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Balseros indefensos ante arbitrariedad de la Capitanía de Puerto

Laritza Diversent

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas están totalmente indefensos y no tienen forma de cambiar esa situación. No encuentran un abogado que quiera demandar a la Capitanía del puerto de la Habana por vulnerarle sus legítimos derechos.

El 17 de diciembre del año pasado, las autoridades los sorprendieron, junto a 4 personas más, en aguas cercanas a la costa en una balsa construida por ellos mismos, después de un intento fallido de salida del país. “Había mal tiempo y decidimos recalar”, afirma Pupo Fariñas.

El 3 de marzo del presente año, 2 meses y medio después, el Teniente coronel Jorge Luis Aluija Urgell, dictó resolución en la que afirma que los 6 balseros incurrieron en una infracción muy grave”. “Construyeron una embarcación rustica en la cual más tarde navegaron sin la autorización de la Capitanía de Puerto”, argumenta.

En 1994 por política penal, amparada en la vigencia de tratados internacionales (Acuerdos Migratorios), el Estado cubanos decidió no sancionar penalmente a los emigrantes cubanos que salen ilegalmente del país por vía marítima, en embarcaciones precarias y con riesgos para la vida.

Sin embargo, el gobierno, a través de la Capitanía del Puerto, los sanciona administrativamente cuando los detectas en la costa o en el mar, por infringir las normas sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional.

En Cuba está vigente un sistema para reprimir con multas y otras medidas, como el decomiso, violaciones de las disposiciones administrativas que no constituyeran delito, llamadas infracciones o contravenciones personales. Hasta la fecha, el gobierno ha puesto en vigor más de 90 disposiciones legales en materia contravencional.

Existen 14 infracciones sobre tenencia y operación de embarcaciones, calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 mil pesos, incluyendo el decomiso.

Yandi Vidal Cruz Alfonso de 22 años, Renny Leyva Risco de 26, Alexander Lara Céspedes de 36, Ricardo Mera Brides de 36 y Julio Cesar Rifa Rivero 33 años fueron multados con 3 mil pesos moneda nacional y a Roger Pupo Fariñas 31, le impuso el pago de 4 mil.

La reincidencia en la comisión de infracciones graves o incurrir a la vez en infracciones leves y graves, se sanciona con multa de 3 mil a 10 mil pesos.

Roger tiene además 12 intentos de salida del país. En diciembre de 2006 fue detenido regresando a la costa e interrogados por oficiales de Seguridad del Estado, pero no fue multado. Julio tiene otras 5 salidas. en 4 de ellas no fueron detectadas por las autoridades.

El capitán de puerto en su resolución indicó a los balseros, el derecho a recurrir su decisión. Los jóvenes buscaron asistencia legal en la sede de la Asociación Jurídica Cubana, dirigida por el Lic. Wilfredo Vallín. Los letrados de esta organización independiente le redactaron el escrito de reclamación.

“La resolución 16/12 de la capitanía del puerto de la Habana se notifico extemporáneamente”, consignaron en su alegato. “Se convierte en un acto jurídico ineficaz por no cumplir las formalidades establecidas en este caso su término para su aplicación”, argumentaron.

La capitanía del puerto les denegó la interposición del recurso. Los abogados de la AJC les recomendaron no pagar la multa. Sin embargo, las normas que rigen el sistema contravencional advierten que, para apelar una contravención, se debe satisfacer primero la penalidad.

Las multas se duplican de no pagarse dentro de los 30 días siguientes a su imposición. A los 2 meses de impago, se tramita, para su cobro, la vía de apremio mediante el embargo del sueldo, salario, pensión o cualquier otro ingreso que perciba el infractor.

Los balseros no se quedaron conformes. Su último intento, solicitar los servicios de un abogados de Bufetes Colectivos, que los representara en una demanda legal contra la Capitanía de Puerto. La Ley de Procedimiento Civil vigente regula un procedimiento para reclamar, en la vía judicial, las decisiones administrativas de los órganos estatales que vulneren derechos legalmente establecidos.

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas se personaron en la sede de 2 bufetes colectivos ubicados en el Vedado y Arroyo Naranjo, en la capital. Intentaron contratar 4 abogados. Todos se negaron. Los balseros asumen que, tal vez, solo tal vez, los letrados temen llevar una demanda contra una dependencia del Ministerio del Interior.

 

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Sueños que cuestan

José a sus 35 años sueña con manejar un Audi descapotable color plateado. Tiene los ojos abiertos, no le fue difícil regresar cuando su ventilador se detuvo por el apagón. El calor de la noche puso en actividad su cerebro. Pensaba en una solución para sus problemas existenciales.

Quería prosperar económicamente, pero convencido de que, cualquier cosa que inventara, lo llevaría la ilegalidad, y con ella, la posibilidad de ir a prisión. “Si fuera mexicano, arriesgaría mi vida cruzando la frontera”, dijo para sí mismo. Pero estaba en Cuba, un país que regula con rigor, la salida del país.

Ideo un plan atravesar el mar de 90 millas que lo separaba del sueño americano. Construir una embarcación rustica a la que el gentilmente llamó bote. Invitó a sus dos mejores amigo a participar de su empresa. Cada uno buscó dos tanques de hierro (55 galones), de los que comúnmente la población almacena sus reservas de agua.

Comenzaron su trabajo dentro de la sala de su casa. Primero Sellaron los recipientes con no más de 20 litros de agua dentro. Luego, los unieron entre sí con angulares, dejando entre ellos espacio para colocar neumáticos inflables de camión. Solo faltaba instalar la quilla rompe olas, cuando tocaron a la puerta.

Los nervios afloraron a la piel cuando vieron al jefe de sector, acompañado de con dos policías en un auto patrullero. Primero dijeron que los vecinos se quejaron por la bulla de martillos y motores, luego, que tenían información de que estaban construyendo una embarcación para salir del país.

Venían con una orden de registro, que ejecutaron al momento. Decomisaron aquello que poco se parecía a una barca y los condujeron detenidos hasta la estación policía. Para su sorpresa los soltaron a les cinco horas, sin ningún tipo de sanción.

Ingenuos, a los 15 días recibieron una resolución de la Capitanía de Puerto en la que le imponían una multa de 3 000 pesos moneda nacional, por construir una embarcación sin autorización.

La infracción, calificada de muy grave, está tipificada en el Decreto ley 194 de 19 de junio de 1999 “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional”, complementado por la Resolución No 2 de 7 de diciembre de 1999 del Ministerio del Interior que establece procedimiento para su aplicación.

La norma emitida por el Consejo de Estado, tipifica 14 infracciones calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 000 pesos, incluyendo la posibilidad de aplicar subsidiariamente la sanción de decomiso. La Capitanía de Puerto es la autoridad facultada para aplicar las medidas sancionadoras.

José adicionó a sus ya agobiantes problemas económicos, una multa que supera lo que podría ganarse legalmente, en un año. Dicen que soñar no cuesta nada, pero intentar hacer realidad un sueño, puede salir muy caro.

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