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Hoja de ruta

La peligrosidad social, regulada en la legislación penal, necesita reformas para que llegue a Cuba la democracia. Este, es el criterio de un grupo de abogados, miembros de la organización Lawyers Without Border UK Limited, en su libro ‘Proyecto electoral, Hoja de ruta’ (tercera edición).

La obra aborda un análisis de la legislación vigente en Cuba, que obstaculiza la celebración de elecciones libres y justas. Ofrece una gama de propuestas a tener en cuenta, en un futuro proceso de transición democrática.

La investigación, basada en estándares electoral internacionales, evalúa el impacto que en su forma actual tienen una serie de disposiciones normativas, sobre la conducción de elecciones libres y justas. Recomienda además, que preceptos de estas, deban crearse, modificarse, eliminarse o retenerse. Fundamenta objetivamente las razones para el cambio.

El vigente Código Penal (CP) es una de las leyes analizadas y dentro de este, la figura del estado peligroso (artículos del 72 al 75 del CP). Al respecto, el grupo de jurista recomienda eliminar el término “socialista”. En este sentido argumentan que:

“La referencia específica a mantener una moralidad socialista presupone que la parte en ejercicio del poder es socialista en su naturaleza. En consecuencia, esta disposición en su forma actual podría conducir al castigo de cualquier individuo que demuestre oposición al gobierno socialista, lo que tendría un efecto directo y adverso en la celebración de elecciones libres y justa en Cuba”.

Exhortan además, en esta parte del articulado penal, agregar un texto dispositivo que excluya el discurso y acciones políticas, no violento, del término ‘peligrosidad’. La idea intenta evitar, que la vaguedad y amplitud de la definición del vocablo, se utilice como un medio de opresión a los oponentes políticos.

La Hoja de Ruta del ‘Proyecto Electoral’ brinda propuestas neutrales con respecto a teorías políticas y socioeconómicas. Defiende la reforma legal y la eliminación de los compromisos políticos en la legislación, como un medio de promover la transición pacífica hacia una Cuba democrática.

Laritza Diversent

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Peligrosidad social

Estado de peligrosidad

Embriaguez habitual, dipsomanía, narcomanía y conducta antisocial: son índices, que la legislación penal utiliza, para decidir el estado de peligrosidad de una persona: proclividad (inclinación) a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista. Medio legal del sistema socialista, para someter a la ciudadanía a su poder.

Son frecuentes, en las leyes cubana, las referencias a la ideología comunista. La protección penal de las normas de convivencia y de la moral socialista, es la más peculiar. Términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan frecuentemente para castigar cualquier forma de disenso social.

Particularmente no estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Creo que es un medio eficaz para proteger la sociedad, las personas, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió. Hubo que aguantarla, estaba molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche.

La mujer estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar la agresividad de su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero que representa un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos caso, se emplean para reprimir los disidencia, la prostitución u obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, valoran que su conducta debe ser reformada, por presentar una especial inclinación a la comisión de acciones delictivas. Criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

Influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías jurisdiccionales para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho, por convicción moral. Frente a los abusos de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

Los catálogos de peligrosidad socialista permiten a las autoridades controlar el disenso social de la población. Incluso, va mucho más allá: surten un efecto directo y adverso en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para la llegada de la Cuba democrática.

Laritza Diversent

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