Derechos Laborales, Mi Isla, Trabajadores cubanos

Ancianos despedidos en Matanzas

Yaremis Flores

Al menos 25 jubilados fueron despedidos por la Jefatura de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), ubicada en la localidad Merceditas, en Matanzas, hace 2 semanas. “El motivo de los despidos, fue la muerte de uno de los ancianos, luego de quedar atrapado en un incendio, en el cañaveral de la cooperativa”, dijo Silvina, hija de uno de los desempleados.

Según la fuente, el obrero fallecido trataba de hacer una contra candela (método empleado para evitar la propagación de las llamas). Pero una manga de viento expandió el fuego hasta rodearle. “Los bomberos nunca llegaron. Cuando lograron apagar el fuego ya el hombre se había carbonizado” afirmó.

Enrique, 60 años, es uno de los afectados con los despidos. Tenía un salario mensual de 700 pesos moneda nacional (25 usd). Conformábamos más del 70 % de la fuerza laboral de la cooperativa”, dijo y aseguró que la respuesta de los directivos, ante el fatal hecho ocurrido fue despedir a los jubilados. “Otras UBPC, como la de Hoyo Colorado en el municipio matancero Martí, también ha iniciado algunos despidos injustificados.

El desvinculado argumentó que “los Jefes temen que ocurra otra muerte o provoquemos pérdidas, por descuido”. Sin embargo, reconoció nunca ha sido corregido por ninguna indisciplina, durante su contratación.

Enrique tiene como sustento mensual 300 pesos moneda nacional, unos 10 dólares aproximadamente, por una pensión que recibe del Estado. Personas de la tercera edad en la isla tienen que subsistir con algún ‘trabajito extra’ porque la chequera (pensión) no cubre sus necesidades.

Los jubilados en Cuba, por lo general, son contratados por la administración, por tiempo determinado. No obstante, la ley laboral no faculta a los dirigentes a terminar la relación laboral sin justificación legal.

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Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.

 

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Derechos Laborales, Mi Isla

Seleccionan personal idóneo

Foto: Custodio estatal. Autor: Orlando Luis Pardo

Comenzaron, en el sector estatal, las reuniones de los dirigentes de las entidades con sus trabajadores, para informar el inicio del proceso de amortización de plantillas, que está previsto concluir en el primer trimestre del próximo año.

Las direcciones de las entidades estatales anuncian a sus trabajadores, la creación de las comisiones asesoras, encargados de la selección del personal idóneo, que se mantendrá en sus puestos. En la semana que culminó, el organismo perteneciente al MTSS, en Arroyo Naranjo, el municipio más pobre de la capital, declaró un exceso de 1300 empleados en el sector de cultura.

Los “Comités de Ingreso”, denominados así en la legislación laboral, esta integrados por trabajadores, designados de la dirección, la organización sindical, el Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, el General Raúl Castro, advirtió en la última sesión de la Asamblea Nacional, que la “observancia del principio de idoneidad demostrada a la hora de decidir quién merece el mejor derecho a ocupar una plaza”, sería estricta.

Según el Código del Trabajo, la administración estatales puede terminar el contrato laboral, entre otras causas, por ineptitud; falta de idoneidad o declaración de disponibilidad. La Resolución No. 8, “Reglamento General Sobre Relaciones Laborales” de mayo de 2005, emitida por Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), regula el tratamiento salarial en estos casos.

Las organizaciones sindicales y las administraciones, de común acuerdo, deciden las técnicas y procedimientos que utilizaran, para determinar la permanencia de los trabajadores en su empleo. Las comisiones recomiendan y el Jefe de la entidad confirmar la pérdida de la “Idoneidad Demostrada”.

Al trabajador declarado no idóneo, la administración de la entidad le propiciar su reubicación y garantiza su salario fijo correspondiente a dos meses, a partir de la fecha en que cesa en sus labores en el trabajo.

Hasta el momento la reubicaciones son en la agricultura y la construcción. Sectores en los que la falta de fuerza de trabajo es crónica y en los que la mayoría de los cubanos, se niegan a laboral. Se da por terminada la relación laboral, sin derecho a recibir el pago salarial, cuando el trabajador no acepta la oferta.

Los trabajadores se sienten inseguros. Muchos afirman que el salario estatal, aunque insuficiente, es la única fuente segura de ingresos, para el pago de la cuota de subsidiada de alimentos y el servicio eléctrico.

La mayoría de las familias, algunas con deudas con el banco por más de 10 años, pagan con un porciento de su salario, las cuotas mensualmente de los créditos recibidos por los equipos electrodomésticos de la “Revolución energética”.

Laritza Diversent

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