Ley de Procedimiento Penal, Queja y petición, Silencio Administrativo, Sobre la ley cubana

El Silencio administrativo en la vía judicial

 

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, en su artículo 63 establece que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.

¿Qué pasa si la autoridad guarda silencio ante una solicitud ciudadana amparada en el ejercicio del derecho de petición?
El interesado puede entender desestimadas su solicitud, por silencio administrativo (silencio negativo).

Los actos administrativos producidos por silencio se pueden hacer valer tanto ante la administración pública como ante los tribunales. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa (o intentarse en forma su notificación), sin que la misma se haya producido.

Los plazos para interponer los recursos se han de computar desde el vencimiento de plazo máximo para resolver y notificar.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, vigente en Cuba desde 1977, reconoce el derecho de los ciudadanos, que no reciban respuesta a interponer demanda contra la autoridad administrativa que no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal. El interesado podrá considerar desestimada su solicitud y al efecto de establecer frente a esta denegación, el correspondiente recurso.

Sin embargo, el procedimiento está prácticamente en desuso en la isla, provocado, de una parte por el desconocimiento legal que padecen los cubanos, de otra, pocos abogados se atreven a llevar adelante una demanda contra un representante gubernamental.

Nota: para proceder en la vía judicial es necesario agotar la administrativa (recurrir a todas las instancias a todos los niveles posibles)

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Silencio Administrativo

Silencio administrativo

Casos en que los interesados que ejercen el derecho de petición pueden entender desestimadas sus solicitudes, por silencio administrativo (silencio negativo).

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se pueden hacer valer tanto ante la administración pública. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa (o intentarse en forma su notificación), sin que la misma se haya producido y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido, que puede solicitarse del órgano competente para resolver (tribunal).

Los plazos para interponer los recursos procedentes, se han de computar desde el vencimiento de plazo máximo para resolver y notificar, aplicando las reglas generales (sin perjuicio de la rehabilitación de plazos desde la notificación de la resolución expresa).

 

 

 

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