Manual_Derechos y Deberes

La mayoría de los ciudadanos cubanos desconocen el sistema jurídico imperante en la Isla y los procesos que deben realizar para ejercer una determinada acción legal, sea en materia civil, penal, administrativa, de familia, etc., principalmente aquellos que se relacionan con sus derechos civiles y políticos. Frecuentemente son víctimas de la aplicación arbitraria y selectiva de la ley.

Al respecto el Centro de Información Legal “Cubalex” pretende aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba, así como la capacidad de autodefensa de los disidentes, activistas de derechos humanos y ciudadanos que aparentemente no tienen motivaciones políticas, residentes dentro o fuera del territorio nacional.

Cubalex ofrece a sus clientes información detallada sobre el ordenamiento legal cubano, las normas jurídicas que se aplican a su caso y los procedimientos en cuestión a seguir ante las instituciones gubernamentales, regionales o internacionales.

El Manual_Derechos y Deberes_vista computadora, ofrece información sobre la forma en los cubanos pueden defender sus derechos ante los ciudadanos ante una detención, citación oficial y registro en sus viviendas.

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Leyes cubanas favorecen la arbitrariedad estatal

Son muchos los que afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cedula expedida por el secretario”, un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho delictivo en investigación. Sin embargo, agentes de la Seguridad del Estado, la utilizan para “entrevistarse” o “definir la situación” de periodistas independientes, activistas de derechos humanos, bloggeros y opositores políticos. En la generalidad de los casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Laritza Diversent