La casa frente al Cohíba

Yamile Barges Hurtado

LA HABANA, Cuba, diciembre,  www.cubanet.org.-El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana tenía previsto desalojar a Yamilé Barges Hurtado de su vivienda, ubicada frente al Hotel Cohíba, después de anular una permuta que realizó hace 9 años.

Ese día también debía desahuciar a los herederos de Teresa Luisa Rivero Domínguez, la otra permutante en el reparto Bahía, barrio periférico al Este de la Habana, lugar de origen de Yamilé. Según fuentes anónimas, el desalojo no se produjo por falta de transporte.

Hasta la fecha, el TPP de La Habana no ha variado su decisión, acción que le corresponde ejecutar a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Plaza. En el sistema legal cubano no existe la acción de desahucio. Los desalojos, llamados eufemísticamente “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble.

Yamile Barges Hurtado, el pasado 27 de noviembre recibió una citación del Tribunal para presentarse el 6 de diciembre en una comparecencia. Los herederos de Rivero Domínguez también fueron citados.

En la práctica judicial luego de dictarse la ejecución de una sentencia, no es usual citar a las partes nuevamente. No obstante, ese día los jueces advirtieron que en enero serían citados otra vez para analizar el asunto y efectuarán el desalojo, aunque Yamilé no es ocupante ilegal.

La DMV de Plaza debe actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos del litigio. La actuación del tribunal se limita a comunicar su decisión a los funcionarios de Vivienda.

El estado psíquico de Yamilé se deteriora con cada amenaza de extracción. Rompió puertas, ventanas y el piso que con tanto esfuerzo logró construir. “No voy a dejarle mi casa a nadie con las comodidades que creé para mi familia”, afirmó.

Alega que no puede vivir más en esa incertidumbre. “Quiero que mi problema se resuelva ya”, añadió. Su hija dejó de asistir a la universidad para no dejarla sola en ningún momento. Son evidentes su estado depresivo y el efecto de los medicamentos.

Sin justicia y sin derechos

Yaremis Flores

La capital habanera acogerá las sesiones del Sexto Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el Palacio de las Convenciones, del 23 al 25 de mayo próximos. Se darán cita más de 500 delegados, de ellos 300 son juristas foráneos, provenientes de 14 naciones.

Entre las temáticas priorizadas a debatir, se encuentran el acceso a la justicia en la isla, el trabajo reeducativo en prisiones cubanas y el debido proceso penal, según la nota publicada en el sitio web www.gpalco.com. Al igual que en ediciones anteriores, habrá una intervención oficial sobre el caso de los 5 cubanos condenados en los Estados Unidos, por espiar para el gobierno cubano.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, auspiciador del evento, manifestó en conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, que la cita permitirá a Cuba, mostrar los avances en el plano jurídico, en la tramitación de procesos y la transparencia en la administración de justicia.

El encuentro será una ‘caja de resonancia’ para presentar una contraofensiva a las campañas orquestadas por la gran prensa, que intenta desacreditar a Cuba y silenciar sus logros en la administración de justicia”, añadió el jurista.

Remigio presumió de las conquistas de la Revolución Cubana en la justicia, “propiciando el intercambio de experiencias entre distintos operadores judiciales”. Sin embargo, no todos los juristas están representados en este debate. Solo abogados de sectores estatales tienen acceso a la convocatoria. Además, un Comité Organizador, es el encargado de seleccionar aquellas ponencias, afines a concepciones políticas del Gobierno.

Laritza Diversent y quien reporta, ambas abogadas, nunca hemos participado en este tipo de eventos. “No he conocido a tiempo la convocatoria. El único objetivo de los organizadores, es maquillar las grietas del sistema judicial cubano”, comentó Diversent.

Entre las materias ausentes en el congreso, están la inadecuada valoración de la prueba por parte de los Tribunales, el trabajo forzado o esclavo en las prisiones de la isla y las ventajas de un poder judicial independiente. Quizá un análisis profundo de estos temas, evite otro encuentro internacional, sin justicia y sin derechos.

 

 

Ancianos despedidos en Matanzas

Yaremis Flores

Al menos 25 jubilados fueron despedidos por la Jefatura de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), ubicada en la localidad Merceditas, en Matanzas, hace 2 semanas. “El motivo de los despidos, fue la muerte de uno de los ancianos, luego de quedar atrapado en un incendio, en el cañaveral de la cooperativa”, dijo Silvina, hija de uno de los desempleados.

Según la fuente, el obrero fallecido trataba de hacer una contra candela (método empleado para evitar la propagación de las llamas). Pero una manga de viento expandió el fuego hasta rodearle. “Los bomberos nunca llegaron. Cuando lograron apagar el fuego ya el hombre se había carbonizado” afirmó.

Enrique, 60 años, es uno de los afectados con los despidos. Tenía un salario mensual de 700 pesos moneda nacional (25 usd). Conformábamos más del 70 % de la fuerza laboral de la cooperativa”, dijo y aseguró que la respuesta de los directivos, ante el fatal hecho ocurrido fue despedir a los jubilados. “Otras UBPC, como la de Hoyo Colorado en el municipio matancero Martí, también ha iniciado algunos despidos injustificados.

El desvinculado argumentó que “los Jefes temen que ocurra otra muerte o provoquemos pérdidas, por descuido”. Sin embargo, reconoció nunca ha sido corregido por ninguna indisciplina, durante su contratación.

Enrique tiene como sustento mensual 300 pesos moneda nacional, unos 10 dólares aproximadamente, por una pensión que recibe del Estado. Personas de la tercera edad en la isla tienen que subsistir con algún ‘trabajito extra’ porque la chequera (pensión) no cubre sus necesidades.

Los jubilados en Cuba, por lo general, son contratados por la administración, por tiempo determinado. No obstante, la ley laboral no faculta a los dirigentes a terminar la relación laboral sin justificación legal.