¿Nuevas reformas en la política migratoria?

 

Las nuevas modificaciones legislativas a la  normativa migratoria en Cuba, aunque representan un paso de avance, aún mantienen un carácter político, restrictivo y violatorio del derecho de circulación.

Las modificaciones a las regulaciones migratorias, mejoraron la redacción semántica de las disposiciones legales, eliminaron la referencia al permiso al permiso de entrada y/o salida y la carta de invitación, que tácitamente declaraba a los cubanos incapaces desde el punto de vista económico.

Esta presunción se mantiene en la práctica. Los requisitos exigidos por la mayoría de las embajadas radicadas en la isla y el valor de los impuestos por trámites migratorios, que se pagan en moneda libremente convertible, hacen que la posibilidad de viajar fuera de la isla sea un sueño inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

No obstante, puso en vigor algunas políticas nuevas y creó nuevas categorías migratorias. Por ejemplo, los residentes de inmobiliarias, que ofrece garantías a extranjeros y sus familiares,  propietarios o arrendatarios de viviendas en complejos inmobiliarios dentro de la Isla.

Sin duda el Estado se enfoca en sectores con potencialidad económica: extranjeros y emigrados. A estos últimos les da la oportunidad de recuperar la residencia en la isla, y con ella el derecho a participar en las elecciones, ejercer el trabajo por cuenta propia, a comprar autos y una vivienda, etc.

Sin embargo, la posibilidad de que el Ministerio del Interior reconozca este derecho a cubanos residentes en el exterior, sin estar viviendo físicamente en el país, deja bien claro que seleccionará que emigrados pueden o no recuperar sus derechos.

Conozca más detalles en: Cambios en la política migratoria del gobierno cubano, ¿Nuevas reformas?

Tribunal suspende desahucio

 

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Laritza Diversent

El pasado 21 de enero, el Tribunal de la Habana suspendió el desalojo de Yamilé Barges Hurtado de su casa frente al hotel Cohíba y de los herederos de la otra permutante, en el Este de la Habana, previsto efectuarse el martes 22.

Según Barges Hurtado, un alguacil del órgano de justicia comunicó la decisión a los representantes de las organizaciones de masa de su vecindario, aproximadamente a las 5 de la tarde. El funcionario dijo que el órgano de justicia suspendió el desahucio por cuestiones de seguridad. “A mí nadie me aviso”, afirma.

Eleazar Yosvany Toledo Rivero, de 34 años, responsable de sacar a Yamilé de su propiedad, vía telefónica también informó la decisión a factores del barrio. Supuestamente el demandante avisó al tribunal desde el 18 de enero la imposibilidad de realizar el desalojo por falta de transporte.

El heredero excluido, solicitó al órgano de Justicia la nulidad de la permuta que realizaran ambas familias hace 10 años y el derecho a ocupar la casa de Yamile frente al Cohíba. El tribunal accedió sin haberle reconocido la propiedad.

No obstante el tribunal no desiste. Llamó a los herederos de Rivero Domínguez y los representantes de las organizaciones de masa del Vedado y del reparto Bahía, para una comparecencia, el próximo 25 de enero. “Tampoco me citaron”, agrega Barges Hurtado, quien asegura, el desalojo está planificado para el 5 de febrero.

Yamile supo de la suspensión por los herederos de la otra permutante y vecinos citados por el órgano de justicia. “Es una guerra psicológica”, asevera. El 15 de noviembre estaba previsto que ocurriera el desalojo y tampoco pasó. “No aguanto más, me tienen psiquiátrica, que pase lo que sea”, agrega.

En cuba no es común que los tribunales desahucien. Los desalojos, llamados “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble. En el caso de Barges Hurtados el órgano administrativo actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos en litigio.

Los herederos de la otra permutante intentan demandar a Eleazar para que demuestre su derecho a la vivienda y paralizar el desahucio. Yamile planea presentarse en el proceso como parte interesada. Necesita dirección letrada y solo los abogados afiliados La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única de su tipo en el país, pueden representarla ante los tribunales u órganos estatales. Ella no confía en ninguno.

Según Yamile para defenderse contrato los servicios de 3 abogados. La primera, la Lic. Clara Elena Díaz Olivera se le vendió con la contraparte, la Lic. Alba Rosa Perna Recio. Los otros al saber quién representaba al heredero excluido, dieron por perdido el caso.

Barges Hurtado afirma en el caso hay corrupción porque entre la jueza Dania Pardo García, ex presidenta de la sala juzgadora, hay relaciones de amistad. “En la última comparecencia, salieron a almorzar juntas”, comenta.

Vicefiscal General de Cuba cuestionó la condena del reo Michel Martínez Pérez

07 SEPT 2012

Yaremis Flores.

Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, pidió  al Tribunal Supremo, la revisión de la sanción de 10 años de prisión, impuesta a Michel Martínez Pérez. El recluso común se colocó en huelga de hambre en más de 3 oportunidades por insistir en su inocencia.

“En el proceso penal han existido quebrantamientos e imprecisiones” reconoció Concepción Rangel por escrito, en su solicitud la cual fue admitida por la máxima instancia judicial en la isla.

El Tribunal Provincial de Matanzas, en marzo de 2012 consideró responsable a Martínez Pérez, junto a otros acusados, por sacrificio ilegal de ganado vacuno, hurto y robo con fuerza en las cosas. La única evidencia en su contra fue una huella de olor tomada en una de las escenas del crimen.

Este tipo de prueba solo indica la presencia en el lugar, pero no necesariamente la participación en el hecho delictivo. Su nivel de certeza no se asemeja al de un examen de ADN. Es discutible la forma de recolección de la huella y hay que confiar en la habilidad de la técnica canina, pues un perro es quien determina si el olor coincide con el sospechoso.

En relación a la prueba de olor “constan en las actuaciones irregularidades que ponen en duda la calidad de la misma” señaló el vicefiscal y añadió la existencia de una “lógica contradicción” entre pruebas y actas de inspección del lugar de los hechos.

El vicefiscal señaló que Michel negó su participación en los hechos en todo momento, pero los coacusados lo involucraron al inicio de la investigación. Puso en duda que aunque después en la fase investigativa y durante el acto de juicio oral estos se retractaron, los jueces solo tuvieron en cuenta las declaraciones que lo incriminaban.

La ley procesal penal obliga a los Tribunales a dictar sentencia sobre la base de las pruebas practicadas en el juicio. Sin embargo los jueces cubanos, bajo la facultad de apreciar libremente las pruebas, violan ese mandato con frecuencia.

“Michel desde su detención en agosto de 2011 ha intentado llamar la atención de las autoridades sobre su proceso”, dijo Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia que ha apoyado y seguido el caso de Michel.

Martínez Pérez fue reportado de cuidado por los médicos cuando en junio de 2012 comenzó una huelga que se extendería a casi 50 días. La última inanición voluntaria la realizó a partir del 19 de octubre, luego de conocer los resultados de la sentencia de casación (apelación) del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal que hoy admite revisar la decisión de los magistrados de Matanzas, en su momento oportuno cuando reexaminó el expediente en el 2012, mantuvo la misma sanción para Michel.

Como consecuencia el recluso se negó a comer alimentos por 48 días. Posteriormente estuvo casi dos meses hospitalizado. “Mi hijo ha bajado de peso y deteriorado su salud, todo lo sucedido es una injusticia”, dijo telefónicamente Lázara de Jesús, madre.

En el plazo de 10 días, contados a partir del pasado 28 de enero, Michel deberá contratar abogado para la celebración del nuevo juicio. De acceder a la petición del vicefiscal, se deberá anular la sentencia que cometió la infracción y dictar otra conforme a las garantías del debido proceso.

Según fuente que no será revelada por razones de seguridad, presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno cubano sobre la situación legal de Michel Martínez Pérez.

Lea la Solicitud del Procedimiento de Revisión de Michel Martínez

La casa frente al Cohíba

Yamile Barges Hurtado

LA HABANA, Cuba, diciembre,  www.cubanet.org.-El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana tenía previsto desalojar a Yamilé Barges Hurtado de su vivienda, ubicada frente al Hotel Cohíba, después de anular una permuta que realizó hace 9 años.

Ese día también debía desahuciar a los herederos de Teresa Luisa Rivero Domínguez, la otra permutante en el reparto Bahía, barrio periférico al Este de la Habana, lugar de origen de Yamilé. Según fuentes anónimas, el desalojo no se produjo por falta de transporte.

Hasta la fecha, el TPP de La Habana no ha variado su decisión, acción que le corresponde ejecutar a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Plaza. En el sistema legal cubano no existe la acción de desahucio. Los desalojos, llamados eufemísticamente “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble.

Yamile Barges Hurtado, el pasado 27 de noviembre recibió una citación del Tribunal para presentarse el 6 de diciembre en una comparecencia. Los herederos de Rivero Domínguez también fueron citados.

En la práctica judicial luego de dictarse la ejecución de una sentencia, no es usual citar a las partes nuevamente. No obstante, ese día los jueces advirtieron que en enero serían citados otra vez para analizar el asunto y efectuarán el desalojo, aunque Yamilé no es ocupante ilegal.

La DMV de Plaza debe actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos del litigio. La actuación del tribunal se limita a comunicar su decisión a los funcionarios de Vivienda.

El estado psíquico de Yamilé se deteriora con cada amenaza de extracción. Rompió puertas, ventanas y el piso que con tanto esfuerzo logró construir. “No voy a dejarle mi casa a nadie con las comodidades que creé para mi familia”, afirmó.

Alega que no puede vivir más en esa incertidumbre. “Quiero que mi problema se resuelva ya”, añadió. Su hija dejó de asistir a la universidad para no dejarla sola en ningún momento. Son evidentes su estado depresivo y el efecto de los medicamentos.

Sin justicia y sin derechos

Yaremis Flores

La capital habanera acogerá las sesiones del Sexto Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el Palacio de las Convenciones, del 23 al 25 de mayo próximos. Se darán cita más de 500 delegados, de ellos 300 son juristas foráneos, provenientes de 14 naciones.

Entre las temáticas priorizadas a debatir, se encuentran el acceso a la justicia en la isla, el trabajo reeducativo en prisiones cubanas y el debido proceso penal, según la nota publicada en el sitio web www.gpalco.com. Al igual que en ediciones anteriores, habrá una intervención oficial sobre el caso de los 5 cubanos condenados en los Estados Unidos, por espiar para el gobierno cubano.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, auspiciador del evento, manifestó en conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, que la cita permitirá a Cuba, mostrar los avances en el plano jurídico, en la tramitación de procesos y la transparencia en la administración de justicia.

El encuentro será una ‘caja de resonancia’ para presentar una contraofensiva a las campañas orquestadas por la gran prensa, que intenta desacreditar a Cuba y silenciar sus logros en la administración de justicia”, añadió el jurista.

Remigio presumió de las conquistas de la Revolución Cubana en la justicia, “propiciando el intercambio de experiencias entre distintos operadores judiciales”. Sin embargo, no todos los juristas están representados en este debate. Solo abogados de sectores estatales tienen acceso a la convocatoria. Además, un Comité Organizador, es el encargado de seleccionar aquellas ponencias, afines a concepciones políticas del Gobierno.

Laritza Diversent y quien reporta, ambas abogadas, nunca hemos participado en este tipo de eventos. “No he conocido a tiempo la convocatoria. El único objetivo de los organizadores, es maquillar las grietas del sistema judicial cubano”, comentó Diversent.

Entre las materias ausentes en el congreso, están la inadecuada valoración de la prueba por parte de los Tribunales, el trabajo forzado o esclavo en las prisiones de la isla y las ventajas de un poder judicial independiente. Quizá un análisis profundo de estos temas, evite otro encuentro internacional, sin justicia y sin derechos.

 

 

Comunidad rastafari en la isla y la “celebración” del Primero de Mayo.

Yaremis Flores

Sandor Pérez, rastafari de 29 años, no tuvo motivos para celebrar este Primero de Mayo. El pasado mes de febrero fue despedido de Servicios Comunales de Habana de Este, donde laboraba como barrendero. Su jefe le señaló: “Si no te pelas, no puedes seguir trabajando con nosotros”. Sandor, había comprado con sus ahorros, su propio carrito para recoger basura.

Su larga cabellera enroscada bajo un turbante, no encaja con el criterio de ‘buen porte y aspecto’, exigido para pertenecer a una entidad estatal. Graduado de técnico medio en Construcción Naval, no ejerció el oficio por el rechazo institucional a sus creencias.

He optado por varios puestos de trabajo, y por lo general, no me escogen por mi apariencia” dijo Sandor. “Las únicas opciones posibles para los rastas en Cuba, son trabajar limpiando calles, en la agricultura o en la construcción. No conozco a ninguno que sea médico, profesor o diputado de la Asamblea Nacional” agregó.

Una niña de 4 años depende del joven rasta. Durante el mes de marzo solicitó trabajo en el Organopónico ‘Hanoi’, del reparto capitalino Alamar (lugar donde se cultiva y venden productos agrícolas) Pero la respuesta fue “Ven otro día, a ver si aparece algo para ti”. Acudió diez días consecutivos, con la esperanza de conseguir un puesto.

La mañana del onceno día, el Jefe del Organopónico le dijo, fingiendo pena: “La plaza vacante ya está ocupada, si hubieras venido ayer…” Sandor respondió: “Mire, no me pague con dinero, me conformo con un mazo de lechuga diario para mi I-tal (comida natural propia de la dieta rastafariana)”. La propuesta no fue aceptada.

Carlos Cantero, rasta de 36 años, también trabajó como recogedor de basura, hace unas semanas. “Fui expulsado por mis dreadlocks (peinado rastafari)” Además, aseguró que algunos hermanos rastas no han soportado la presión y han tenido que cortar su cabello, lo cual va contra los mandamientos de la religión.

Sin estadísticas oficiales precisas, algunos rastas cubanos aseguran, que la tasa de desocupación en su comunidad, es elevada. Para subsistir, están obligados a cumplir los estereotipos impuestos por la sociedad socialista. ¿Es de todos, la alegría de festejar, la obra de la Revolución, en el Día Internacional de los Trabajadores?

Impunidad ante brutalidad policial contra joven holguinero

Yaremis Flores

El destino de Alberto Lairot Castro cambió el 28 de agosto de 2007, con apenas 28 años. Dos uniformados, Héctor Luis Pérez Osorio y Frank Ochoa Angulo, le aplicaron una técnica no permitida en los programas de defensa personal, del Ministerio del Interior. Le provocaron secuelas irreversibles.

El joven holguinero festejaba ese día en el Estadio de Béisbol “Calixto García”, en Holguín. Había ingerido algunas bebidas alcohólicas, pero no llevaba armas blancas ni atentó contra nadie. Tuvo un incidente con unos policías y fue conducido a la Unidad del municipio por un presunto delito de Resistencia.

En la estación, los policías llevaron a Lairot Castro al área de los calabozos. Alberto se negó a entrar en la celda. Su corpulencia obligó la acción de varios guardias. El subteniente Frank lo agarró por detrás y lo inmovilizó con la llave conocida por ‘Doble Nelson’. Héctor, el capitán, lo tomó por los pies. Ambos depositaron al detenido en el calabozo.

Llave Doble Nelson aplicada a Alberto
“Sentí que me traqueó el cuello. Al pasar unos minutos comencé a gritar porque no me sentía las piernas” confesó Alberto, quien fue sometido a cirugía de inmediato.
Los términos médicos, no ayudan a comprender la gravedad del asunto. Quizá fuera más compresible si dijera que Alberto tiene una lesión en la médula espinal y no puede mover sus piernas. Tiene músculos atrofiados. El reposo diagnosticado propició la aparición de escaras.

La Fiscalía Militar consideró suficiente la sanción de 2 años de prisión-remitidos de forma condicional- como castigo a los policías, por el delito de Lesiones Graves. En la audiencia, los doctores Jaime Oliveros y Frank Fernández concluyeron que la lesión fue provocada por la ‘Doble Nelson’ aplicada y el posterior traslado al calabozo.

No obstante, esas declaraciones fueron desestimadas. Los jueces del Tribunal Militar de Holguín señalaron en su sentencia “los policías aplicaron la técnica de manera oportuna y profesional”. Agregaron que Lairot Castro se autolesionó al forcejear y evitar entrar a la celda.

Los abogados defensores invocaron la inocencia de los oficiales. Ampararon su alegato en que “el causante de un daño en cumplimiento de su deber no es responsable penalmente”. Ese es el momento en el que cualquier jurista puede avergonzarse de su profesión.

No faltaron los halagos a los acusados. Refiriéndose a Pérez Osorio los magistrados consignaron “cumplió con sus funciones de 2do jefe de la Policía de Holguín, ha sido un militar disciplinado y no es violento” Respecto a Ochoa Angulo, “goza de prestigio y autoridad, destacado en el enfrentamiento al delito”. La opinión de los juzgadores sobre Lairot Castro fue diferente. “Estaba agresivo, presumía en el barrio de su fortaleza física y vestía ropas ceñidas para exhibir su musculatura”.

El tribunal absolvió a los uniformados. Casi cinco años después, Alberto Lairot aún no está curado. Sus facultades se deterioran día a día, ante la mirada dolorosa de su madre, quien lo acompaña en el hospital. Ya quedó atrás su época de joven atlético. Sin embargo, el hecho quedó impune.