Tribunal suspende desahucio

 

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Laritza Diversent

El pasado 21 de enero, el Tribunal de la Habana suspendió el desalojo de Yamilé Barges Hurtado de su casa frente al hotel Cohíba y de los herederos de la otra permutante, en el Este de la Habana, previsto efectuarse el martes 22.

Según Barges Hurtado, un alguacil del órgano de justicia comunicó la decisión a los representantes de las organizaciones de masa de su vecindario, aproximadamente a las 5 de la tarde. El funcionario dijo que el órgano de justicia suspendió el desahucio por cuestiones de seguridad. “A mí nadie me aviso”, afirma.

Eleazar Yosvany Toledo Rivero, de 34 años, responsable de sacar a Yamilé de su propiedad, vía telefónica también informó la decisión a factores del barrio. Supuestamente el demandante avisó al tribunal desde el 18 de enero la imposibilidad de realizar el desalojo por falta de transporte.

El heredero excluido, solicitó al órgano de Justicia la nulidad de la permuta que realizaran ambas familias hace 10 años y el derecho a ocupar la casa de Yamile frente al Cohíba. El tribunal accedió sin haberle reconocido la propiedad.

No obstante el tribunal no desiste. Llamó a los herederos de Rivero Domínguez y los representantes de las organizaciones de masa del Vedado y del reparto Bahía, para una comparecencia, el próximo 25 de enero. “Tampoco me citaron”, agrega Barges Hurtado, quien asegura, el desalojo está planificado para el 5 de febrero.

Yamile supo de la suspensión por los herederos de la otra permutante y vecinos citados por el órgano de justicia. “Es una guerra psicológica”, asevera. El 15 de noviembre estaba previsto que ocurriera el desalojo y tampoco pasó. “No aguanto más, me tienen psiquiátrica, que pase lo que sea”, agrega.

En cuba no es común que los tribunales desahucien. Los desalojos, llamados “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble. En el caso de Barges Hurtados el órgano administrativo actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos en litigio.

Los herederos de la otra permutante intentan demandar a Eleazar para que demuestre su derecho a la vivienda y paralizar el desahucio. Yamile planea presentarse en el proceso como parte interesada. Necesita dirección letrada y solo los abogados afiliados La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única de su tipo en el país, pueden representarla ante los tribunales u órganos estatales. Ella no confía en ninguno.

Según Yamile para defenderse contrato los servicios de 3 abogados. La primera, la Lic. Clara Elena Díaz Olivera se le vendió con la contraparte, la Lic. Alba Rosa Perna Recio. Los otros al saber quién representaba al heredero excluido, dieron por perdido el caso.

Barges Hurtado afirma en el caso hay corrupción porque entre la jueza Dania Pardo García, ex presidenta de la sala juzgadora, hay relaciones de amistad. “En la última comparecencia, salieron a almorzar juntas”, comenta.

Roban vacas a Comandante de la Revolución

 Yaremis Flores

El pasado sábado 5 de mayo, en horas de la noche, fueron sustraídas al menos 3 vacas, de una finca del Comandante Guillermo García Frías, ubicada al suroeste de la capital. Al amanecer del día siguiente, se observaron 3 carros patrulleros y 2 vehículos de Medicina Legal.

El suboficial Alexander Borrero, uno de los encargados de las averiguaciones, exclamó “La gente no escarmienta, se atreven a robarle a un Comandante”. Los investigadores tiraron fotos y tomaron videos del lugar. Además recogieron testimonios de algunos vecinos.

Aunque algunos campesinos han denunciado en la comunidad, el robo de sus animales, -delito de alta incidencia en la zona- la policía no les ha prestado atención. “El pasado lunes 7 de mayo, se llevaron uno de mis caballos, lo comuniqué en la unidad policial y todavía estoy esperando la investigación” dijo Alfonso Chaviano, más conocido por Chichi, quien añadió que un caballo en la isla, puede alcanzar un valor superior a los 1000 usd.

La cooperativa Fernando García Rosales, con más de 400 hectáreas, pertenece a la Empresa Nacional para la Protección de Flora y Fauna, dirigida por García Frías. Enclavada en Murgas, barrio rural del Municipio Boyeros, cuenta con todo tipo de recursos. Se dedica a algunos cultivos, entre ellos caña y moringa, pero su tarea fundamental es la ganadería.

Según Osiris, una de las pobladoras del lugar, quien pidió no se publicaran sus apellidos, conversó en una ocasión, hace dos meses, con Miguel Vale, administrador de la finca. “Me dio un aventón en su jeep Willy particular, se identificó y alardeó de sus constantes viajes a México y Brasil, con el fin de comprar cabezas de ganado pura raza”.

Los ciudadanos cubanos no tienen la posibilidad de controlar la rentabilidad o no de las inversiones del país. Mucho menos, decidir el destino de las producciones de esta finca, cuando esta opera con el visto bueno de Fidel Castro, ex mandatario cubano, quien visitó la propiedad en el pasado mes de enero.

Acorde a las estadísticas agropecuarias mundiales, como promedio, los precios del ganado de remate en ferias, oscilan por encima de los 1300 usd. Según el suboficial Borrero, las reses eran ejemplares pura raza y pesaban entre 350 y 450 kilogramos. Hasta la fecha, no han detenido a ningún sospechoso.

Estar on time y el cumplimiento de términos legales

Yaremis Flores.

Mabel, esposa de Raúl Rodríguez Soto, preso en la Prisión de Guanajay, entregó en octubre del año pasado, una solicitud de licencia extrapenal ante el Tribunal Provincial de Artemisa. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

En la cultura anglosajona la puntualidad es una costumbre inevitable. “On time” es una expresión en inglés cuyo significado es “a la hora exacta, a tiempo”. Si un reportero llega tarde a un sitio, pierde la exclusiva. Si un desempleado llega tarde a la entrevista de trabajo, de seguro no será contratado. Si la meta es mantener una amistad, un buen trabajo y lograr oportunidades en la vida, se debe aprender esa máxima.

En nuestro país, estar ‘on time’ es complicado. No obstante, el cubano debe aprender lo honorable y necesario de ser puntual.

Lo preocupante es que el ‘relajamiento’ del horario, no ocurre solamente en la esfera social. Conciertos, actos solemnes, reuniones y otras actividades organizadas por instituciones estatales, nunca comienzan en el horario establecido sino “alrededor de las 10 de la mañana o a eso de las 5 de la tarde” como se suele decir. Solo son exactos a la hora del cierre.

Con los órganos de administración de justicia ocurre otro tanto. Los juicios, casi nunca se celebran a partir de las 9 y 30 de la mañana- horario legal establecido-.Tampoco se da una explicación oficial a los presentes cuando hay demora, según regula la ley de trámites. La notificación de sentencias tarda y los términos procesales se incumplen con frecuencia.

Esas dilaciones son síntoma de poca ética e irrespeto al ciudadano. Sin embargo, los jueces no son flexibles cuando los términos son violados por otros. Pues si un particular, inconforme con una resolución, apela ante los tribunales un día después de vencerse el término- sea por el motivo que fuere- la apelación no es admitida.

 Cuando un abogado de Bufete Colectivo se demora con un expediente, más del tiempo requerido para su análisis, el Tribunal le impone 25 pesos de multa por cada día de retraso. Me pregunto, ¿qué multa pagará el Tribunal por los días que ha tardado en responder a la solicitud de Mabel?

Trato cruel, inhumano y degradante

Laritza Diversent

Laura Álvarez Rojas, una cubana residente en Sudáfrica, en menos de 9 meses perdió dos de sus seres queridos. Su hermano, Alberto Álvarez Rojas, residente en la isla, falleció el pasado día 13 de marzo, en un accidente automovilístico en ese país.

“Aun sin reponerme del dolor de perder a mi madre, me vi ante la muerte de mi hermano desarmada y terriblemente deprimida”, escribió Álvarez Rojas en una carta para algunos amigos. Decidió llevar sus restos a la tierra natal y compartir tan dolorosa pérdida con sus familiares en Cuba.

Realizó todos los trámites burocráticos que exigen Inmigración y Extranjería para entrar en la isla. Prorrogó su pasaporte, legalizó el certificado de defunción de su hermano y pagó todo los aranceles consulares. El pasado 23 de marzo, salió del continente africano en vuelo KL 0592 y aterrizó en Cuba a las 6 de la tarde del siguiente día.

Se sorprendió cuando una funcionaria de inmigración le dijo en la taquilla, que no estaba permitida su entrada al país y no sabía los motivos.  En una oficina aparte pidió revisaran su nombre. En el 20011 entró 2 veces a Cuba sin problema. No vino a vacacionar. Su madre tenía cáncer terminal de hígado.  “No puedes entrar y punto, tu embajada en Sudáfrica es la responsable de explicarte los motivos”, contestó la funcionaria.

La oficial intentó descubrir porque le negaron la entrada “¿Pagaste tus importes en emigración en Cuba?”, preguntó.  “Si”, contestó Laura. “¿Te fajaste con alguna persona?”, volvió a preguntar.  “Nunca, ni antes ni después”, rebatió. “¿Saliste a pasear por algunos lugares?”, continúo interrogándola.  “Mis paseos fueron al hospital a transfundir a mi madre, a emigración y el aeropuerto”, refutó.

En un bolso estaban los restos de Alberto.  “A las personas que se le niegan la entrada a Cuba, no se les permite pasar equipaje”, agregó la funcionaria de inmigración.  “Pídele a la embajada que mande los restos de tu hermano por valija diplomática”, le aconsejó la mujer.

Desesperada llamó a su esposo, un médico desertor que lleva aproximadamente 10 años trabajando en Sudáfrica, a su hermana que la esperaba afuera y al cónsul de su embajada. “Apaga el teléfono no te puedes comunicar con más nadie”, le advirtió la oficial. La mujer “Entró en rabia y me arrebató el teléfono”, agregó Álvarez Rojas.

Laura no dejó de insistir en pasar los restos del hermano. “me vieron como loca hablando con todos los funcionarios, me encerraron en una oficina y fue cuando alguien me cogió por el cuello, rompiéndome mi rosario”, argumentó.

A pesar del maltrato y las agresiones físicas, continuó en su empeño. “Me arrodillé y le imploré que le dieran los restos de mi hermano a mi hermana que estaba afuera, a mí que me viraran, no me importaba”, insistió a otra oficial que la custodiaba en la oficina.

Laura no lo consiguió. La montaron en el vuelo KL 02724 el mismo día, en el avión que había llegado. Al piloto le informaron que era una ilegal por delincuente en Cuba. El hombre se enfureció cuando la joven le mostró sus papeles en orden, las cenizas de su hermano y el certificado de defunción de la embajada.

El aeronauta se quejo. No era la primera vez que pasaba. “Me mandaban para atrás sin pre-ticket para que en Holanda tuviera que pagar mi ticket hacia Suda África de nuevo”, argumentó Álvarez Rojas. Se negó a montarla en el avión sin el tique y advirtió que reportaría a Cuba con su línea aérea, por abusos frecuentes a sus ciudadanos.

La tripulación se esmeró en atenderla. “Me hicieron sentirme como persona ya que el tratamiento que recibí en mi país fue el de un animal”, continua. “Yo no llevaba un perro muerto, yo llevaba a una parte de mi Corazón”, afirmó Laura en un intento de desesperado de buscar comprensión y solidaridad por lo sucedido.

“No me dejaron llorar mi dolor con mis seres queridos , no dieron el derecho de abrazar a mi hermana que lloraba desesperada del otro lado y fui obligada a volver aquí con los restos de mi hermano, el corazón desarmado, la esperanza rota y la decepción más grande de mi vida”, concluyó. 

Laura insiste en buscar una explicación en la embajada de Cuba en Sudáfrica, aunque sabe que no existe razón para lo inexplicable.  Sin embargo, se equivoca cuando afirma que nadie puede entender lo que siente. Las autoridades cubanas tratan así a muchos de sus nacionales. Sin dudas un trato cruel, inhumano y degradante.

Alcoholismo, un escape a la realidad

Es la tercera noche que Roger Martínez, un joven de 35 años de edad, llega totalmente ebrio a su casa. Su esposa no aguanta mas la situación, tuvo que pedirle dos huevos a la vecina para acompañar el arroz blanco de la cena de sus hijos. Mientras, se pregunta de donde su marido saca dinero para embriagarse casi todos los días.

Roger a diario sale en busca de trabajo por cuenta propia. Limpia un patio, una obra de construcción en viviendas particulares, etc. No tiene una ocupación específica, pero hace cualquier cosa para vivir el día a día. Trabajar en la calle, para él, representa más entrada de ingreso, que un salario mensual. Pero tampoco le es suficiente.

Antes, cuando recostaba la cabeza en la almohada, pensaba de qué forma iba a resolver las dificultades económicas del día siguiente: el pago de los equipos electrodomésticos que le dieron con la “Revolución Energética”, la manutención de los hijos, la comida, reparar la casa.

Ahora su situación empeoro. Para trabajar por su cuenta y riesgo, necesita una licencia del gobierno. La Oficina de Administración Tributaria de su municipio, le exige un aval del bodeguero, dependiente de los centros que reparten la cuota subsidiada, que acredite que él no es un “deudor de la patria”. De lo contrario no le darán autorización para operar como cuentapropista.

Martínez está en una disyuntiva, para trabajar legalmente tiene que saldar sus deudas con el Estado. El problema está en que no sabe como buscará, más de 10 mil pesos para pagar todos los equipos electrodomésticos de la benévola batalla de ideas. Apenas puede garantizar los alimentos de la cena de sus hijos.

No le queda más remedio que trabajar de forma ilegal e incurrir en una de las contravenciones que regula cuentapropismo. La infracción se castiga con 1200 pesos de multa por ejercer una actividad de las legalmente autorizadas, sin presentar la documentación que lo acredite como trabajador por cuenta propia.

Roger se pregunta de dónde sacara el dinero si eso sucede. Su problemática en vez de disminuir, crece. La única solución por el momento es no pensar. De todas formas la única alternativa para sobrevivir es correr el riesgo y trabajar, como dicen en la calle, por la izquierda.

Su jornada comienza a las seis de la mañana en el bar de la esquina, dándose el primer trago del día. Termina dando tumbos y hablando solo de regreso a casa. La ingestión de bebidas alcohólicas, se convirtió en el aliciente a sus frustraciones e impotencias. Un escape a la dura realidad, un remedio para no pensar.

Laritza Diversent

Se esperan cambios en política estatal

 

Luego de dos meses, la incertidumbre llena el escenario cubano. Todavía el gobierno no concreta los principios que regirán el trabajo por cuenta propia. Mientras, la cifra de desempleados y las expectativas de la población, aumentan.

Una de las inquietudes planteadas es si el gobierno otorgará a los cuentapropistas derechos para explotar concesiones administrativas, teniendo en cuenta que, este, considera la actividad de los particulares como complemento de la estatal.

Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Sin embargo, varias de las actividades por cuenta propia autorizadas están relacionadas con la explotación de recursos minerales, como el cantero y el productor vendedor de artículos de alfarería.

Otras como el elaborador vendedor de artículos de granito y mármol, se mantiene paralizadas, según informó el diario oficial Granma, por no existir un mercado lícito para adquirir las mercancías.

El Ministerio de la Industria Básica, está autorizado para otorgar o denegar las concesiones mineras para pequeños yacimientos de determinados minerales, reconocidos por la Constitución de la República como bienes de “propiedad estatal socialista de todo el pueblo”.

Hace dos años, la ciudadana Amada Pupo Cisneros presentó, a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una solicitud de concesión de explotación del mineral de arcilla, en la localidad tunera la Estrella. Su pretensión fue rechazada por la recién destituida Ministra de la Industria Básica, Yadira García Vera.

La ex representante del gobierno negó el derecho por recomendación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, quien valoró que, la petición de Pupo Cisneros, se contraponía a los principios generales del ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Desde 1992 los bienes estatales pueden trasmitirse, parcial o totalmente, en propiedad a personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno solo reconoce este derecho a los inversionistas extranjeros.

Los nacionales como Amada Pupo están excluidos. Su participación en la economía nacional está seriamente limitada por la Constitución de la República, el Decreto-ley 141 de 8 de septiembre de 1993, “Sobre Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, y el resto de la legislación complementaria, que regula este derecho.

En el artículo 21 de Texto Mago del Estado, reconoce la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo, restringe el derecho al prohibir utilizarlos en la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

No obstante ser un derecho constitucional, en la última sesión parlamentaria el Presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y miembro del Buró Político y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), anuncio que su gobierno levantaría algunas restricciones al ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre ellas la contratación de mano de obra

No obstante, el gobierno dejo claro que mantendrá su política en cuanto a determinar, supervisar y controlar las actividades, y quienes pueden realizarlas. También fiscalizara las condiciones de comercialización de los productos y servicios de los cuentapropistas. Las medidas según el diario Granma, órgano oficial del PCC, entrarán en vigor, sin especificar el día, a partir de octubre.

Hasta el momento, el gobierno socialista niega a sus nacionales el derecho a explotar servicios públicos, recursos naturales o la ejecución de obras públicas, cuando la legislación les da esa posibilidad. Habrá que esperar para ver cambian los principios discriminatorios de las políticas estatales y su sistema de exclusión. Es hora que los cubanos intervengan, en condiciones de igualdad, en su propia economía.

Laritza Diversent

Miembros de los cuerpos represivos actúan por cuenta propia

Un Estado de Derecho, se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también, el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales.

Es normal que, un policía o miembros de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores, ante la fiscalía militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal, llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.

También es común, que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. . La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.

La no observancia de los procedimientos penales, se derivan del exceso de poder, que otorga el estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.

Laritza Diversent