No habrá polémica, solo es demagogia

Las reuniones todos los sectores sociales del país para definir como debe ser el modelo económico del futuro, es calificado por Granma como un hecho sin precedentes e improbable en el mundo contemporáneo.

El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba esta entregado en cuerpo y alma a hacernos sentir que vivimos en otro planeta y galaxia. A veces me cuesta trabajo entender la forma de expresión de los socialistas cubanos. ¿Es ironía o simple burla? no me cabe en la cabeza llamarlo ingenuidad.

¿A quién se le ocurre mencionar la palabra definir para caracterizar el supuesto debate de los lineamientos económicos del socialismo cubano para los próximos 5 años? Hay que ser muy demagogo para afirmar que se analizan las políticas propuestas por los dirigentes políticos.

Sería muy iluso y exagerado afirmar, que el 15 % de los lineamientos serán redefinidos tras los debates con la población, en un sistema donde prima la planificación y control estatal, donde el único actor económicos favorecido es el Estado y sus empresas socialistas.

Asumamos los lineamientos en su formulación actual con vocación autentica y radicalmente revolucionaria como aconseja Granma en sus trabajos propagandísticos del VI congreso del PCC. Tomemos dos puntos de los lineamientos: No se permitirá la concentración de propiedades en personas naturales y jurídicas del sector no estatal y se aplicará mayores gravámenes a los ingresos más altos

Pensemos en el problema: la isla necesita la recuperación económica y los cubanos quieren cambios, por ejemplo libre empresa y supresión de la doble moneda. La lógica dice que si en el sector estatal sobra más de un millón de trabajadores, que en las nuevas circunstancias deben vivir por cuenta propia, la administración debe dar ventaja y facilidades a los nuevos actores que tiene la responsabilidad de generar empleos e ingresos de los que dependerán numerosas familias.

Los lineamientos desconocen esos aspectos. Al contrario, contiene trabas que impiden el desarrollo económico y el progreso social de los propios cubanos. Si preguntan por los resultados, de cara al debate público, veo infinidad de procesos judiciales por evasión fiscal, a la corrupción engordando sus tentáculos y a la administración confiscando por enriquecimiento ilícito.

Ninguno de estos temas estarán en la agenda de los dirigentes comunistas el próximo abril, fecha en que planea celebrarse el VI congreso del Partido. Las políticas están definidas según los intereses de los que hoy dirigen y controlan el país. Incluso la mayoría fueron recientemente adoptadas normas legales por el Consejo de Estado.

En fin, lo vivido hoy por la sociedad cubana se parece a una vulgar obra de teatro, donde la mayoría contempla la obra, como simples espectadores. Si, es improbable que en otra parte del mundo, el destino de más de once millones de personas, dependa de la voluntad de unos pocos. Sin dudas, no habrá polémica, solo demagogia.

Reajuste económico en detrimento de los derechos

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent

Se esperan cambios en política estatal

 

Luego de dos meses, la incertidumbre llena el escenario cubano. Todavía el gobierno no concreta los principios que regirán el trabajo por cuenta propia. Mientras, la cifra de desempleados y las expectativas de la población, aumentan.

Una de las inquietudes planteadas es si el gobierno otorgará a los cuentapropistas derechos para explotar concesiones administrativas, teniendo en cuenta que, este, considera la actividad de los particulares como complemento de la estatal.

Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Sin embargo, varias de las actividades por cuenta propia autorizadas están relacionadas con la explotación de recursos minerales, como el cantero y el productor vendedor de artículos de alfarería.

Otras como el elaborador vendedor de artículos de granito y mármol, se mantiene paralizadas, según informó el diario oficial Granma, por no existir un mercado lícito para adquirir las mercancías.

El Ministerio de la Industria Básica, está autorizado para otorgar o denegar las concesiones mineras para pequeños yacimientos de determinados minerales, reconocidos por la Constitución de la República como bienes de “propiedad estatal socialista de todo el pueblo”.

Hace dos años, la ciudadana Amada Pupo Cisneros presentó, a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una solicitud de concesión de explotación del mineral de arcilla, en la localidad tunera la Estrella. Su pretensión fue rechazada por la recién destituida Ministra de la Industria Básica, Yadira García Vera.

La ex representante del gobierno negó el derecho por recomendación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, quien valoró que, la petición de Pupo Cisneros, se contraponía a los principios generales del ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Desde 1992 los bienes estatales pueden trasmitirse, parcial o totalmente, en propiedad a personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno solo reconoce este derecho a los inversionistas extranjeros.

Los nacionales como Amada Pupo están excluidos. Su participación en la economía nacional está seriamente limitada por la Constitución de la República, el Decreto-ley 141 de 8 de septiembre de 1993, “Sobre Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, y el resto de la legislación complementaria, que regula este derecho.

En el artículo 21 de Texto Mago del Estado, reconoce la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo, restringe el derecho al prohibir utilizarlos en la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

No obstante ser un derecho constitucional, en la última sesión parlamentaria el Presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y miembro del Buró Político y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), anuncio que su gobierno levantaría algunas restricciones al ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre ellas la contratación de mano de obra

No obstante, el gobierno dejo claro que mantendrá su política en cuanto a determinar, supervisar y controlar las actividades, y quienes pueden realizarlas. También fiscalizara las condiciones de comercialización de los productos y servicios de los cuentapropistas. Las medidas según el diario Granma, órgano oficial del PCC, entrarán en vigor, sin especificar el día, a partir de octubre.

Hasta el momento, el gobierno socialista niega a sus nacionales el derecho a explotar servicios públicos, recursos naturales o la ejecución de obras públicas, cuando la legislación les da esa posibilidad. Habrá que esperar para ver cambian los principios discriminatorios de las políticas estatales y su sistema de exclusión. Es hora que los cubanos intervengan, en condiciones de igualdad, en su propia economía.

Laritza Diversent