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Reajuste económico en detrimento de los derechos

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent

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Prohibida la iniciativa económicast

Laritza Diversent

vendedores

Para garantizar el desarrollo programado del país; fortalecer el sistema socialista; satisfacer las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos; el Estado cubano limitó las facultades de disposición de sus gobernados sobre los bienes comunes y les prohibió ejercer la iniciativa económica privada.

Les prohibió vender y gravar ciertos bienes que conforman su patrimonio individual (fundamentalmente los inmuebles). Otros actos jurídicos que impliquen la trasmisión de dominio, le fueron seriamente limitados. Por ejemplo, para permutar, donar, ampliar, etc.; una vivienda se necesita la autorización estatal. Obtener esta última, significa, cumplir con una interminable lista de requisitos legales, condiciones y trámites burocráticos.

Unido esta prohibición de carácter administrativo, se unen otras de carácter penal relacionado con la iniciativa económica privada. El artículo 228 del vigente Código Penal prohíbe, a los ciudadanos, realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios de las autorizadas legal o reglamentariamente, sin poseer la licencia correspondiente.

También sanciona al que realice alguna actividad económica, no autorizada en forma expresa por disposición legal o reglamentaria. En todo caso se prohíbe expresamente la contratación de mano de obra, aun teniendo licencia, para ejecutarlas las actividades reglamentadas. A estas sanciones se les une, la accesoria de confiscación de bienes.

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