¿Será la queja suficiente para defender nuestros derechos?

Según instrumentos jurídicos internacionales , “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”

En la Constitución de la República de Cuba no se reconoce a ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos[1].  El gobierno cubano considera, que una institución de esa naturaleza, no constituye una necesidad identificada por el pueblo cubano, en función de su voluntad de continuar construyendo una sociedad que garantice toda la justicia[2].

Según el gobierno cubano, el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas, relativas al disfrute de cualquier derecho humano.

El sistema prevé la recepción de quejas, la obligatoriedad de respuestas pero no la restitución en caso de comprobarse, y su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para caso urgentes o de daños irreparables.

En la práctica ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Sin embargo, para el Gobierno cubano “este sistema ha demostrado en la práctica efectividad y capacidad de respuesta a los intereses, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos”.

Conozca que órganos del estado intervienen es este sistema y las obligaciones que tienen en: ¿“Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”, en el sistema legal cubano?

[1] Folleto Informativo No. 19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”

[2] Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal- Cuba, Consejo de Derechos Humanos, 2009

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Miembros de los cuerpos represivos actúan por cuenta propia

Un Estado de Derecho, se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también, el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales.

Es normal que, un policía o miembros de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores, ante la fiscalía militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal, llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.

También es común, que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. . La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.

La no observancia de los procedimientos penales, se derivan del exceso de poder, que otorga el estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.

Laritza Diversent