Tribunales

Estar on time y el cumplimiento de términos legales

Yaremis Flores.

Mabel, esposa de Raúl Rodríguez Soto, preso en la Prisión de Guanajay, entregó en octubre del año pasado, una solicitud de licencia extrapenal ante el Tribunal Provincial de Artemisa. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

En la cultura anglosajona la puntualidad es una costumbre inevitable. “On time” es una expresión en inglés cuyo significado es “a la hora exacta, a tiempo”. Si un reportero llega tarde a un sitio, pierde la exclusiva. Si un desempleado llega tarde a la entrevista de trabajo, de seguro no será contratado. Si la meta es mantener una amistad, un buen trabajo y lograr oportunidades en la vida, se debe aprender esa máxima.

En nuestro país, estar ‘on time’ es complicado. No obstante, el cubano debe aprender lo honorable y necesario de ser puntual.

Lo preocupante es que el ‘relajamiento’ del horario, no ocurre solamente en la esfera social. Conciertos, actos solemnes, reuniones y otras actividades organizadas por instituciones estatales, nunca comienzan en el horario establecido sino “alrededor de las 10 de la mañana o a eso de las 5 de la tarde” como se suele decir. Solo son exactos a la hora del cierre.

Con los órganos de administración de justicia ocurre otro tanto. Los juicios, casi nunca se celebran a partir de las 9 y 30 de la mañana- horario legal establecido-.Tampoco se da una explicación oficial a los presentes cuando hay demora, según regula la ley de trámites. La notificación de sentencias tarda y los términos procesales se incumplen con frecuencia.

Esas dilaciones son síntoma de poca ética e irrespeto al ciudadano. Sin embargo, los jueces no son flexibles cuando los términos son violados por otros. Pues si un particular, inconforme con una resolución, apela ante los tribunales un día después de vencerse el término- sea por el motivo que fuere- la apelación no es admitida.

 Cuando un abogado de Bufete Colectivo se demora con un expediente, más del tiempo requerido para su análisis, el Tribunal le impone 25 pesos de multa por cada día de retraso. Me pregunto, ¿qué multa pagará el Tribunal por los días que ha tardado en responder a la solicitud de Mabel?

Estándar
Abuso de poder, Garantías judiciales, Historias de cubanos, Justicia, Mi Isla, Sistema de Justicia, Sistema penitenciario en cuba

Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.

 

Estándar
Abuso de poder, Abuso policial, Disidencia

Seguridad del el Estado inicia proceso penal contra Sonia Garro

Laritza Diversent

Sonia Garro Alfonso miembro de las damas de blanco y de la Fundación afrocubana independiente, fue trasladada hacia la prisión de mujeres de la Habana y será procesada por el órgano de instrucción de la seguridad del el estado, informó este martes a esta reportera su hermana, Yamilé Garro.

Sonia, en una nota, logro enviar los datos del expediente de fase preparatoria, radicado bajo el número 9 del 2012 cuando aun se encontraba detenida en la unidad policial de de séptima y 64 en playa. Sin embargo, tanto ella como la familia desconocen el delito que le imputan.

Sonia resultó detenida el pasado 18 de marzo en medio de un operativo realizado por fuerzas antimotines, en su domicilio ubicado en la Avenida 47 en Marianao, en el que resultó también apresado su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, que fue trasladado para centro penitenciario Combinado del Este, en la capital.

Según informaron vecinos a Yamilé Garro, agentes de la policía política la bajaron de ómnibus del transporte público, obligándola a regresar a su casa. Un acto de provocación que alteró a su esposo Muñoz González. Los militares, con casco y escudo, rompieron la reja e irrumpieron en la vivienda, disparando balas de goma.

Según informa Yamilé, en la redada también detuvieron tres personas más, de los que se desconoce su nombre. Uno se encuentra en prisión junto a Sonia y su esposo. El resto fue liberado.

Garro Alfonso pertenece a organizaciones independientes de la sociedad civil, como Fundación Afrocubana Independiente, a las Damas de Blanco y dirige un Centro Cultural Independiente. La Seguridad del Estado a menudo la amenaza, con iniciar un proceso penal en su contra. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, fue objetos de más de 17 actas de advertencia por alteración del orden público.

Las actas de advertencia pueden motivar la imposición de medidas de seguridad predelictiva y entre 1 y 4 años de privación de libertad, por conducta antisocial, que según el Código Penal, se aprecia en las personas que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, provocadores o perturba el orden de la comunidad.

 

Estándar
Citación Oficial, Garantías judiciales, Mi Isla

Miembros de los cuerpos represivos actúan por cuenta propia

Un Estado de Derecho, se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también, el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales.

Es normal que, un policía o miembros de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores, ante la fiscalía militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal, llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.

También es común, que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. . La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.

La no observancia de los procedimientos penales, se derivan del exceso de poder, que otorga el estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.

Laritza Diversent

Estándar
Citación Oficial, Garantías judiciales

Proceso legal para citar oficialmente a un ciudadano

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación. El proceso debe garantizar, que los ciudadanos, no sean molestados innecesariamente.

Según el artículo 91 de Ley de Procedimiento Penal (LPP) la citación oficial se practica, “a mas tardar, al siguiente día de dictada la resolución…en virtud de la cual se haya de hacer la citación…” Significa que el primer paso de una autoridad que pretenda citar a un ciudadano será dictar una resolución judicial.

De lo expuesto en el artículo 177 de la LPP se desprende que esa resolución judicial ha de adoptar la forma de auto: “cuando sea urgente el examen de un testigo podrá citársele verbalmente, para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula a que se refiere el artículo 86, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia“.

El artículo 43 de este cuerpo legal aclara que los autos se redactan y se firman por el instructor, el fiscal o todos los jueces del tribunal, según el caso, y el secretario actuante. De ahí que el primer requisito que ha de cumplir la citación oficial es la expresión de la autoridad que la dispuso y la firma del secretario.

El cumplimiento de este requisito legal es de fácil comprobación. La Ley procesal en su artículo 35 establece que “Todo escrito que se presente o se reciba (en el tribunal) se anotará en el libro que a dicho efecto se llevara”. Por otra parte, la propia ley exige que “Las actuaciones y diligencias de la fase preparatoria se hace constar por escrito, las que integraran el expediente…” (Art. 108 Ley de Procedimiento Penal).

Conclusión: la resolución que solicita la citación a un ciudadano ha de constar por escrito en el expediente investigativo y en libro que lleva el secretario judicial, a tal efecto.

Laritza Diversent

Estándar
Citación Oficial, Garantías judiciales

Leyes cubanas favorecen la arbitrariedad estatal

Son muchos los que afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cedula expedida por el secretario”, un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho delictivo en investigación. Sin embargo, agentes de la Seguridad del Estado, la utilizan para “entrevistarse” o “definir la situación” de periodistas independientes, activistas de derechos humanos, bloggeros y opositores políticos. En la generalidad de los casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Laritza Diversent

Estándar