humanos en Cuba ¿A quién le interesa entonces, lo que sufra Guillermo, Paulo, José, Juan y los millones de cubanos, que se les restringe sus libertades? ¿De qué hablamos, del derecho de un grupo de dirigentes que para mantenerse en el poder, restringen y violentan las libertades de sus gobernados, o del derechos de millones de persona, que anualmente huyen del sistema por cualquier medio? Incluso, arriesgan y pierden su vida en altamar.

Es una vergüenza, una total hipocresía y doble moral, que la mayoría de los Estados y Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en el Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, reconozcan al gobierno de Cuba como defensor de las libertades de los hombres.

Vuelvo a preguntar: ¿A quién le importa que una ley 88 legalice la represión y prohíba la libertad de prensa? ¿Ignorar estos hechos, es respetar la dignidad humana? ¿Esa es “La verdad no…silenciada”, de la que se vanagloria el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba? Al contrario, eso sí es “manipulación anticubana del tema de los derechos humanos en Ginebra”.

Laritza Diversent

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Responsable por actos ajenos (I)


Foto: Orlando Luis Pardo

Zoraida es una anciana retirada de 75 años. Le confiscaron su casa porque al menor de sus tres hijos, que convivía con ella, el Ministro de Finanzas y Precios le aplicó, por medio de un procedimiento administrativo, la sanción de confiscación de bienes.    

Eric, el hijo de Zoraida, tiene 35 años y trabajaba como nevero en el frigorífico ubicado en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo. Su creciente nivel de vida llamó la atención de los dirigentes de los Comité de Defensa de la Revolución comprometidos en la lucha contra las ilegalidades.

Las sospechas de los mencionados personajes, fueron comunicadas a uno de los fiscales que atiende los casos de enriquecimiento indebido por mandato gubernamental. Al momento, se inició una pesquisa que terminó con la formación de un expediente de confiscación y la correspondiente resolución ministerial imponiendo sanción.

El poder adquisitivo de Eric permitió que la casa de su madre, construida en 1926, fuera reparada y remodelada. Hecho que incluía a Zoraida en el supuesto de los terceros beneficiados con el enriquecimiento indebido, que dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de mayo de 1994. Motivo por el cual le fue confiscada su casa y puesta a vivir en un albergue.

El primer Por Cuanto del Decreto-Ley 149, presupone que el aumento patrimonial sin causa legítima es…resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal…, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento que lesionan los intereses más vitales de nuestra sociedad.

Si el incremento de bienes e ingresos es fruto de la comisión de delitos, entonces ¿Por qué el fiscal no ejercito la acción penal ante un tribunal? En un proceso penal la responsabilidad es individual. Una persona jamás responde por delitos que cometa otra. Si el fiscal hubiese iniciado un procedimiento ante un tribunal, Zoraida jamás hubiese sufrido las consecuencias de los actos de su hijo.

 

Laritza Diversent

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Constitucionalismo Revolucionario

El gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro como Primer Ministro, dicta la Ley Fundamental de la República que restableció la Constitución de 1940. Después de su restablecimiento se dictaron otras leyes de rango constitucional: ley de Reforma Agraria, Reforma Urbana y Nacionalización de la enseñanza, entre otras, que modificaron extensamente sus preceptos.

Reprodujeron el esquema básico y el articulado de la Súper Ley de 1940, con importantes omisiones. El número de artículos se redujo de 286 que tenía, a 233 que tuvo la Ley Fundamental. En relación a los derechos fundamentales, se reproducen casi literalmente, aunque se le agrega numerosas excepciones.

Según Leonel Antonio de la Cuesta, en su libro Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, a esa tendencia revolucionaria se le llamó la legislación del no obstante. En el lenguaje jurídico significa que, el gobierno, en su actividad frente al individuo, no quedaba limitado debido a la declaración restrictiva inicial.

En fin, la Ley Fundamental de 1959 fue extensamente modificada. Se podía reformar por acuerdos del Consejo de Ministro, presidido en aquel entonces por el convaleciente Fidel Castro, mediante el voto conforme de sus dos terceras partes y previa ratificación de esta medida, en tres sesiones consecutivas del propio cuerpo, por el mismo número o proporción de votos. No hay constancia en la Gaceta Oficial de la República que se hubiese dado cumplimiento a este requisito formal.

Las reformas acordadas comenzaron a regir mediante su simple aparición en la Gaceta Oficial, órgano de publicación legislativa. Desde su promulgación hasta diciembre de 1962, fue modificada 19 veces. La Gaceta Oficial dejo de publicarse por un buen tiempo, no se sabe a ciencia cierta qué cantidades de modificaciones se le realizó.

Se eliminó el principio de la seguridad jurídica, que se define en el sentido de que el ciudadano debe saber a qué atenerse legalmente. Se implantó el principio de que la norma es la norma, propio de los sistemas totalitarios. Desde entonces comenzó a regir en nuestro sistema un doble orden jurídico.

Una disposición de rango administrativo, dictada por un funcionario estatal, modifica la constitución, práctica consecuente con la justicia socialista. Para el exterior lo único que consta es el texto legal escrito. Las quejas en el ámbito internacional por quebrantamiento del derecho positivo, se le atribuyen al exceso de celo, de un funcionario aislado, no al gobierno socialista.

La Ley Fundamental de 1959, se convirtió en una versión súper diluida de la Constitución de 1940 y en la de más larga vigencia desde la independencia nacional en 1901: 17 años.

Fuente consultada: Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, autor Leonel Antonio de la Cuesta, segunda edición 2006, editorial hispano-cubana.

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Época traumática IV

Laritza Diversent

Para comienzos del nuevo siglo la crítica situación de principio de los noventas había variado sustancialmente. La entrada de las remesas del exterior fue determinante en ese cambio. La supuesta homogeneidad social, desapareció. No obstante, seguía vigente el periodo especial. Ahora mucho más sutil y cruel.

La moneda se devaluó y con ella el salario. Vivía holgadamente quien tuviera familia en el extranjero. Por supuesto ese no era mi caso. Mis estudios en la universidad, en esas condiciones, fueron aun más dolorosos. Tener mi hijo con apenas 19 años, exigió mucho más sacrificios y resignación por mi parte. Gracias a la ayuda de mi madre, pude continuar.

Nada fácil fue alcanzar, la meta que me había propuesto. Llegue al final de mi carrera porque tenía el sueño de ser una profesional y una mujer independiente. En esos cinco años, mis eternas amigas fueron la esperanza, la paciencia, y para la parte final, la frustración.

 Las diferencias económicas fueron las primeras que comenzaron a golpearme. Ocho de la mañana, las estudiantes de mi facultad estaban vestidas para ir a un cabaret. Era más que especulación. Era la lucha, la supervivencia y utilizar varias vías para conseguir un sueño.

Quizás el término “jineterismo universitario” aclare cualquier duda. La Universidad de la Habana, en el Vedado, era un lugar propicio para los proxenetas disfrazados de estudiantes.  Las condiciones estaban creadas: muchachas jóvenes, inteligentes y educadas, en un lugar centro de atracción para los extranjeros.

Por ahí comenzaron las decepciones. Imagínese a una futura jueza, fiscal o abogada prostituta; o a los futuros juristas de este país viviendo del meroliqueo. Sí, porque mi facultad también era un centro de venta. Lo que usted necesitara podría encontrarlo allí, desde naturaleza muerta  hasta ropa de marca y más.

Una hipocresía, después los dirigentes estudiantiles y nuestros profesores nos convocaban a ser el principal bastión en la lucha contra las ilegalidades. Esa era nuestra profesión, aplicar la ley, pero sin pensar en la justicia.

Mientras tanto, yo,  con mis pantalones de mezclilla desteñidos, zapatos remendados, apartada en una esquina para no llamar la atención. Tengo que reconocerlo, aquellos arrapos me daban vergüenza. Quería lucir como lo desearía cualquier mujer joven, sentirme bella, pero no tenía con qué. Sólo mis sueños me hicieron superara mis complejos.

Pero yo no era la única, había otras muchachas, en iguales o peores condiciones. Todas soñábamos que, después de graduadas, esa situación cambiaria. Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera íbamos despertando de aquella fantasía. Para finales del quinto año ya estábamos convencidas, que seguiríamos siendo las muertas de hambre de antes. Ahora con la diferencia de tener un título universitario colgado en la pared.

Esa fue mi decepción y mis comienzos como disidente. Había seguido los consejos de mis padres: estudiar para ser alguien. Me sacrifique para lograrlo y después de todo, mi vida seguiría siendo igual. 

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Actividades de Reducida significación

Laritza Diversent

El código penal, no considera delito,  la realización de actividades de reducida significación económica, excepto en los casos, cuando en su realización, se utilicen medios o materiales de procedencia ilícita.

Sin embargo, el Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sobre Contravenciones del Orden Interior, considera,  como contravención de la Economía Nacional, las actividades económicas ilícitamente realizadas, cuando tienen reducida significación.  

La legislación penal además, prohíbe el préstamo con interés. La adquisición de mercancías con el propósito de revenderlos para obtener ganancia; poseer o transpórtelas en cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales, es considerado como un delito de especulación y acaparamiento.

Igualmente las adquisición, posesión o trasportación de mercancías en pequeñas cantidades, aunque el beneficio económico que el sujeto supuestamente adquiera con ellas, sea de reducida significación, son sancionadas administrativamente.

 En ese sentido el antes mencionado Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sanciona con multa, la adquisición de mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener ganancia, cuando es de reducida significación económica.

Por otra parte el Dictamen No. 105/80 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), considera que la transportación de tabaco y café en cualquier cantidad puede constituir, el delito de especulación y acaparamiento.

Con Dictamen No. 214/85 del Consejo de Gobierno del TSP establece que el particular que adquiera cualquier clase de productos o mercancías con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, comete el delito de especulación.

Por su parte, el Dictamen  Nro. 63 de 1993 de la Fiscalía General de la República, analiza las diversas situaciones que pueden darse en cuanto a la tenencia o transportación de mercancías o productos en la situación del país y aclara que para proceder por la vía judicial o contravencional administrativa se requiere una valoración individual de cada caso, tomando en cuenta la cuantía de lo ocupado, el tipo de producto, la situación que presenta su abastecimiento por  vías normales, la justificación suficiente o no de su tenencia, el destino asignado y  las condiciones personales del infractor.

En cuba la propiedad no está concebida como un derecho  fundamental para la realización de fines económicos que satisfacen intereses humanos. El sistema socialista y su constitución estatal, parte de la base que, el Estado, es el único capaz de satisfacer esos intereses, tanto en el plano individual como en el colectivo. Motivo por el cual, asume el control absoluto del quehacer económico nacional, a la par que excluye, a sus ciudadanos, de intervenir en el mismo, prohibiéndoles la iniciativa económica privada, sea esta de mucha o poca significación.

Sin embargo, 50 años de vigencia del socialismo, en Cuba, han demostrado la incapacidad del Estado para solventar las necesidades particulares de sus gobernados y de la sociedad en general. La mayor prueba de ello es que la ciudadanía tenga que recurrir,  para subsistir, a la ilegalidad.

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Supervivencia (I)

Laritza Diversent  

Vivir en cuba se ha vuelto en extremo complejo. Para todo hay que correr riesgo, incluso para sobrevivir. No hablo de pérdidas o ganancias en el desarrollo de una empresa. Me refiero a que en casi todos los contextos cotidianos hay que recurrir a la ilegalidad.

Si compra algo que tenga procedencia dudosa se comete el delito de receptación. Si vende, el de especulación. Si compra para revender, acaparamiento. Cada figura delictiva del código penal está diseñada de tal manara, que abarca disimiles situaciones de hecho de la vida diaria.

Conductas que en nada representan un peligro para la sociedad, están previstas en la legislación como acciones antijurídicas. Con certeza lo único legal es trabajar en un centro estatal, estudiar y comprar los mandados de la bodega. Hacer otras cosas es caminar en el filo de la ilegalidad.

De esa situación están consiente las autoridades. Los agentes de la policía paran diariamente en la calle,  cientos de individuo bajo la sospecha de que cometen un delito. Quizás tengan alguna estadística que asegura que cada cinco minutos el 20 % de la ciudadanía realizan una acción delictiva; o tal vez todos tengamos cara de delincuentes. 

Lo cierto es que los Registros en la vía pública van en contra de la dignidad del ciudadano, pero no importa hay que revisar todos los bolsos, mochilas, jabas abultadas, etc., y hacer que se cumpla la ley. “Institucionalidad, orden y disciplina”, es la última consigna.

En casa sucede lo mismo. En cada cuadra un comité que  “vigila”  no se cometa ilegalidades. Pero todos estamos consientes de que los vecinos tienen algún negocio. Nadie vive con el salario mensual. Una de dos o recibes remesas o le robas al estado.

El primero es el presidente del Comité de Defensa de la Revolución, que ‘echa palente’ a cualquiera, pero tiene un banco de películas pirateadas. Camina todas las tardes alquilando novelas, series y los programas del canal 41 de la televisión de Miami.

Se saben a qué se dedica el vecino, no por curiosidad, más bien es necesidad. Llegas del trabajo y te encuentra que se acabó el aceite para cocinar, agarras una botella y preguntas en el  barrio. Rápido alguien te dicen quien vende y quien tenía hasta ayer por la tarde. Así sucede si no tiene pesos convertibles y necesita comprar detergente, jabón, salchicha, etc.; o si tiene la hemoglobina baja y requieres comprar carne de res.  

A pesar de vivir prácticamente en la ilegalidad, los cubanos tienen el deber de denunciar todo los hechos que transgredan la ley. El incumplimiento de dicha obligación, está previsto en el Código Penal como un delito. Quiere decir que hacerse el de la vista gorda ante estas conductas también es una infracción.

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