Manual_Derechos y Deberes

La mayoría de los ciudadanos cubanos desconocen el sistema jurídico imperante en la Isla y los procesos que deben realizar para ejercer una determinada acción legal, sea en materia civil, penal, administrativa, de familia, etc., principalmente aquellos que se relacionan con sus derechos civiles y políticos. Frecuentemente son víctimas de la aplicación arbitraria y selectiva de la ley.

Al respecto el Centro de Información Legal “Cubalex” pretende aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba, así como la capacidad de autodefensa de los disidentes, activistas de derechos humanos y ciudadanos que aparentemente no tienen motivaciones políticas, residentes dentro o fuera del territorio nacional.

Cubalex ofrece a sus clientes información detallada sobre el ordenamiento legal cubano, las normas jurídicas que se aplican a su caso y los procedimientos en cuestión a seguir ante las instituciones gubernamentales, regionales o internacionales.

El Manual_Derechos y Deberes_vista computadora, ofrece información sobre la forma en los cubanos pueden defender sus derechos ante los ciudadanos ante una detención, citación oficial y registro en sus viviendas.

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Seguridad del el Estado inicia proceso penal contra Sonia Garro

Laritza Diversent

Sonia Garro Alfonso miembro de las damas de blanco y de la Fundación afrocubana independiente, fue trasladada hacia la prisión de mujeres de la Habana y será procesada por el órgano de instrucción de la seguridad del el estado, informó este martes a esta reportera su hermana, Yamilé Garro.

Sonia, en una nota, logro enviar los datos del expediente de fase preparatoria, radicado bajo el número 9 del 2012 cuando aun se encontraba detenida en la unidad policial de de séptima y 64 en playa. Sin embargo, tanto ella como la familia desconocen el delito que le imputan.

Sonia resultó detenida el pasado 18 de marzo en medio de un operativo realizado por fuerzas antimotines, en su domicilio ubicado en la Avenida 47 en Marianao, en el que resultó también apresado su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, que fue trasladado para centro penitenciario Combinado del Este, en la capital.

Según informaron vecinos a Yamilé Garro, agentes de la policía política la bajaron de ómnibus del transporte público, obligándola a regresar a su casa. Un acto de provocación que alteró a su esposo Muñoz González. Los militares, con casco y escudo, rompieron la reja e irrumpieron en la vivienda, disparando balas de goma.

Según informa Yamilé, en la redada también detuvieron tres personas más, de los que se desconoce su nombre. Uno se encuentra en prisión junto a Sonia y su esposo. El resto fue liberado.

Garro Alfonso pertenece a organizaciones independientes de la sociedad civil, como Fundación Afrocubana Independiente, a las Damas de Blanco y dirige un Centro Cultural Independiente. La Seguridad del Estado a menudo la amenaza, con iniciar un proceso penal en su contra. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, fue objetos de más de 17 actas de advertencia por alteración del orden público.

Las actas de advertencia pueden motivar la imposición de medidas de seguridad predelictiva y entre 1 y 4 años de privación de libertad, por conducta antisocial, que según el Código Penal, se aprecia en las personas que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, provocadores o perturba el orden de la comunidad.

 

Miembros de los cuerpos represivos actúan por cuenta propia

Un Estado de Derecho, se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también, el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales.

Es normal que, un policía o miembros de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores, ante la fiscalía militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal, llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.

También es común, que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. . La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.

La no observancia de los procedimientos penales, se derivan del exceso de poder, que otorga el estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.

Laritza Diversent

Proceso legal para citar oficialmente a un ciudadano

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación. El proceso debe garantizar, que los ciudadanos, no sean molestados innecesariamente.

Según el artículo 91 de Ley de Procedimiento Penal (LPP) la citación oficial se practica, “a mas tardar, al siguiente día de dictada la resolución…en virtud de la cual se haya de hacer la citación…” Significa que el primer paso de una autoridad que pretenda citar a un ciudadano será dictar una resolución judicial.

De lo expuesto en el artículo 177 de la LPP se desprende que esa resolución judicial ha de adoptar la forma de auto: “cuando sea urgente el examen de un testigo podrá citársele verbalmente, para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula a que se refiere el artículo 86, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia“.

El artículo 43 de este cuerpo legal aclara que los autos se redactan y se firman por el instructor, el fiscal o todos los jueces del tribunal, según el caso, y el secretario actuante. De ahí que el primer requisito que ha de cumplir la citación oficial es la expresión de la autoridad que la dispuso y la firma del secretario.

El cumplimiento de este requisito legal es de fácil comprobación. La Ley procesal en su artículo 35 establece que “Todo escrito que se presente o se reciba (en el tribunal) se anotará en el libro que a dicho efecto se llevara”. Por otra parte, la propia ley exige que “Las actuaciones y diligencias de la fase preparatoria se hace constar por escrito, las que integraran el expediente…” (Art. 108 Ley de Procedimiento Penal).

Conclusión: la resolución que solicita la citación a un ciudadano ha de constar por escrito en el expediente investigativo y en libro que lleva el secretario judicial, a tal efecto.

Laritza Diversent