Tribunales

Estar on time y el cumplimiento de términos legales

Yaremis Flores.

Mabel, esposa de Raúl Rodríguez Soto, preso en la Prisión de Guanajay, entregó en octubre del año pasado, una solicitud de licencia extrapenal ante el Tribunal Provincial de Artemisa. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

En la cultura anglosajona la puntualidad es una costumbre inevitable. “On time” es una expresión en inglés cuyo significado es “a la hora exacta, a tiempo”. Si un reportero llega tarde a un sitio, pierde la exclusiva. Si un desempleado llega tarde a la entrevista de trabajo, de seguro no será contratado. Si la meta es mantener una amistad, un buen trabajo y lograr oportunidades en la vida, se debe aprender esa máxima.

En nuestro país, estar ‘on time’ es complicado. No obstante, el cubano debe aprender lo honorable y necesario de ser puntual.

Lo preocupante es que el ‘relajamiento’ del horario, no ocurre solamente en la esfera social. Conciertos, actos solemnes, reuniones y otras actividades organizadas por instituciones estatales, nunca comienzan en el horario establecido sino “alrededor de las 10 de la mañana o a eso de las 5 de la tarde” como se suele decir. Solo son exactos a la hora del cierre.

Con los órganos de administración de justicia ocurre otro tanto. Los juicios, casi nunca se celebran a partir de las 9 y 30 de la mañana- horario legal establecido-.Tampoco se da una explicación oficial a los presentes cuando hay demora, según regula la ley de trámites. La notificación de sentencias tarda y los términos procesales se incumplen con frecuencia.

Esas dilaciones son síntoma de poca ética e irrespeto al ciudadano. Sin embargo, los jueces no son flexibles cuando los términos son violados por otros. Pues si un particular, inconforme con una resolución, apela ante los tribunales un día después de vencerse el término- sea por el motivo que fuere- la apelación no es admitida.

 Cuando un abogado de Bufete Colectivo se demora con un expediente, más del tiempo requerido para su análisis, el Tribunal le impone 25 pesos de multa por cada día de retraso. Me pregunto, ¿qué multa pagará el Tribunal por los días que ha tardado en responder a la solicitud de Mabel?

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Balseros indefensos ante arbitrariedad de la Capitanía de Puerto

Laritza Diversent

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas están totalmente indefensos y no tienen forma de cambiar esa situación. No encuentran un abogado que quiera demandar a la Capitanía del puerto de la Habana por vulnerarle sus legítimos derechos.

El 17 de diciembre del año pasado, las autoridades los sorprendieron, junto a 4 personas más, en aguas cercanas a la costa en una balsa construida por ellos mismos, después de un intento fallido de salida del país. “Había mal tiempo y decidimos recalar”, afirma Pupo Fariñas.

El 3 de marzo del presente año, 2 meses y medio después, el Teniente coronel Jorge Luis Aluija Urgell, dictó resolución en la que afirma que los 6 balseros incurrieron en una infracción muy grave”. “Construyeron una embarcación rustica en la cual más tarde navegaron sin la autorización de la Capitanía de Puerto”, argumenta.

En 1994 por política penal, amparada en la vigencia de tratados internacionales (Acuerdos Migratorios), el Estado cubanos decidió no sancionar penalmente a los emigrantes cubanos que salen ilegalmente del país por vía marítima, en embarcaciones precarias y con riesgos para la vida.

Sin embargo, el gobierno, a través de la Capitanía del Puerto, los sanciona administrativamente cuando los detectas en la costa o en el mar, por infringir las normas sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional.

En Cuba está vigente un sistema para reprimir con multas y otras medidas, como el decomiso, violaciones de las disposiciones administrativas que no constituyeran delito, llamadas infracciones o contravenciones personales. Hasta la fecha, el gobierno ha puesto en vigor más de 90 disposiciones legales en materia contravencional.

Existen 14 infracciones sobre tenencia y operación de embarcaciones, calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 mil pesos, incluyendo el decomiso.

Yandi Vidal Cruz Alfonso de 22 años, Renny Leyva Risco de 26, Alexander Lara Céspedes de 36, Ricardo Mera Brides de 36 y Julio Cesar Rifa Rivero 33 años fueron multados con 3 mil pesos moneda nacional y a Roger Pupo Fariñas 31, le impuso el pago de 4 mil.

La reincidencia en la comisión de infracciones graves o incurrir a la vez en infracciones leves y graves, se sanciona con multa de 3 mil a 10 mil pesos.

Roger tiene además 12 intentos de salida del país. En diciembre de 2006 fue detenido regresando a la costa e interrogados por oficiales de Seguridad del Estado, pero no fue multado. Julio tiene otras 5 salidas. en 4 de ellas no fueron detectadas por las autoridades.

El capitán de puerto en su resolución indicó a los balseros, el derecho a recurrir su decisión. Los jóvenes buscaron asistencia legal en la sede de la Asociación Jurídica Cubana, dirigida por el Lic. Wilfredo Vallín. Los letrados de esta organización independiente le redactaron el escrito de reclamación.

“La resolución 16/12 de la capitanía del puerto de la Habana se notifico extemporáneamente”, consignaron en su alegato. “Se convierte en un acto jurídico ineficaz por no cumplir las formalidades establecidas en este caso su término para su aplicación”, argumentaron.

La capitanía del puerto les denegó la interposición del recurso. Los abogados de la AJC les recomendaron no pagar la multa. Sin embargo, las normas que rigen el sistema contravencional advierten que, para apelar una contravención, se debe satisfacer primero la penalidad.

Las multas se duplican de no pagarse dentro de los 30 días siguientes a su imposición. A los 2 meses de impago, se tramita, para su cobro, la vía de apremio mediante el embargo del sueldo, salario, pensión o cualquier otro ingreso que perciba el infractor.

Los balseros no se quedaron conformes. Su último intento, solicitar los servicios de un abogados de Bufetes Colectivos, que los representara en una demanda legal contra la Capitanía de Puerto. La Ley de Procedimiento Civil vigente regula un procedimiento para reclamar, en la vía judicial, las decisiones administrativas de los órganos estatales que vulneren derechos legalmente establecidos.

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas se personaron en la sede de 2 bufetes colectivos ubicados en el Vedado y Arroyo Naranjo, en la capital. Intentaron contratar 4 abogados. Todos se negaron. Los balseros asumen que, tal vez, solo tal vez, los letrados temen llevar una demanda contra una dependencia del Ministerio del Interior.

 

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