Tribunal suspende desahucio

 

Digital StillCamera

Laritza Diversent

El pasado 21 de enero, el Tribunal de la Habana suspendió el desalojo de Yamilé Barges Hurtado de su casa frente al hotel Cohíba y de los herederos de la otra permutante, en el Este de la Habana, previsto efectuarse el martes 22.

Según Barges Hurtado, un alguacil del órgano de justicia comunicó la decisión a los representantes de las organizaciones de masa de su vecindario, aproximadamente a las 5 de la tarde. El funcionario dijo que el órgano de justicia suspendió el desahucio por cuestiones de seguridad. “A mí nadie me aviso”, afirma.

Eleazar Yosvany Toledo Rivero, de 34 años, responsable de sacar a Yamilé de su propiedad, vía telefónica también informó la decisión a factores del barrio. Supuestamente el demandante avisó al tribunal desde el 18 de enero la imposibilidad de realizar el desalojo por falta de transporte.

El heredero excluido, solicitó al órgano de Justicia la nulidad de la permuta que realizaran ambas familias hace 10 años y el derecho a ocupar la casa de Yamile frente al Cohíba. El tribunal accedió sin haberle reconocido la propiedad.

No obstante el tribunal no desiste. Llamó a los herederos de Rivero Domínguez y los representantes de las organizaciones de masa del Vedado y del reparto Bahía, para una comparecencia, el próximo 25 de enero. “Tampoco me citaron”, agrega Barges Hurtado, quien asegura, el desalojo está planificado para el 5 de febrero.

Yamile supo de la suspensión por los herederos de la otra permutante y vecinos citados por el órgano de justicia. “Es una guerra psicológica”, asevera. El 15 de noviembre estaba previsto que ocurriera el desalojo y tampoco pasó. “No aguanto más, me tienen psiquiátrica, que pase lo que sea”, agrega.

En cuba no es común que los tribunales desahucien. Los desalojos, llamados “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble. En el caso de Barges Hurtados el órgano administrativo actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos en litigio.

Los herederos de la otra permutante intentan demandar a Eleazar para que demuestre su derecho a la vivienda y paralizar el desahucio. Yamile planea presentarse en el proceso como parte interesada. Necesita dirección letrada y solo los abogados afiliados La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única de su tipo en el país, pueden representarla ante los tribunales u órganos estatales. Ella no confía en ninguno.

Según Yamile para defenderse contrato los servicios de 3 abogados. La primera, la Lic. Clara Elena Díaz Olivera se le vendió con la contraparte, la Lic. Alba Rosa Perna Recio. Los otros al saber quién representaba al heredero excluido, dieron por perdido el caso.

Barges Hurtado afirma en el caso hay corrupción porque entre la jueza Dania Pardo García, ex presidenta de la sala juzgadora, hay relaciones de amistad. “En la última comparecencia, salieron a almorzar juntas”, comenta.

Anuncios

Vicefiscal General de Cuba cuestionó la condena del reo Michel Martínez Pérez

07 SEPT 2012

Yaremis Flores.

Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, pidió  al Tribunal Supremo, la revisión de la sanción de 10 años de prisión, impuesta a Michel Martínez Pérez. El recluso común se colocó en huelga de hambre en más de 3 oportunidades por insistir en su inocencia.

“En el proceso penal han existido quebrantamientos e imprecisiones” reconoció Concepción Rangel por escrito, en su solicitud la cual fue admitida por la máxima instancia judicial en la isla.

El Tribunal Provincial de Matanzas, en marzo de 2012 consideró responsable a Martínez Pérez, junto a otros acusados, por sacrificio ilegal de ganado vacuno, hurto y robo con fuerza en las cosas. La única evidencia en su contra fue una huella de olor tomada en una de las escenas del crimen.

Este tipo de prueba solo indica la presencia en el lugar, pero no necesariamente la participación en el hecho delictivo. Su nivel de certeza no se asemeja al de un examen de ADN. Es discutible la forma de recolección de la huella y hay que confiar en la habilidad de la técnica canina, pues un perro es quien determina si el olor coincide con el sospechoso.

En relación a la prueba de olor “constan en las actuaciones irregularidades que ponen en duda la calidad de la misma” señaló el vicefiscal y añadió la existencia de una “lógica contradicción” entre pruebas y actas de inspección del lugar de los hechos.

El vicefiscal señaló que Michel negó su participación en los hechos en todo momento, pero los coacusados lo involucraron al inicio de la investigación. Puso en duda que aunque después en la fase investigativa y durante el acto de juicio oral estos se retractaron, los jueces solo tuvieron en cuenta las declaraciones que lo incriminaban.

La ley procesal penal obliga a los Tribunales a dictar sentencia sobre la base de las pruebas practicadas en el juicio. Sin embargo los jueces cubanos, bajo la facultad de apreciar libremente las pruebas, violan ese mandato con frecuencia.

“Michel desde su detención en agosto de 2011 ha intentado llamar la atención de las autoridades sobre su proceso”, dijo Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia que ha apoyado y seguido el caso de Michel.

Martínez Pérez fue reportado de cuidado por los médicos cuando en junio de 2012 comenzó una huelga que se extendería a casi 50 días. La última inanición voluntaria la realizó a partir del 19 de octubre, luego de conocer los resultados de la sentencia de casación (apelación) del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal que hoy admite revisar la decisión de los magistrados de Matanzas, en su momento oportuno cuando reexaminó el expediente en el 2012, mantuvo la misma sanción para Michel.

Como consecuencia el recluso se negó a comer alimentos por 48 días. Posteriormente estuvo casi dos meses hospitalizado. “Mi hijo ha bajado de peso y deteriorado su salud, todo lo sucedido es una injusticia”, dijo telefónicamente Lázara de Jesús, madre.

En el plazo de 10 días, contados a partir del pasado 28 de enero, Michel deberá contratar abogado para la celebración del nuevo juicio. De acceder a la petición del vicefiscal, se deberá anular la sentencia que cometió la infracción y dictar otra conforme a las garantías del debido proceso.

Según fuente que no será revelada por razones de seguridad, presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno cubano sobre la situación legal de Michel Martínez Pérez.

Lea la Solicitud del Procedimiento de Revisión de Michel Martínez

Seguridad del el Estado inicia proceso penal contra Sonia Garro

Laritza Diversent

Sonia Garro Alfonso miembro de las damas de blanco y de la Fundación afrocubana independiente, fue trasladada hacia la prisión de mujeres de la Habana y será procesada por el órgano de instrucción de la seguridad del el estado, informó este martes a esta reportera su hermana, Yamilé Garro.

Sonia, en una nota, logro enviar los datos del expediente de fase preparatoria, radicado bajo el número 9 del 2012 cuando aun se encontraba detenida en la unidad policial de de séptima y 64 en playa. Sin embargo, tanto ella como la familia desconocen el delito que le imputan.

Sonia resultó detenida el pasado 18 de marzo en medio de un operativo realizado por fuerzas antimotines, en su domicilio ubicado en la Avenida 47 en Marianao, en el que resultó también apresado su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, que fue trasladado para centro penitenciario Combinado del Este, en la capital.

Según informaron vecinos a Yamilé Garro, agentes de la policía política la bajaron de ómnibus del transporte público, obligándola a regresar a su casa. Un acto de provocación que alteró a su esposo Muñoz González. Los militares, con casco y escudo, rompieron la reja e irrumpieron en la vivienda, disparando balas de goma.

Según informa Yamilé, en la redada también detuvieron tres personas más, de los que se desconoce su nombre. Uno se encuentra en prisión junto a Sonia y su esposo. El resto fue liberado.

Garro Alfonso pertenece a organizaciones independientes de la sociedad civil, como Fundación Afrocubana Independiente, a las Damas de Blanco y dirige un Centro Cultural Independiente. La Seguridad del Estado a menudo la amenaza, con iniciar un proceso penal en su contra. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, fue objetos de más de 17 actas de advertencia por alteración del orden público.

Las actas de advertencia pueden motivar la imposición de medidas de seguridad predelictiva y entre 1 y 4 años de privación de libertad, por conducta antisocial, que según el Código Penal, se aprecia en las personas que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, provocadores o perturba el orden de la comunidad.

 

Proceso legal para citar oficialmente a un ciudadano

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación. El proceso debe garantizar, que los ciudadanos, no sean molestados innecesariamente.

Según el artículo 91 de Ley de Procedimiento Penal (LPP) la citación oficial se practica, “a mas tardar, al siguiente día de dictada la resolución…en virtud de la cual se haya de hacer la citación…” Significa que el primer paso de una autoridad que pretenda citar a un ciudadano será dictar una resolución judicial.

De lo expuesto en el artículo 177 de la LPP se desprende que esa resolución judicial ha de adoptar la forma de auto: “cuando sea urgente el examen de un testigo podrá citársele verbalmente, para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula a que se refiere el artículo 86, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia“.

El artículo 43 de este cuerpo legal aclara que los autos se redactan y se firman por el instructor, el fiscal o todos los jueces del tribunal, según el caso, y el secretario actuante. De ahí que el primer requisito que ha de cumplir la citación oficial es la expresión de la autoridad que la dispuso y la firma del secretario.

El cumplimiento de este requisito legal es de fácil comprobación. La Ley procesal en su artículo 35 establece que “Todo escrito que se presente o se reciba (en el tribunal) se anotará en el libro que a dicho efecto se llevara”. Por otra parte, la propia ley exige que “Las actuaciones y diligencias de la fase preparatoria se hace constar por escrito, las que integraran el expediente…” (Art. 108 Ley de Procedimiento Penal).

Conclusión: la resolución que solicita la citación a un ciudadano ha de constar por escrito en el expediente investigativo y en libro que lleva el secretario judicial, a tal efecto.

Laritza Diversent

Leyes cubanas favorecen la arbitrariedad estatal

Son muchos los que afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cedula expedida por el secretario”, un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho delictivo en investigación. Sin embargo, agentes de la Seguridad del Estado, la utilizan para “entrevistarse” o “definir la situación” de periodistas independientes, activistas de derechos humanos, bloggeros y opositores políticos. En la generalidad de los casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Laritza Diversent