¿Será la queja suficiente para defender nuestros derechos?

Según instrumentos jurídicos internacionales , “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”

En la Constitución de la República de Cuba no se reconoce a ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos[1].  El gobierno cubano considera, que una institución de esa naturaleza, no constituye una necesidad identificada por el pueblo cubano, en función de su voluntad de continuar construyendo una sociedad que garantice toda la justicia[2].

Según el gobierno cubano, el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas, relativas al disfrute de cualquier derecho humano.

El sistema prevé la recepción de quejas, la obligatoriedad de respuestas pero no la restitución en caso de comprobarse, y su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para caso urgentes o de daños irreparables.

En la práctica ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Sin embargo, para el Gobierno cubano “este sistema ha demostrado en la práctica efectividad y capacidad de respuesta a los intereses, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos”.

Conozca que órganos del estado intervienen es este sistema y las obligaciones que tienen en: ¿“Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”, en el sistema legal cubano?

[1] Folleto Informativo No. 19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”

[2] Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal- Cuba, Consejo de Derechos Humanos, 2009

Anuncios

El Silencio administrativo en la vía judicial

 

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, en su artículo 63 establece que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.

¿Qué pasa si la autoridad guarda silencio ante una solicitud ciudadana amparada en el ejercicio del derecho de petición?
El interesado puede entender desestimadas su solicitud, por silencio administrativo (silencio negativo).

Los actos administrativos producidos por silencio se pueden hacer valer tanto ante la administración pública como ante los tribunales. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa (o intentarse en forma su notificación), sin que la misma se haya producido.

Los plazos para interponer los recursos se han de computar desde el vencimiento de plazo máximo para resolver y notificar.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, vigente en Cuba desde 1977, reconoce el derecho de los ciudadanos, que no reciban respuesta a interponer demanda contra la autoridad administrativa que no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal. El interesado podrá considerar desestimada su solicitud y al efecto de establecer frente a esta denegación, el correspondiente recurso.

Sin embargo, el procedimiento está prácticamente en desuso en la isla, provocado, de una parte por el desconocimiento legal que padecen los cubanos, de otra, pocos abogados se atreven a llevar adelante una demanda contra un representante gubernamental.

Nota: para proceder en la vía judicial es necesario agotar la administrativa (recurrir a todas las instancias a todos los niveles posibles)