La casa frente al Cohíba

Yamile Barges Hurtado

LA HABANA, Cuba, diciembre,  www.cubanet.org.-El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana tenía previsto desalojar a Yamilé Barges Hurtado de su vivienda, ubicada frente al Hotel Cohíba, después de anular una permuta que realizó hace 9 años.

Ese día también debía desahuciar a los herederos de Teresa Luisa Rivero Domínguez, la otra permutante en el reparto Bahía, barrio periférico al Este de la Habana, lugar de origen de Yamilé. Según fuentes anónimas, el desalojo no se produjo por falta de transporte.

Hasta la fecha, el TPP de La Habana no ha variado su decisión, acción que le corresponde ejecutar a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Plaza. En el sistema legal cubano no existe la acción de desahucio. Los desalojos, llamados eufemísticamente “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble.

Yamile Barges Hurtado, el pasado 27 de noviembre recibió una citación del Tribunal para presentarse el 6 de diciembre en una comparecencia. Los herederos de Rivero Domínguez también fueron citados.

En la práctica judicial luego de dictarse la ejecución de una sentencia, no es usual citar a las partes nuevamente. No obstante, ese día los jueces advirtieron que en enero serían citados otra vez para analizar el asunto y efectuarán el desalojo, aunque Yamilé no es ocupante ilegal.

La DMV de Plaza debe actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos del litigio. La actuación del tribunal se limita a comunicar su decisión a los funcionarios de Vivienda.

El estado psíquico de Yamilé se deteriora con cada amenaza de extracción. Rompió puertas, ventanas y el piso que con tanto esfuerzo logró construir. “No voy a dejarle mi casa a nadie con las comodidades que creé para mi familia”, afirmó.

Alega que no puede vivir más en esa incertidumbre. “Quiero que mi problema se resuelva ya”, añadió. Su hija dejó de asistir a la universidad para no dejarla sola en ningún momento. Son evidentes su estado depresivo y el efecto de los medicamentos.

Estar on time y el cumplimiento de términos legales

Yaremis Flores.

Mabel, esposa de Raúl Rodríguez Soto, preso en la Prisión de Guanajay, entregó en octubre del año pasado, una solicitud de licencia extrapenal ante el Tribunal Provincial de Artemisa. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

En la cultura anglosajona la puntualidad es una costumbre inevitable. “On time” es una expresión en inglés cuyo significado es “a la hora exacta, a tiempo”. Si un reportero llega tarde a un sitio, pierde la exclusiva. Si un desempleado llega tarde a la entrevista de trabajo, de seguro no será contratado. Si la meta es mantener una amistad, un buen trabajo y lograr oportunidades en la vida, se debe aprender esa máxima.

En nuestro país, estar ‘on time’ es complicado. No obstante, el cubano debe aprender lo honorable y necesario de ser puntual.

Lo preocupante es que el ‘relajamiento’ del horario, no ocurre solamente en la esfera social. Conciertos, actos solemnes, reuniones y otras actividades organizadas por instituciones estatales, nunca comienzan en el horario establecido sino “alrededor de las 10 de la mañana o a eso de las 5 de la tarde” como se suele decir. Solo son exactos a la hora del cierre.

Con los órganos de administración de justicia ocurre otro tanto. Los juicios, casi nunca se celebran a partir de las 9 y 30 de la mañana- horario legal establecido-.Tampoco se da una explicación oficial a los presentes cuando hay demora, según regula la ley de trámites. La notificación de sentencias tarda y los términos procesales se incumplen con frecuencia.

Esas dilaciones son síntoma de poca ética e irrespeto al ciudadano. Sin embargo, los jueces no son flexibles cuando los términos son violados por otros. Pues si un particular, inconforme con una resolución, apela ante los tribunales un día después de vencerse el término- sea por el motivo que fuere- la apelación no es admitida.

 Cuando un abogado de Bufete Colectivo se demora con un expediente, más del tiempo requerido para su análisis, el Tribunal le impone 25 pesos de multa por cada día de retraso. Me pregunto, ¿qué multa pagará el Tribunal por los días que ha tardado en responder a la solicitud de Mabel?

Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.