Escarmiento

De una parte la Ley de Ajuste, de otro, las restricción al derecho de entrada y salida del país. En el medio, los cubanos desesperados por irse a cualquier parte. No importa cuánto, tampoco como, están dispuestos a pagar lo que sea en busca de oportunidades.

Sobran las historias de isleños que se colocan en manos de contrabandistas para entrar como indocumentados en los Estados Unidos. El costo del viaje aumenta a medida que se perfeccionan el sistema para reprimir la actividad delictiva a nivel internacional. Hoy sobrepasa los 10000 dólares por persona.

Las vías son varias: a través de un tercer país o lanchas, las mayorías de las veces sobrecargada. Los naufragios son imposibles de registrar, tampoco las vidas perdidas en altamar. En ese sentido, los esfuerzos internacionales por reprimir el tráfico de personas, son insuficientes. Principalmente porque los intereses nacional e internacional no se complementan.

Por ejemplo, el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra Mar y Aire, entiende por tráfico, la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado, de la cual ésta, no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero o de orden material. La legislación cubana tiene otra definición del tema.

Para el Código Penal, tráfico es la penetración en el territorio con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas. No importa el móvil. Siempre que haya ánimo de lucro están dispuestos a sancionar. Lo mismos da, que haya beneficios materiales o financieros, que sentimientos familiares.

Por ejemplo el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, en la sentencia 172 del 2008, que condena a 4 cubanos, 3 de ellos residentes en los Estados Unidos expone que “el actuar de los acusados…estuvo motivado por el afán de la reunificación familiar impedida por el férreo bloqueo y la violación constante del gobierno de los Estados Unidos de las políticas migratoria y la imposición de la ley de ajuste cubano”.

Para la justicia cubana es intranscendente que haya dinero de por medio o sólo sea el intento de reunificación familiar. Lo importante es dar un escarmiento.

Laritza Diversent

Trabajadores cubanos llamados al matonismo patriótico

Al parecer, la administración de justicia por medio del sistema de tribunales, es completamente inservible para la dirigencia histórica. La más reciente medida para preservar su poder, es convocar al “pueblo trabajador” a utilizar la violencia para combatir “las alteraciones del orden y disturbio contrarrevolucionarios”.

Si, el mismo pueblo que está lleno de pichones incapaces de sobrevivir sin las dadivas de Papá Estado y que según datos aportados por Raúl Castro, Jefe de Estado y de gobierno, en su más reciente discurso, tiene más de un millón de plantillas infladas, muy infladas, terriblemente infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional.

Según el también Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) la revolución esta en el deber de enfrentar con firmeza pero con sentido político, esa terrible situación. No sé porque, pero ese llamado al matonismo patriótico, como lo califica Carlos Alberto Montaner, me huele a chantaje: o firmas o te incluyo en las plantillas reducidas.

¿Será por eso que están exigiendo firmar el compromiso de rechazar con firmeza cualquier manifestación contrarrevolucionaria o alteraciones del orden vengan de donde vengan y en la cuantía que sea? Así culmina el Acta de Constitución del Destacamento de Respuesta Rápida (BRR), unos de los anexos incluidos en el plan de actividades diseñado por los socialistas.

En esas condiciones no me extraña que directores, funcionarios y obreros se incorporen masivamente a las BRR. Se imagina a los trabajadores del turismo o de las tiendas recaudadoras de divisa, poniendo en riesgo sus puestos laborales. No importa que corra la sangre, es cuestión de supervivencia tomar en mano palos, cables y cabillas para defender enardecidamente “la Revolución”. En definitiva, habrá impunidad para todos.

Laritza Diversent

Constitucionalismo Revolucionario

El gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro como Primer Ministro, dicta la Ley Fundamental de la República que restableció la Constitución de 1940. Después de su restablecimiento se dictaron otras leyes de rango constitucional: ley de Reforma Agraria, Reforma Urbana y Nacionalización de la enseñanza, entre otras, que modificaron extensamente sus preceptos.

Reprodujeron el esquema básico y el articulado de la Súper Ley de 1940, con importantes omisiones. El número de artículos se redujo de 286 que tenía, a 233 que tuvo la Ley Fundamental. En relación a los derechos fundamentales, se reproducen casi literalmente, aunque se le agrega numerosas excepciones.

Según Leonel Antonio de la Cuesta, en su libro Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, a esa tendencia revolucionaria se le llamó la legislación del no obstante. En el lenguaje jurídico significa que, el gobierno, en su actividad frente al individuo, no quedaba limitado debido a la declaración restrictiva inicial.

En fin, la Ley Fundamental de 1959 fue extensamente modificada. Se podía reformar por acuerdos del Consejo de Ministro, presidido en aquel entonces por el convaleciente Fidel Castro, mediante el voto conforme de sus dos terceras partes y previa ratificación de esta medida, en tres sesiones consecutivas del propio cuerpo, por el mismo número o proporción de votos. No hay constancia en la Gaceta Oficial de la República que se hubiese dado cumplimiento a este requisito formal.

Las reformas acordadas comenzaron a regir mediante su simple aparición en la Gaceta Oficial, órgano de publicación legislativa. Desde su promulgación hasta diciembre de 1962, fue modificada 19 veces. La Gaceta Oficial dejo de publicarse por un buen tiempo, no se sabe a ciencia cierta qué cantidades de modificaciones se le realizó.

Se eliminó el principio de la seguridad jurídica, que se define en el sentido de que el ciudadano debe saber a qué atenerse legalmente. Se implantó el principio de que la norma es la norma, propio de los sistemas totalitarios. Desde entonces comenzó a regir en nuestro sistema un doble orden jurídico.

Una disposición de rango administrativo, dictada por un funcionario estatal, modifica la constitución, práctica consecuente con la justicia socialista. Para el exterior lo único que consta es el texto legal escrito. Las quejas en el ámbito internacional por quebrantamiento del derecho positivo, se le atribuyen al exceso de celo, de un funcionario aislado, no al gobierno socialista.

La Ley Fundamental de 1959, se convirtió en una versión súper diluida de la Constitución de 1940 y en la de más larga vigencia desde la independencia nacional en 1901: 17 años.

Fuente consultada: Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, autor Leonel Antonio de la Cuesta, segunda edición 2006, editorial hispano-cubana.