Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent

Sueños que cuestan

José a sus 35 años sueña con manejar un Audi descapotable color plateado. Tiene los ojos abiertos, no le fue difícil regresar cuando su ventilador se detuvo por el apagón. El calor de la noche puso en actividad su cerebro. Pensaba en una solución para sus problemas existenciales.

Quería prosperar económicamente, pero convencido de que, cualquier cosa que inventara, lo llevaría la ilegalidad, y con ella, la posibilidad de ir a prisión. “Si fuera mexicano, arriesgaría mi vida cruzando la frontera”, dijo para sí mismo. Pero estaba en Cuba, un país que regula con rigor, la salida del país.

Ideo un plan atravesar el mar de 90 millas que lo separaba del sueño americano. Construir una embarcación rustica a la que el gentilmente llamó bote. Invitó a sus dos mejores amigo a participar de su empresa. Cada uno buscó dos tanques de hierro (55 galones), de los que comúnmente la población almacena sus reservas de agua.

Comenzaron su trabajo dentro de la sala de su casa. Primero Sellaron los recipientes con no más de 20 litros de agua dentro. Luego, los unieron entre sí con angulares, dejando entre ellos espacio para colocar neumáticos inflables de camión. Solo faltaba instalar la quilla rompe olas, cuando tocaron a la puerta.

Los nervios afloraron a la piel cuando vieron al jefe de sector, acompañado de con dos policías en un auto patrullero. Primero dijeron que los vecinos se quejaron por la bulla de martillos y motores, luego, que tenían información de que estaban construyendo una embarcación para salir del país.

Venían con una orden de registro, que ejecutaron al momento. Decomisaron aquello que poco se parecía a una barca y los condujeron detenidos hasta la estación policía. Para su sorpresa los soltaron a les cinco horas, sin ningún tipo de sanción.

Ingenuos, a los 15 días recibieron una resolución de la Capitanía de Puerto en la que le imponían una multa de 3 000 pesos moneda nacional, por construir una embarcación sin autorización.

La infracción, calificada de muy grave, está tipificada en el Decreto ley 194 de 19 de junio de 1999 “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional”, complementado por la Resolución No 2 de 7 de diciembre de 1999 del Ministerio del Interior que establece procedimiento para su aplicación.

La norma emitida por el Consejo de Estado, tipifica 14 infracciones calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 000 pesos, incluyendo la posibilidad de aplicar subsidiariamente la sanción de decomiso. La Capitanía de Puerto es la autoridad facultada para aplicar las medidas sancionadoras.

José adicionó a sus ya agobiantes problemas económicos, una multa que supera lo que podría ganarse legalmente, en un año. Dicen que soñar no cuesta nada, pero intentar hacer realidad un sueño, puede salir muy caro.

¿Liberación o destierro? (I)

El anuncio de la liberación de 52 prisioneros políticos fue calificado por algunos como una “gran noticia”, otros reaccionaron con cautela y hasta desconfianza. Sin embargo, no quedó claro, bajo que supuestos legales, se producirían estas excarcelaciones, calificada como las más significativa ocurridas en la isla, desde hace mucho tiempo.

No puede hablarse de liberación, mientras los hechos no estén respaldados por una acción legal por parte del gobierno. Sin estas, la salida del país de los prisioneros, sería forzosa. En otras palabras, estaríamos ante un destierro.

Partamos de un punto para entender el caso que nos ocupa: la situación procesal de los liberados. Ni la licencia extrapenal ni la libertad condicional extinguen la responsabilidad penal. En este sentido, sería conveniente prever los riesgos de extinguir la sanción, fuera de prisión pero dentro del territorio nacional. El menor de ellos es, regresar a la misma, bajo cualquier excusa.

Visto así, no es difícil entender porque los parientes de los presos políticos prefieren salir del país. Según la nota del Arzobispado de la Habana, en el proceso de excarcelación, se tomó en consideración, las propuestas expresadas previamente al cardenal Jaime Ortega, por los familiares de los reos. Lo que está en duda es, si la propuesta realmente partió de ellos.

Pensemos un momento como gobierno, sin entrar en detalle acerca del orden de prioridad de las motivaciones: Un escenario internacional hostil desde el punto de vista económico, por la crisis financiera, y aislamiento político, por la presión internacional exigiendo la libertad de los presos de conciencia y el respeto de los derechos humanos dentro de la isla.

El hecho en sí, le es beneficioso en el escenario interno, cada vez más convulso debido a la precaria situación económica. Mujeres vestidas de blanco caminado en silencio por las calles, gladiolos en mano, soportando ofensas y vejaciones, exigiendo la liberación de sus esposos e hijos, no constituyen un ejemplo de conducta social deseable para las autoridades.

Agreguemos que, la liberación y salida definitiva del país de los prisioneros junto a sus familiares, les quitaría de encima al grupo de féminas, las renombradas ‘Damas de Blanco’. Estas, se negaron la oportunidad de convertirse en un movimiento, cuando hicieron distinción con las ‘Damas de Apoyo’. Después de las excarcelaciones, el fin para el que se asociaron dejará de existir.

Luego, tampoco seria de agrado, que la población valorara positivamente a un grupo de ciudadanos o familias, que se les enfrentó, resistió y camina libremente por las calles para contarlo. Presionar para que abandonen el país, es lo más conveniente.

Laritza Diversent