Tribunal suspende desahucio

 

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Laritza Diversent

El pasado 21 de enero, el Tribunal de la Habana suspendió el desalojo de Yamilé Barges Hurtado de su casa frente al hotel Cohíba y de los herederos de la otra permutante, en el Este de la Habana, previsto efectuarse el martes 22.

Según Barges Hurtado, un alguacil del órgano de justicia comunicó la decisión a los representantes de las organizaciones de masa de su vecindario, aproximadamente a las 5 de la tarde. El funcionario dijo que el órgano de justicia suspendió el desahucio por cuestiones de seguridad. “A mí nadie me aviso”, afirma.

Eleazar Yosvany Toledo Rivero, de 34 años, responsable de sacar a Yamilé de su propiedad, vía telefónica también informó la decisión a factores del barrio. Supuestamente el demandante avisó al tribunal desde el 18 de enero la imposibilidad de realizar el desalojo por falta de transporte.

El heredero excluido, solicitó al órgano de Justicia la nulidad de la permuta que realizaran ambas familias hace 10 años y el derecho a ocupar la casa de Yamile frente al Cohíba. El tribunal accedió sin haberle reconocido la propiedad.

No obstante el tribunal no desiste. Llamó a los herederos de Rivero Domínguez y los representantes de las organizaciones de masa del Vedado y del reparto Bahía, para una comparecencia, el próximo 25 de enero. “Tampoco me citaron”, agrega Barges Hurtado, quien asegura, el desalojo está planificado para el 5 de febrero.

Yamile supo de la suspensión por los herederos de la otra permutante y vecinos citados por el órgano de justicia. “Es una guerra psicológica”, asevera. El 15 de noviembre estaba previsto que ocurriera el desalojo y tampoco pasó. “No aguanto más, me tienen psiquiátrica, que pase lo que sea”, agrega.

En cuba no es común que los tribunales desahucien. Los desalojos, llamados “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble. En el caso de Barges Hurtados el órgano administrativo actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos en litigio.

Los herederos de la otra permutante intentan demandar a Eleazar para que demuestre su derecho a la vivienda y paralizar el desahucio. Yamile planea presentarse en el proceso como parte interesada. Necesita dirección letrada y solo los abogados afiliados La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única de su tipo en el país, pueden representarla ante los tribunales u órganos estatales. Ella no confía en ninguno.

Según Yamile para defenderse contrato los servicios de 3 abogados. La primera, la Lic. Clara Elena Díaz Olivera se le vendió con la contraparte, la Lic. Alba Rosa Perna Recio. Los otros al saber quién representaba al heredero excluido, dieron por perdido el caso.

Barges Hurtado afirma en el caso hay corrupción porque entre la jueza Dania Pardo García, ex presidenta de la sala juzgadora, hay relaciones de amistad. “En la última comparecencia, salieron a almorzar juntas”, comenta.

Vicefiscal General de Cuba cuestionó la condena del reo Michel Martínez Pérez

07 SEPT 2012

Yaremis Flores.

Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, pidió  al Tribunal Supremo, la revisión de la sanción de 10 años de prisión, impuesta a Michel Martínez Pérez. El recluso común se colocó en huelga de hambre en más de 3 oportunidades por insistir en su inocencia.

“En el proceso penal han existido quebrantamientos e imprecisiones” reconoció Concepción Rangel por escrito, en su solicitud la cual fue admitida por la máxima instancia judicial en la isla.

El Tribunal Provincial de Matanzas, en marzo de 2012 consideró responsable a Martínez Pérez, junto a otros acusados, por sacrificio ilegal de ganado vacuno, hurto y robo con fuerza en las cosas. La única evidencia en su contra fue una huella de olor tomada en una de las escenas del crimen.

Este tipo de prueba solo indica la presencia en el lugar, pero no necesariamente la participación en el hecho delictivo. Su nivel de certeza no se asemeja al de un examen de ADN. Es discutible la forma de recolección de la huella y hay que confiar en la habilidad de la técnica canina, pues un perro es quien determina si el olor coincide con el sospechoso.

En relación a la prueba de olor “constan en las actuaciones irregularidades que ponen en duda la calidad de la misma” señaló el vicefiscal y añadió la existencia de una “lógica contradicción” entre pruebas y actas de inspección del lugar de los hechos.

El vicefiscal señaló que Michel negó su participación en los hechos en todo momento, pero los coacusados lo involucraron al inicio de la investigación. Puso en duda que aunque después en la fase investigativa y durante el acto de juicio oral estos se retractaron, los jueces solo tuvieron en cuenta las declaraciones que lo incriminaban.

La ley procesal penal obliga a los Tribunales a dictar sentencia sobre la base de las pruebas practicadas en el juicio. Sin embargo los jueces cubanos, bajo la facultad de apreciar libremente las pruebas, violan ese mandato con frecuencia.

“Michel desde su detención en agosto de 2011 ha intentado llamar la atención de las autoridades sobre su proceso”, dijo Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia que ha apoyado y seguido el caso de Michel.

Martínez Pérez fue reportado de cuidado por los médicos cuando en junio de 2012 comenzó una huelga que se extendería a casi 50 días. La última inanición voluntaria la realizó a partir del 19 de octubre, luego de conocer los resultados de la sentencia de casación (apelación) del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal que hoy admite revisar la decisión de los magistrados de Matanzas, en su momento oportuno cuando reexaminó el expediente en el 2012, mantuvo la misma sanción para Michel.

Como consecuencia el recluso se negó a comer alimentos por 48 días. Posteriormente estuvo casi dos meses hospitalizado. “Mi hijo ha bajado de peso y deteriorado su salud, todo lo sucedido es una injusticia”, dijo telefónicamente Lázara de Jesús, madre.

En el plazo de 10 días, contados a partir del pasado 28 de enero, Michel deberá contratar abogado para la celebración del nuevo juicio. De acceder a la petición del vicefiscal, se deberá anular la sentencia que cometió la infracción y dictar otra conforme a las garantías del debido proceso.

Según fuente que no será revelada por razones de seguridad, presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno cubano sobre la situación legal de Michel Martínez Pérez.

Lea la Solicitud del Procedimiento de Revisión de Michel Martínez

La casa frente al Cohíba

Yamile Barges Hurtado

LA HABANA, Cuba, diciembre,  www.cubanet.org.-El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana tenía previsto desalojar a Yamilé Barges Hurtado de su vivienda, ubicada frente al Hotel Cohíba, después de anular una permuta que realizó hace 9 años.

Ese día también debía desahuciar a los herederos de Teresa Luisa Rivero Domínguez, la otra permutante en el reparto Bahía, barrio periférico al Este de la Habana, lugar de origen de Yamilé. Según fuentes anónimas, el desalojo no se produjo por falta de transporte.

Hasta la fecha, el TPP de La Habana no ha variado su decisión, acción que le corresponde ejecutar a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Plaza. En el sistema legal cubano no existe la acción de desahucio. Los desalojos, llamados eufemísticamente “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble.

Yamile Barges Hurtado, el pasado 27 de noviembre recibió una citación del Tribunal para presentarse el 6 de diciembre en una comparecencia. Los herederos de Rivero Domínguez también fueron citados.

En la práctica judicial luego de dictarse la ejecución de una sentencia, no es usual citar a las partes nuevamente. No obstante, ese día los jueces advirtieron que en enero serían citados otra vez para analizar el asunto y efectuarán el desalojo, aunque Yamilé no es ocupante ilegal.

La DMV de Plaza debe actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos del litigio. La actuación del tribunal se limita a comunicar su decisión a los funcionarios de Vivienda.

El estado psíquico de Yamilé se deteriora con cada amenaza de extracción. Rompió puertas, ventanas y el piso que con tanto esfuerzo logró construir. “No voy a dejarle mi casa a nadie con las comodidades que creé para mi familia”, afirmó.

Alega que no puede vivir más en esa incertidumbre. “Quiero que mi problema se resuelva ya”, añadió. Su hija dejó de asistir a la universidad para no dejarla sola en ningún momento. Son evidentes su estado depresivo y el efecto de los medicamentos.

Sin justicia y sin derechos

Yaremis Flores

La capital habanera acogerá las sesiones del Sexto Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el Palacio de las Convenciones, del 23 al 25 de mayo próximos. Se darán cita más de 500 delegados, de ellos 300 son juristas foráneos, provenientes de 14 naciones.

Entre las temáticas priorizadas a debatir, se encuentran el acceso a la justicia en la isla, el trabajo reeducativo en prisiones cubanas y el debido proceso penal, según la nota publicada en el sitio web www.gpalco.com. Al igual que en ediciones anteriores, habrá una intervención oficial sobre el caso de los 5 cubanos condenados en los Estados Unidos, por espiar para el gobierno cubano.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, auspiciador del evento, manifestó en conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, que la cita permitirá a Cuba, mostrar los avances en el plano jurídico, en la tramitación de procesos y la transparencia en la administración de justicia.

El encuentro será una ‘caja de resonancia’ para presentar una contraofensiva a las campañas orquestadas por la gran prensa, que intenta desacreditar a Cuba y silenciar sus logros en la administración de justicia”, añadió el jurista.

Remigio presumió de las conquistas de la Revolución Cubana en la justicia, “propiciando el intercambio de experiencias entre distintos operadores judiciales”. Sin embargo, no todos los juristas están representados en este debate. Solo abogados de sectores estatales tienen acceso a la convocatoria. Además, un Comité Organizador, es el encargado de seleccionar aquellas ponencias, afines a concepciones políticas del Gobierno.

Laritza Diversent y quien reporta, ambas abogadas, nunca hemos participado en este tipo de eventos. “No he conocido a tiempo la convocatoria. El único objetivo de los organizadores, es maquillar las grietas del sistema judicial cubano”, comentó Diversent.

Entre las materias ausentes en el congreso, están la inadecuada valoración de la prueba por parte de los Tribunales, el trabajo forzado o esclavo en las prisiones de la isla y las ventajas de un poder judicial independiente. Quizá un análisis profundo de estos temas, evite otro encuentro internacional, sin justicia y sin derechos.

 

 

Impunidad ante brutalidad policial contra joven holguinero

Yaremis Flores

El destino de Alberto Lairot Castro cambió el 28 de agosto de 2007, con apenas 28 años. Dos uniformados, Héctor Luis Pérez Osorio y Frank Ochoa Angulo, le aplicaron una técnica no permitida en los programas de defensa personal, del Ministerio del Interior. Le provocaron secuelas irreversibles.

El joven holguinero festejaba ese día en el Estadio de Béisbol “Calixto García”, en Holguín. Había ingerido algunas bebidas alcohólicas, pero no llevaba armas blancas ni atentó contra nadie. Tuvo un incidente con unos policías y fue conducido a la Unidad del municipio por un presunto delito de Resistencia.

En la estación, los policías llevaron a Lairot Castro al área de los calabozos. Alberto se negó a entrar en la celda. Su corpulencia obligó la acción de varios guardias. El subteniente Frank lo agarró por detrás y lo inmovilizó con la llave conocida por ‘Doble Nelson’. Héctor, el capitán, lo tomó por los pies. Ambos depositaron al detenido en el calabozo.

Llave Doble Nelson aplicada a Alberto
“Sentí que me traqueó el cuello. Al pasar unos minutos comencé a gritar porque no me sentía las piernas” confesó Alberto, quien fue sometido a cirugía de inmediato.
Los términos médicos, no ayudan a comprender la gravedad del asunto. Quizá fuera más compresible si dijera que Alberto tiene una lesión en la médula espinal y no puede mover sus piernas. Tiene músculos atrofiados. El reposo diagnosticado propició la aparición de escaras.

La Fiscalía Militar consideró suficiente la sanción de 2 años de prisión-remitidos de forma condicional- como castigo a los policías, por el delito de Lesiones Graves. En la audiencia, los doctores Jaime Oliveros y Frank Fernández concluyeron que la lesión fue provocada por la ‘Doble Nelson’ aplicada y el posterior traslado al calabozo.

No obstante, esas declaraciones fueron desestimadas. Los jueces del Tribunal Militar de Holguín señalaron en su sentencia “los policías aplicaron la técnica de manera oportuna y profesional”. Agregaron que Lairot Castro se autolesionó al forcejear y evitar entrar a la celda.

Los abogados defensores invocaron la inocencia de los oficiales. Ampararon su alegato en que “el causante de un daño en cumplimiento de su deber no es responsable penalmente”. Ese es el momento en el que cualquier jurista puede avergonzarse de su profesión.

No faltaron los halagos a los acusados. Refiriéndose a Pérez Osorio los magistrados consignaron “cumplió con sus funciones de 2do jefe de la Policía de Holguín, ha sido un militar disciplinado y no es violento” Respecto a Ochoa Angulo, “goza de prestigio y autoridad, destacado en el enfrentamiento al delito”. La opinión de los juzgadores sobre Lairot Castro fue diferente. “Estaba agresivo, presumía en el barrio de su fortaleza física y vestía ropas ceñidas para exhibir su musculatura”.

El tribunal absolvió a los uniformados. Casi cinco años después, Alberto Lairot aún no está curado. Sus facultades se deterioran día a día, ante la mirada dolorosa de su madre, quien lo acompaña en el hospital. Ya quedó atrás su época de joven atlético. Sin embargo, el hecho quedó impune.

Estar on time y el cumplimiento de términos legales

Yaremis Flores.

Mabel, esposa de Raúl Rodríguez Soto, preso en la Prisión de Guanajay, entregó en octubre del año pasado, una solicitud de licencia extrapenal ante el Tribunal Provincial de Artemisa. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

En la cultura anglosajona la puntualidad es una costumbre inevitable. “On time” es una expresión en inglés cuyo significado es “a la hora exacta, a tiempo”. Si un reportero llega tarde a un sitio, pierde la exclusiva. Si un desempleado llega tarde a la entrevista de trabajo, de seguro no será contratado. Si la meta es mantener una amistad, un buen trabajo y lograr oportunidades en la vida, se debe aprender esa máxima.

En nuestro país, estar ‘on time’ es complicado. No obstante, el cubano debe aprender lo honorable y necesario de ser puntual.

Lo preocupante es que el ‘relajamiento’ del horario, no ocurre solamente en la esfera social. Conciertos, actos solemnes, reuniones y otras actividades organizadas por instituciones estatales, nunca comienzan en el horario establecido sino “alrededor de las 10 de la mañana o a eso de las 5 de la tarde” como se suele decir. Solo son exactos a la hora del cierre.

Con los órganos de administración de justicia ocurre otro tanto. Los juicios, casi nunca se celebran a partir de las 9 y 30 de la mañana- horario legal establecido-.Tampoco se da una explicación oficial a los presentes cuando hay demora, según regula la ley de trámites. La notificación de sentencias tarda y los términos procesales se incumplen con frecuencia.

Esas dilaciones son síntoma de poca ética e irrespeto al ciudadano. Sin embargo, los jueces no son flexibles cuando los términos son violados por otros. Pues si un particular, inconforme con una resolución, apela ante los tribunales un día después de vencerse el término- sea por el motivo que fuere- la apelación no es admitida.

 Cuando un abogado de Bufete Colectivo se demora con un expediente, más del tiempo requerido para su análisis, el Tribunal le impone 25 pesos de multa por cada día de retraso. Me pregunto, ¿qué multa pagará el Tribunal por los días que ha tardado en responder a la solicitud de Mabel?

Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.