Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent

Candil de la calle

El gobierno de Ecuador, recientemente la emprendió contra los cubanos que están dentro de su territorio. Los acusa de contrabandistas y de propiciar una red de tráfico ilegal hacia la isla. Incluso deportará a los isleños que rebasen la estadía que permite la ley para el turismo y no estén en proceso para legalizar su situación el país. No obstante, reconocen que la mayoría de ellos entra y sale de la nación.

El hecho no afectará, en ningún modo, las relaciones entra ambas naciones. El gobierno cubano, sin embargo, está consciente de que sus nacionales cumplen los requisitos aduanales exigidos para sacar mercancías del país sudamericano y entrarlas en la isla. Lejos de defenderlos, aúna esfuerzos para perseguirlos y castigarlos. Acordó con la nación sudamericana investigar los matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de ambas naciones.

Así responde el gobierno de la Isla, a un grupo de sus naturales que, dentro de una economía estancada y una crisis financiera de grandes magnitudes, tiene una importancia sin precedente. Las remesas del exterior es una de las principales fuentes de divisa del país.

A sus emigrantes les impone altos precios por los trámites migratorios, sin contar que tiene la potestad discrecional para decidir quién entra o sale. Aumenta los gravámenes de los derechos aduanales, refuerza los controles en los aeropuertos y le decomisa los productos, que según su parecer, seas para comercializar. A todo esto sumemos que, aun conservando la ciudadanía cubana, dentro de la isla pagan los servicios como extranjeros.

La emigración cubana de los últimos años cambio su carácter. A principios del procesos revolucionario tenia motivaciones políticas. El gobierno tomó medidas para reprimirla: impuso el permiso de entrada y salida a la isla, el abandono definitivo y la confiscación de bienes ingresos. Las leyes aun siguen vigentes, a pesar de que los emigrantes de los tiempos recientes, sale en su mayoría, buscando oportunidades económicas.

Por supuesto, ellos no son como los “cinco héroes acusados injustamente en los Estados Unidos”. Su vida y trabajo en el exterior es para beneficio individual y familiar, no político. Si son acusados indignamente, no importa. No merecen que el gobierno gaste parte del presupuesto estatal, financiado comité de solidaridad en el extranjero, para su defensa.

Si fuera la Unión Europea o los Estados Unidos, los que la emprendiera contra los emigrantes cubanos, la cosa seria diferente. El conflicto internacional no se haría esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional y todas las organizaciones de masas y sociales, publicarían sendas declaraciones de condena a la medida. También se convocaría una marcha multitudinaria en la tribuna antiimperialista.

La situación con Ecuador es diferente, no puede ni habrá conflictos. Ambas países pertenecen al Alternativa Bolivariana para las América (ALBA). Significa que, los intereses políticos e ideológicos
están por encima de los derechos humanos de sus nacionales.

“Candil de la calle y oscuridad de su casa”, así decía mi abuela cuando quería referirse a las personas que abandonaban a los suyos, pero estaba dispuesto a ayudar a los extraños. El refrán le queda justo al gobierno cubano. Defiende los derechos de los emigrantes del mundo, pero a los suyos los ignora totalmente.

Laritza Diversent

Proclives al delito

Yuniel Mariño recién cumplió sus dieciocho años. No trabaja ni estudia. Las mañanas las pasa en el parque con los amigos. Las tardes, igual; pero pasando una botella de ron de mano en mano. En las madrugadas llega tarde a casa, muy silencioso a pesar de tener unos tragos de más.

El Chama, así le dicen a Yuniel en el vecindario. Lleva puesta cadenas, manillas y varios dientes de oro. Su padre vive en Miami y le manda una mesada mensual para sus gastos. El muchacho es inteligente, para no quedarse corto de dinero y vivir holgadamente, de vez en cuando invierte en un negocito callejero.

Demasiada especulación para el gusto de los dirigentes del Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Mariño salió a relucir como un posible potencial delictivo, en la reunión mensual de la Comisión de Prevención Social.

La referida comisión tiene como objetivo fundamental prevenir que los vecinos del barrio incurran en actividades socialmente peligrosas o delictivas. Está integrada, entre otros, por miembros del Poder Popular en la localidad: Jefe de sector policial, el delgado municipal, el presidente y el de vigilancia de los CDR y el secretario del Partido Comunista de Cuba en la zona.

La trabajadora social persuadió a Yuniel para que se vinculara laboralmente. Le ofreció un trabajo en una unidad básica de producción agropecuaria que se dedica a la siembra de hortalizas. El se negó. Alegó que con la remesa mensual que recibe del extranjero, no necesita trabajar por un salario de 315 pesos moneda nacional en la agricultura.

No obstante sus argumentos, el jefe del sector policial le levantó un acta de advertencia por conducta antisocial y le dio un ultimato para que buscara empleo. Orden que no cumplió. Después le llegó otra oferta laboral, esta vez para la construcción. Tampoco aceptó.

Yuniel fue amonestado por la autoridad policiaca, según la legislación penal, por mantener una actitud potencialmente peligrosa para la sociedad y el orden social, económico y político del Estado socialista.

A la negativa le siguieron dos advertencias más, y el inicio de un proceso penal. El Fiscal de su municipio solicitó al tribunal, le impusiera una medida de seguridad predelictiva por presentar índices de estado peligroso.

En su obstinación el Chama jamás pensó que estuviera demostrando, que su conducta era manifiestamente contradictoria a las normas de la moral socialista. Su forma de vida perturbaba el orden de la comunidad, por tanto lo consideraron una persona proclive al delito.

Yuniel nunca se había metido en la casa de un vecino a robar. No traficaba ni consumía droga. No asaltó ni mató a nadie. Sin embargo fue sancionado a trabajar un año y seis meses en la agricultura, internado en correccional. Este es la suerte que corren los jóvenes que intentan, desafiar el sistema.

Laritza Diversent