¿Será la queja suficiente para defender nuestros derechos?

Según instrumentos jurídicos internacionales , “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”

En la Constitución de la República de Cuba no se reconoce a ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos[1].  El gobierno cubano considera, que una institución de esa naturaleza, no constituye una necesidad identificada por el pueblo cubano, en función de su voluntad de continuar construyendo una sociedad que garantice toda la justicia[2].

Según el gobierno cubano, el país cuenta con un amplio y efectivo sistema interinstitucional, que incluye la participación de organizaciones no gubernamentales, para recibir, tramitar y responder cualquier queja o petición individual o de grupos de personas, relativas al disfrute de cualquier derecho humano.

El sistema prevé la recepción de quejas, la obligatoriedad de respuestas pero no la restitución en caso de comprobarse, y su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para caso urgentes o de daños irreparables.

En la práctica ninguna de ellas entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones alegadas. Sin embargo, para el Gobierno cubano “este sistema ha demostrado en la práctica efectividad y capacidad de respuesta a los intereses, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos”.

Conozca que órganos del estado intervienen es este sistema y las obligaciones que tienen en: ¿“Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”, en el sistema legal cubano?

[1] Folleto Informativo No. 19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos Humanos”

[2] Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal- Cuba, Consejo de Derechos Humanos, 2009

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Leyes cubanas favorecen la arbitrariedad estatal

Son muchos los que afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cedula expedida por el secretario”, un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho delictivo en investigación. Sin embargo, agentes de la Seguridad del Estado, la utilizan para “entrevistarse” o “definir la situación” de periodistas independientes, activistas de derechos humanos, bloggeros y opositores políticos. En la generalidad de los casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Laritza Diversent