Manual_Derechos y Deberes

La mayoría de los ciudadanos cubanos desconocen el sistema jurídico imperante en la Isla y los procesos que deben realizar para ejercer una determinada acción legal, sea en materia civil, penal, administrativa, de familia, etc., principalmente aquellos que se relacionan con sus derechos civiles y políticos. Frecuentemente son víctimas de la aplicación arbitraria y selectiva de la ley.

Al respecto el Centro de Información Legal “Cubalex” pretende aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba, así como la capacidad de autodefensa de los disidentes, activistas de derechos humanos y ciudadanos que aparentemente no tienen motivaciones políticas, residentes dentro o fuera del territorio nacional.

Cubalex ofrece a sus clientes información detallada sobre el ordenamiento legal cubano, las normas jurídicas que se aplican a su caso y los procedimientos en cuestión a seguir ante las instituciones gubernamentales, regionales o internacionales.

El Manual_Derechos y Deberes_vista computadora, ofrece información sobre la forma en los cubanos pueden defender sus derechos ante los ciudadanos ante una detención, citación oficial y registro en sus viviendas.

Madre asesina a sus hijos

Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana

Laritza Diversent

Enfermera de 23 años asesinó en la tarde del pasado 3 de enero  a sus dos hijos menores, en Mantilla, en el capitalino de municipio de Arroyo Naranjo. Todo comenzó cuando la joven madre, con manos ensangrentadas y marcas en el cuello, llamó a la policía desde la farmacia cercana, comentó a esta reportera Juan, un espectador que observaba las maniobras de los criminalistas.

“Ella dijo que era la segunda vez que llamaba y no le hacían caso”, comentó Juan.   “dicen que dijo por teléfono que había hecho algo muy malo”, agregó. “Minutos después apareció una patrullero y confirmó el parricidio”, finalizó.

La joven trabajaba en el policlínico de Mantilla, un barrio periférico con alto índice de violencia.  Era poco conocida en el vecindario. Desde hacía dos meses ocupaba ilegalmente consultorio médico, como vivienda. Una fuente que prefirió no revelar su nombre, asegura la parricida tuvo un intento de suicidio cuando estudiaron juntas en la secundaria básica y aunque no recordó su nombre.

El hecho conmocionó a la comunidad, no obstante, las autoridades policiacas no acostumbran a dar explicaciones sobre los crímenes cometidos en la ciudad  ni la prensa local toca estos temas. Se especula en el vecindario y barrios aledaños, los motivos y la forma en que sucedieron los hechos. Algunos aseguran que ultimó a sus hijos a puñaladas, porque su pareja la abandonó. Después intentó fallidamente quitarse la vida.

En las calles se comenta que la joven padecía de esquizofrenia y actualmente está internada en Mazorra, el hospital psiquiátrico de la Habana. Otros aseguran ya había amenazado con quitarle la vida a los niños.  La edad de los menores tampoco se conoce. Según los comentarios era una hembra y un varón entre dos y seis años. El funeral de los infantes se efectuó en Mauline el 4 de enero.

Impunidad ante brutalidad policial contra joven holguinero

Yaremis Flores

El destino de Alberto Lairot Castro cambió el 28 de agosto de 2007, con apenas 28 años. Dos uniformados, Héctor Luis Pérez Osorio y Frank Ochoa Angulo, le aplicaron una técnica no permitida en los programas de defensa personal, del Ministerio del Interior. Le provocaron secuelas irreversibles.

El joven holguinero festejaba ese día en el Estadio de Béisbol “Calixto García”, en Holguín. Había ingerido algunas bebidas alcohólicas, pero no llevaba armas blancas ni atentó contra nadie. Tuvo un incidente con unos policías y fue conducido a la Unidad del municipio por un presunto delito de Resistencia.

En la estación, los policías llevaron a Lairot Castro al área de los calabozos. Alberto se negó a entrar en la celda. Su corpulencia obligó la acción de varios guardias. El subteniente Frank lo agarró por detrás y lo inmovilizó con la llave conocida por ‘Doble Nelson’. Héctor, el capitán, lo tomó por los pies. Ambos depositaron al detenido en el calabozo.

Llave Doble Nelson aplicada a Alberto
“Sentí que me traqueó el cuello. Al pasar unos minutos comencé a gritar porque no me sentía las piernas” confesó Alberto, quien fue sometido a cirugía de inmediato.
Los términos médicos, no ayudan a comprender la gravedad del asunto. Quizá fuera más compresible si dijera que Alberto tiene una lesión en la médula espinal y no puede mover sus piernas. Tiene músculos atrofiados. El reposo diagnosticado propició la aparición de escaras.

La Fiscalía Militar consideró suficiente la sanción de 2 años de prisión-remitidos de forma condicional- como castigo a los policías, por el delito de Lesiones Graves. En la audiencia, los doctores Jaime Oliveros y Frank Fernández concluyeron que la lesión fue provocada por la ‘Doble Nelson’ aplicada y el posterior traslado al calabozo.

No obstante, esas declaraciones fueron desestimadas. Los jueces del Tribunal Militar de Holguín señalaron en su sentencia “los policías aplicaron la técnica de manera oportuna y profesional”. Agregaron que Lairot Castro se autolesionó al forcejear y evitar entrar a la celda.

Los abogados defensores invocaron la inocencia de los oficiales. Ampararon su alegato en que “el causante de un daño en cumplimiento de su deber no es responsable penalmente”. Ese es el momento en el que cualquier jurista puede avergonzarse de su profesión.

No faltaron los halagos a los acusados. Refiriéndose a Pérez Osorio los magistrados consignaron “cumplió con sus funciones de 2do jefe de la Policía de Holguín, ha sido un militar disciplinado y no es violento” Respecto a Ochoa Angulo, “goza de prestigio y autoridad, destacado en el enfrentamiento al delito”. La opinión de los juzgadores sobre Lairot Castro fue diferente. “Estaba agresivo, presumía en el barrio de su fortaleza física y vestía ropas ceñidas para exhibir su musculatura”.

El tribunal absolvió a los uniformados. Casi cinco años después, Alberto Lairot aún no está curado. Sus facultades se deterioran día a día, ante la mirada dolorosa de su madre, quien lo acompaña en el hospital. Ya quedó atrás su época de joven atlético. Sin embargo, el hecho quedó impune.

Miembros de los cuerpos represivos actúan por cuenta propia

Un Estado de Derecho, se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también, el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales.

Es normal que, un policía o miembros de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores, ante la fiscalía militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal, llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.

También es común, que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. . La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.

La no observancia de los procedimientos penales, se derivan del exceso de poder, que otorga el estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.

Laritza Diversent